En el marco del conflicto desde el año 2011 fueron violentados estos derechos. Con hechos concretos como que Pacific Rubiales dio la orden de que los directivos de la USO no pudiesen movilizarse en las zonas cercanas a los campos de explotación, por lo cual, el Ejército y la Policía impidieron el tránsito de la organización sindical por una vía pública.
Y aún más grave, se obligó a los trabajadores a renunciar a la USO como condición para poder acceder al contrato de trabajo. Después de tener 4.000 afiliados, hoy escasamente la USO llega a 100 en esta zona. La gran mayoría de los actuales empleados tuvieron que presentar la carta de desafiliación para acceder a su trabajo.
“Buscamos que se haga justicia en el marco de la Ley 200, que contempla los derechos que violentan los derechos de libertad y asociación sean llevados ante los tribunales. Eso es lo que hoy pretendemos al elevar la denuncia ante la Fiscalía”, indicó Rodolfo Vecino Acevedo, Presidente de la USO. Todas las pruebas van a ser sustentadas tras la denuncia penal.
Vecino Acevedo agregó: “Hace parte de una decisión que tomó el sindicato frente a la vulneración de sus derechos y a una campaña de denuncia y protección al derecho de libertad sindical y asociación. En nuestro país el Estado ha sido permisivo con los patronos, es muy pobre la intervención del Ministerio del Trabajo y del Gobierno cuando dice defender este derecho ante la comunidad nacional e internacional”.
