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LA SALUD EN SUS MANOS ¿De quién?

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Bogotá, 8 de octubre de 2014.

GUSTAVO SUAREZ GUZMAN, Primer Vicepresidente CUT

Si la salud es un derecho fundamental no puede dejar de prestarse, ni paralizarse el  servicio, generando riesgos y perjuicios a los usuarios. Situación  que es normal a partir de la  expedición de la Ley 100 de 1993, en razón a que esta Ley convierte a la salud en una mercancía, cuyo resultado esencial es la privatización   de un servicio público.

Paradójico resulta escuchar algunos sabios que pregonaban en su momento que esta sería la gran revolución en materia de salud que se ha dado en Colombia y que apropósito de cumplirse los  20 años de vigencia de la tan promocionada y agitada Ley, los actores y protagonistas de esta no han podido celebrar  y conmemorar con bombos y platillos su efemérides y las bondades que tanto difundían como la transformación del sigo XX y que para desgracia de los colombianos estos vuelven al Congreso de la República, sopretexto de adelantar reformas profundas a la salud, en pro de mejorar la calidad del servicio como quiera que estas solo son paleativos y paños de agua tibia, ya que en el fondo la regulación del sistema de salud sigue siendo el mismo.

Esta  nefasta y arrasadora Ley fue diseñada a largo plazo con unos objetivos y propósitos mercantilistas, que a pesar de los resultados tan desastrosos producto  de la aplicación de esta política inhumana y equivocada en salud, ni el ejecutivo ni el legislativo han tenido la voluntad política de hacer unos cambios estructurales en la  Ley. Por ejemplo modificar el sistema de financiación, haciendo los aforos directamente a los hospitales y abolir la intermediación de las EPS;  asumir una posición seria y consecuente con el pueblo colombiano en defender un derecho fundamental del ciudadano como es la salud y por ende el derecho a la vida.

Por tanto debe pensarse en una iniciativa popular de exigencia y comprometimiento al gobierno nacional y al congreso de la república a presentar un proyecto que conlleve a la consolidación de una verdadera Ley estatutaria, donde señale y defina al estado como el ente rector y directo responsable de prestar y garantizar el servicio de salud a la población en su conjunto; desde el ámbito de una real inversión social por lo que considero válido y necesario por el espíritu privatizador que tiene esta Ley 100 y su incidencia en las políticas gubernamentales en salud, que se haga un balance detallado y aterrizado hasta hoy, de las implicaciones de esta monstruosa y tortuosa Ley  que ha generado el cierre de  hospitales producto de la aberrante corrupción que articulado con las mal llamadas cooperativas de trabajo asociado, consideradas también UTL de los políticos en los departamentos, pagando así favores electoreros, que a la postre se convirtieron en nóminas paralelas de los hospitales y por consiguiente otros intervenidos como es el caso del Hospital Federico Lleras Acosta en el Tolima, que por su importancia y nivel de complejidad dentro de la red pública se constituye en el bastión de urgencia manifiesta para esta región y a su vez en patrimonio de los tolimenses. Gracias a los mecanismos de participación que dieron paso a las veedurías ciudadanas, estas se posicionan como entes orgánicos en defensa de los usuarios en los respectivos centros asistenciales. Creo con esto pensar y sin ser ave de mal agüero, que la  suerte que estamos corriendo los tolimenses con la intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y que no vaya a ocurrir como en otras regiones al igual donde persiste e impera la politiquería, terminen estos centros hospitalarios declarados económicamente inviables y por ende decretando su liquidación para luego entregarlos a un privado.

Pero lo simpático después de este episodio en que terminó el hospital más importante del departamento del Tolima es que ya comienzan aparecer dolientes y salvadores, supuestamente para sacarlo de la crisis  en la que estuvo sumergido por más de 15 años y de la cual hicieron parte estos magos. Ojalá que no vaya a durar mucho la intervención pues este va hacer el programa bandera no de los nuevos, si no de los mismos y eternos aspirantes tanto a la Alcaldía y Gobernación, como a Asamblea y Concejo.

De esto surgen tantas preocupaciones e interrogantes de miles de usuarios que se convirtieron en víctimas producto de la barbarie, negligencia y arbitrariedad en la prestación del servicio, reflejados   en el ya conocido y reiterado paseo de la muerte, procedimientos indebidos, desidia y la no oportuna atención a pacientes que  por razones de las  deudas de las eps, sisben etc, hacen parte de las tantas estrategias dilatorias, para poder acceder a una cita médica llámese general o especializada y peor tratándose de una hospitalización o intervención quirúrgica. Fallas estas que van contra la ética médica y contra la dignidad humana tipificándose estas anomalías como víctimas lo que a nuestro juicio debe ser tratado dentro de ese marco de reparación como víctima de un estado indolente que no se ocupa de proteger a los ciudadanos en un derecho fundamental, pues aún se sigue vulnerando este derecho a la salud al que tiene todo ser humano, pues la tutela a la que acuden miles de usuarios en  la mayoría de las veces,  se hace caso omiso de su aplicación, teniendo que acudir al incidente de desacato y mientras se finiquita este  proceso al paciente le pueden ocurrir cosas catastróficas incluido la muerte.

La Ley 100 debe acabarse y en su reemplazo expedir una norma que respete la salud como un derecho fundamental; que elimine la intermediación  de las EPS,  que se unifiquen los mismos servicios de salud para todos los usuarios y no haya discriminación; que se presten de manera oportuna y de manera integral; que se controlen efectivamente los medicamentos y los elementos de alta tecnología y biotecnología que nos imponen las multinacionales norteamericanas; que se gire directamente a la red pública y a las entidades que prestan efectivamente el servicio de salud, que se establezca auditoría y veeduría sobre los recursos dando participación a los actores que prestan el servicio y a las veedurías ciudadanas. La red pública de salud debe reconocerse como la base de todo el sistema de salud porque sobre estos a recaído, recae y seguirá recayendo la responsabilidad de la prestación del servicio de salud. Así mismo debe eliminarse los contratos a término fijo y de tercería y asumir las plantas de personal en los entes territoriales.

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