Ley de convergencia: eliminación de la televisión pública y monopolización del sector

Ley de convergencia: eliminación de la televisión pública y monopolización del sector

UNIDAD NACIONAL DE ARTISTAS

Bogotá, Junio 3, 2018

Dentro de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo-OCDE-, selecto club de los “ricos”, en el cual Colombia acaba de ser aceptada, está la creación de un único regulador convergente para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, de televisión y de radiodifusión. Ante esto, el Presidente Santos envió un mensaje de urgencia para que se debata en el Congreso una la ley a propósito: Proyecto de Ley 174 de 2017, Cámara, y 224 de 2018, Senado.

En él se propone un único regulador que se ocupe de la televisión, las redes y la infraestructura de las telecomunicaciones, acabando de tajo el concepto de las comunicaciones como un servicio de interés social y dejando sin garantía de financiación a los 10 canales de la televisión (8 regionales y 2 nacionales) y los medios audiovisuales públicos.

En el proyecto de ley se liquida la Autoridad Nacional de Televisión-ANTV-, se fusiona el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-FONTIC- con el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos-FONDTV-, y se crea un fondo único convergente, Fondo Universal Único-FUU-, administrado con criterios políticos por el gobierno de turno, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MINTIC-.

Según el Departamento de Planeación, los ingresos del sector TIC para 2015 provenientes de los operadores con servicios convergentes, denominados TELCO, fueron de $25.664 millones. En 2016 el FONTIC recibió $968.000 millones, de los cuales $568.000 millones provienen de contraprestaciones. El mismo año, los ingresos del FONDTV fueron $224.000 millones, de los cuales el 58.4% provienen de la televisión por subscripción. Entre 2013 y 2016, el 87% de las inversiones de FONDTV se destinaron a financiar el operador público (RTVC) y los 8 canales regionales.

Todos estos fondos se verán drásticamente reducidos. El Proyecto de Ley fija la contraprestación periódica que deberán pagar los prestadores del servicio de televisión por suscripción al FUU, la cual no podrá ser superior al 1.96% sobre los ingresos brutos. Esto reduce sustancialmente los aportes al Fondo de parte de los prestadores con título habilitante. Se les bajan más de 3 puntos, lo que reduce en miles de millones de pesos los fondos que recibirá el FUU. Los aportes podrían disminuir en un 60%, cerca de $123.000 millones, solo para el 2019. A ello se suma que el MINTIC “establecerá una senda de decrecimiento de la contraprestación para que la misma alcance los niveles más eficientes de la establecida en los países que conforman la OCDE” (Artículo 8), desfinanciando, aún más en el futuro, y debilitando la televisión pública hasta su extinción.

Están en juego miles de empleos de técnicos, autores, actores, artistas y técnicos que trabajan en el sector. Y están en riesgo la independencia de los medios, el usufructo del espectro, las creaciones nacionales, y la función de los medios como educadores y promotores de la cultura y de los valores de nuestra nación.

Al eliminar la Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC- y ANTV, y con la creación de la Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones-ANRC-, la independencia y la autonomía, así como los contenidos de la televisión pública que sobreviva (si sobrevive) serán puestos bajo la vigilancia y control del MINTIC. Las funciones de control y vigilancia en manos de ANRC, bajo dependencia de MINTIC van incluso más allá de las recomendaciones de la OCDE que es enfática en señalar que:

“La CRC debe ser reformada y adquirir auténtica independencia con respecto al gobierno. No debe permitirse la participación directa del MINTIC u otros departamentos gubernamentales.” ” Así mismo debe mantenerse la financiación del sector, independiente del MINTIC.” ” La CRC y la ANTV deben fusionarse y crear un regulador convergente, INDEPENDIENTE, que se encargue de los mercados de comunicaciones y radiodifusión.”

El control gubernamental se extenderá hasta en la designación de los 5 miembros que harán parte del órgano de dirección de la ANRC, denominado Junta de Expertos Comisionados. Su designación “se hará a través de procesos de selección que adelantará el MINTIC”, escogiendo para cada proceso una universidad pública o privada. Los 5 expertos son: dos economistas, un abogado, un ingeniero, y un último, abogado o ingeniero. No se incluye ningún experto en materias audiovisuales, en producción, o en contenidos, lo cual refleja que no se contempla el papel vital que tienen los medios audiovisuales públicos en la educación y formación de valores e identidad de la sociedad. Quienes lleguen a la nueva Autoridad serán los encargados de adecuar su estructura y reglamento interno, con total libertad.

La ANRC será el órgano “encargado de promover competencia y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones; con el fin de que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad.” … “Para estos efectos, la ANRC adoptará una regulación que incentive la construcción de un mercado competitivo…” La historia mundial ha demostrado que el criterio de libertad competitiva se aplica precisamente para que suceda lo contrario. El libre comercio es, y ha sido, la vía al monopolio. En la medida en que las grandes transnacionales eliminan del mercado a sus competidores, no solo establecen las reglas y los contenidos, sino que determinan precios monopólicos.

Al hablar de convergencia no se habla de neutralidad en la red (solo se menciona neutralidad tecnológica), o de las OTT (Over The TOP), las plataformas de servicios que se brindan a través de internet (Netflix, etc.), pero que no necesitan de elevadas intervenciones de infraestructura o espectro y no están sujetas al marco regulatorio de los operadores. “La llegada de las OTT y los servicios interactivos y online ha generado enormes asimetrías en las responsabilidades normativas y financieras entre los operadores que circulan en diferentes plataformas.” (Sergio Andrés Urquijo y Gabriel E. Levy B.; ¿Quiere el Congreso de Colombia acabar la TV Pública?; ExpoAndina Link2018). Las OTT tienen la mejor tajada del pastel, al no ser reguladas, no pagar impuestos y operar, impunemente, sin controles. Son transnacionales con total libertad para imponer contenidos, fijar tarifas y saltarse todas las reglas que rigen aún en el mundo de las multinacionales.

Los operadores TELCO viven un momento coyuntural y la competencia inequitativa de la OTT las pone en riesgo. Sin embargo, las TELCO, al igual que ellas, las multinacionales de la comunicación, han visto un alivio de sus cargas con el nuevo régimen de contraprestaciones y de televisión por subscripción que estableció la ANTV. No es posible que con estas medidas se pretenda afectar toda la producción pública audiovisual, mientras se fortalece o se deja en libertad a las grandes transnacionales de la comunicación. Estas continuarán enriqueciéndose, imponiendo sus contenidos y monopolizando el conocimiento.

La UNESCO, en su documento de indicadores de calidad de las emisoras públicas, establece pautas para determinar el impacto y la misión de la TV pública. Entre estas se mencionan: la transparencia de la gestión, la diversidad cultural, la independencia y el carácter público del financiamiento. Colombia no cumple las recomendaciones de las cuales es signataria y sobrepasa las recomendaciones de sus llamados socios de la OCDE.

Los grandes avances tecnológicos han permitido la digitalización de los procesos de producción, distribución y consumo de las comunicaciones, lo cual se potencia con la expansión de las redes y permite que sistemas antes incompatibles ahora puedan convivir y se ofrezcan combinados. Todo ello debería redundar en un bien para los individuos y la sociedad, para el enriquecimiento del saber, para la mayor oferta cultural y de contenidos, para el fortalecimiento de la televisión y los medios audiovisuales públicos y el trabajo de los nacionales que se ocupan en estos medios. Sin embargo, este proyecto de ley, al igual que las leyes que han sido aprobadas recientemente para seguir las imposiciones de los Tratados de Libre Comercio y de la OCDE, como la Ley Lleras 6 o la Ley de Economía Naranja (todas relacionadas y parte del mismo paquete), van en la dirección contraria.

Finalmente, como aguinaldo, los permisos para el uso y explotación del espectro, patrimonio y propiedad de la Nación, serán ampliados a 30 años renovables. Mientras desaparece el uso público del mismo, aumentamos su usufructo para unos pocos monopolios que cuentan con el músculo financiero y político para hacer de las suyas. Hay socios a los que le toca la parte del león, y a otros, la del ratón.

¡Convocamos a todos los colombianos a defender los medios públicos de comunicación y cultura que el gobierno pretende privatizar y entregar a la voracidad de las multinacionales del entretenimiento!

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