¡La violencia antisindical de Colombia persiste! Radiografía de la crisis humanitaria del sindicalismo

Domingo Tovar Arrieta, Director Dpto. Derechos Humanos, Solidaridad y Paz

CUT Nacional

A pesar de los constantes esfuerzos del Estado colombiano para responder a las múltiples denuncias del sindicalismo colombiano e internacional, frente a la violencia y las prácticas a las que se ha recurrido por parte de los actores, de los logros ampliamente publicitados por parte del gobierno, y del esfuerzo oficial y mediático por nombrar la violencia y persecución antisindical como un hecho del pasado, es innegable la persistencia de múltiples formas de represión del sindicalismo que tiene dos de sus expresiones más graves en la violencia antisindical y en la criminalización de la protesta.

Estas dos graves formas de persecución han configurado ya una situación de crisis humanitaria antecedida por una historia de violencia de la que se registran desde 1977, 13713 violaciones a la vida, libertad e integridad de las y los sindicalistas en Colombia, de los cuáles 3062 son asesinatos, 233 desapariciones forzadas, 342 atentados, 6572 amenazas, 1890 hechos de desplazamiento forzado, 725 detenciones arbitrarias, entre otros.

Para 2013, registramos el asesinato de 36 sindicalistas y en 2014 ya se registran 18 casos. Estas cifras, son indicativas de una grave situación de amenaza a la actividad sindical, máxime si se tiene en cuenta que la violencia que ha sufrido el sindicalismo ha tenido efectos aleccionadores, y cada vez más, las amenazas, desplazamientos forzados y otras formas de violencia tienen efectos nefastos en los sindicatos y sobre la acción de defensa de derechos y de movilización del sindicalismo, coartando así los derechos de asociación, negociación y huelga, la libertad de expresión y de protesta.

Para 2013 se registraron 451 hechos de violencia antisindical y en lo que va corrido de 2014, se han registrados por lo menos 300 casos con infortunados efectos sobre la vida de las personas, sus derechos, sus organizaciones y la democracia misma.

A lo anterior se suman los graves casos de represión de la protesta social. Cada vez más se hacen evidentes los patrones de violencia y persecución al sindicalismo en medio de movilizaciones. Es grave el caso del ejercicio de la actividad sindical y la protesta social, en contextos en los que los trabajadores que intentan unirse a sindicatos están en listas negras, son intimidados, interrogados por los empleadores o sufren acciones disciplinarias o despidos injustos. Ya es sistemático el ataque a manifestantes con intenciones de causar daños irreparables, como son los numerosos casos de mutilación de dirigentes sindicales que ha sufrido la pérdida de uno de sus ojos. En este proceso de represión de la protesta social ha sido crítico el actuar de Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD -, adscrito a la Policía Nacional. Han sido ampliamente documentados los casos de abusos y acciones violatorias de los Derechos Humanos en todo el territorio nacional.

En esta crisis de represión de la protesta social ha jugado un papel perverso el Congreso de la República y el Ministerio de Defensa que han favorecido la estigmatización de la protesta y en particular el congreso, que ha aprobado normas restrictivas de las libertades para movilizarse, que contrario a lo que debería ocurrir en una democracia, exigen a los protestantes pedir permiso para protestar y someterse a las acciones abusivas del ESMAD.

A esta crisis humanitaria el Estado no ha respondido de manera idónea, son notables las falencias de la Unidad Nacional de Protección, que en primer lugar tiene falencias en la manera como atiende el problema, pues reacciona de manera tardía y/o errónea, evalúa el riesgo bajo supuestos insuficientes y prejuiciosos y explica las insuficientes medidas que otorga excusándose en el poco presupuesto en medio de graves escándalos de corrupción y desfalcos a esta entidad.

Por otro lado, la complicidad y deficiente respuesta del Estado en materia de investigación y judicialización de la violencia antisindical, es abrumadora. A marzo de 2014 sólo se conoce de 598 sentencias: Frente a delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos tenemos que la impunidad en casos de sindicalistas es altísima, promediando el 96,7%.[1], por su parte, respecto del delito de homicidio existe un porcentaje de impunidad del 86,8%, siendo la violación sancionada con mayor frecuencia. Pero estas cifras son más abrumadoras si se tiene en cuenta que sólo existen 1545 casos en investigación, de los cuáles sólo en 808 se ha probado la calidad de sindicalistas.

Además, respecto de la calidad de las sentencias, es deficiente la capacidad del Estado para, efectivamente, cumplir con los estándares internacionales de superación de la impunidad, es decir, no hay avances en la identificación de determinadores y beneficiarios de los crímenes, se ha revictimizado por medio de la aceptación de ideas justificatorias de los crímenes y que atentan contra la dignidad de las víctimas, por ejemplo, en los casos en que no se cuestionan los señalamientos que vinculan a las víctimas con grupos insurgentes.

Todo lo anterior requiere medidas de choque que garanticen las posibilidades de ejercer la actividad sindical en Colombia, exigimos de inmediato:

Pronunciamientos contundentes del Estado en la defensa de la actividad sindical y en reconocimiento de sus responsabilidades por acción u omisión.

Medidas de protección oportunas y eficaces, sin dilaciones ni excusas.

Reestructuración de la Unidad Nacional de Protección que parta de remover las percepciones prejuiciosas del sindicalismo por parte de sus funcionarios y en particular de su actual director, Andrés Villamizar.

Informes detallados por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre los avances y planes de trabajo para responder a los altos índices de impunidad.