Para el caso colombiano ninguna de estas razones se puede argumentar y la justificación hasta ahora conocida, es que facilitará las operaciones y transacciones comerciales y bancarias. La propuesta parte de la premisa económica que los efectos de la medida serán neutrales, es decir, que no habrá ni ganadores ni perdedores con la medida, tampoco se mejorará el poder de compra de los colombianos que es uno de los graves problemas que nos afectan.
Por tal razón corresponde hacer un balance de los costos versus beneficios que implica adoptar esta medida.
Costos para el Estado colombiano.
1. Implementar esta medida costará aproximadamente un cuarto de billón de pesos, es decir, $250 mil millones de pesos, que saldrán del erario público, sin posibilidad de retorno, recordemos que en estos momentos el Banco de la República afronta un déficit cercano a los 300 mil millones de pesos.
Hoy cuando no se han superado plenamente los estragos de la pasada ola invernal, nos preguntamos a cuántas familias se podrá ayudar a reconstruir sus viviendas y parcelas en la ciudad y el campo respectivamente?
¿A cuántos hospitales públicos se sacarían de la crisis económica, que hoy afrontan por la intermediación de las EPS?
Con los recursos de este gasto innecesario se podría contribuir a mejorar las finanzas de las universidades públicas del orden nacional y territorial
2. También se requiere modificar el software, en las entidades públicas y privadas, es decir, un revolcón tecnológico que en últimas pagaremos todos los ciudadanos.
Quienes ganan y quienes pierden?
Sin duda se presentarán prácticas especulativas, por parte de quienes manejan mejor el flujo de información, realizando ajustes en los precios hacía las cifras superiores, lo cual podría jalonar la inflación.
Ganarán las grandes empresas que ahorrarán tiempo y dinero, con los nuevos sistemas operativos y también por la disminución en los costos de papelería y en las comunicaciones.
Sin duda perderemos todos los colombianos con la reducción de la capacidad de compra.
Sin duda, son mayores los costos económicos y sociales, que los beneficios. Por tal razón la CUT solicita al Congreso de la República no tramitar dicho proyecto.
Bogotá, 24 de septiembre de 2012
DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente
WITNEY CHAVEZ SANCHEZ
Secretario General
FRANCISCO MALTES TELLO
Director Dpto de Tesorería y Sector Estatal
