“Vamos a presentar las pruebas que hay contra estas dos compañías, fundamentalmente por las violaciones contra derechos humanos, ambientales, laborales y por los impactos negativos sociales y económicos que vienen produciendo a las comunidades donde ellas operan. En este caso vamos a tomar de ejemplo la zona del Sur de Bolívar y Puerto Gaitán”, señaló Francisco Ramírez Cuéllar, Presidente nacional de Funtraenergética y fungirá como fiscal del juicio.
A las empresas de origen sudafricanoy canadiense se les pasó una invitación formal para que hagan valer su derecho a la defensa. Por su lado, la parte acusatoria cuenta con testigos, testimonios, pruebas documentales y exposiciones magistrales para sustentar los cargos. Los jueces, nacionales e internacionales con el alto perfil judicial y académico, tomarán las decisiones sobre si se condena o no a estas compañías.
El juicio tendrá lugar en Bogotá. Se espera que asistan, además de los participantes del proceso, una afluencia masiva de personas, organizaciones sociales, sectores académicos y universitarios.
“Lo que queremos mostrar en este juicio, es como, con el ejemplo de dos compañías, hay un proceso de despojo genocida en nuestro país, sólo para garantizar el desarrollo minero-energético de estas multinacionales, que a través de la corrupción al establecimiento, colombiano que es el que autoriza estos crímenes en el país, y a través de la violencia, despojan a nuestra gente de sus territorios, de su vida y de su posibilidad de desarrollo humano”, agregó el fiscal de este juicio.
