{image}http://eldia.co/images/stories/200911/03.jpg{/image}Boletín de Prensa
Septiembre 19 de 2011
Que este 30 de septiembre culminará el proceso de cierre de la mencionada ESE ANTONIO NARIÑO y que LOS 200 FUNCIONARIOS cobijados por el reten social seremos enviados a la calle sin el pago de las indemnizaciones, ya aceptadas por el liquidador, y sin el reconocimiento de los derechos convencionales vigentes en el momento en que se ordenó la liquidación.
A partir de la aprobación de la ley 100, en 1.993, contra el Seguro Social se ejecutaron toda clase de maniobras encaminadas a desprestigiarlo, quebrarlo y liquidarlo. El presidente Uribe en el año 2003 ordenó la división del Seguro Social en 7 Empresas Sociales del Estado, ESEs, que debieron entrar a competir con los privados en desigualdad de condiciones al punto que una tras otra fueron cerrando.
La ESE Antonio Nariño, que es la última de ellas, cubre los departamentos Valle, Cauca, Nariño y Putumayo y contaba con con un total de 3.624 trabajadores, de los cuales 200 quedamos, en el reten social. La gran mayoría estamos terminando nuestro ciclo laboral y vamos directo a la calle, sin posibilidades de conseguir trabajo por nuestra edad, con el desempleo desastroso del momento y en las condiciones del sistema de salud actual. El pasado viernes nos enteramos de que no hay recursos para nuestra indemnización de ley, lo que nos obliga a entablar demandas contra el Estado, largas y tediosas, reclamando los derechos convencionales adquiridos.
Nuestra situación no es un hecho aislado. En el sur occidente y en todo el país son miles los profesionales a quienes las EPS les birlan sus honorarios o sus salarios de mil maneras. Estas mismas EPS adeudan el 48% de los 168.579 millones de pesos que tienen al Hospital Universitario del Valle al borde del cierre. Seguramente, en lugar de tomar medidas para que las EPS paguen y no vuelvan a incurrir en mora, el gobierno propondrá una reestructuración de la planta de personal, es decir, más pérdida de puestos de trabajo en el sector con los graves perjuicios que ello acarrea para la salud de los pacientes y los riesgos de pérdida de vidas.
Informamos a toda la comunidad sobre esta situación frente a la cual estamos desarrollando las acciones jurídicas pertinentes. Anunciamos que estamos adelantando un proceso de unidad con otros afectados y organizando movilizaciones en contra de la violación a derechos laborales de los profesionales y trabajadores de la salud, por la defensa de la red hospitalaria y el derecho humano a la salud.
