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Recientemente la Agencia de Información de la ENS realizó un recorrido por Cartagena y Barranquilla, en la tarea de indagar por los conflictos laborales más visibles que actualmente hay en ambas ciudades.
En Cartagena:
Despidos, protestas, amenazas a sindicalistas e intransigencia patronal ensombrecen el panorama
Como “difícil y caótica” calificó la CUT Bolívar la situación laboral en Cartagena, la cual se manifiesta en los atropellos que sufren algunos gremios de trabajadores, en la proliferación de la informalidad y precariedad laboral, en el desconocimiento del derecho de asociación sindical y la intransigencia de los empresarios, en las amenazas de que son víctimas varios dirigentes sindicales por parte de las llamadas “Águilas Negras”, entre otras anomalías, que para la dirigencia sindical tienen su origen en el propósito de recostar los efectos de la crisis económica global en los hombros de los trabajadores y sus organizaciones legales.
Por formar sindicato despiden 83 trabajadores
En el kilómetro 8 de la vía a Mamonal está la fábrica de atunes marca Vikingos y Van Camps, empresa en la que laboran unos 1.200 personas, de los cuales 83 fueron despedidas el pasado 9 de agosto por atreverse a afiliarse a la Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Alimenticia, USTRIAL, como una forma de protegerse de las precarias condiciones laborales de esta empresa.
Tal precariedad tiene origen en la forma en que esta atunera, de propiedad de un ciudadano ecuatoriano, contrata su personal: a través de empresas temporales, lo cual viola la ley porque los oficios que realizan son estructurales, no temporales. Precisamente la forma de despedir a los 83 sindicalizados (en su mayoría con más de 10 años de servicio en la atunera), fue suspendiendo la empresa temporal a la que éstos estaban vinculados, con el argumento de que no necesitaba su servicio, lo que se tipificó como despido masivo sin autorización del Ministerio de la Protección Social, razón por la cual el caso esta en querella jurídica.
“No entendemos por qué el Ministerio no pone en cintura a esta empresa, que trata en condiciones infrahumanas a sus trabajadores y trabajadoras, y comete todo tipo de arbitrariedades”, señaló Gil Falcon, presidente de la CUT Bolívar, quien además denunció que actualmente hay unas 200 mujeres, jóvenes en su mayoría, incapacitadas por enfermedades como artritis, tendinitis, túnel carpiano, debido a los cambios bruscos de temperatura del pescado que manipulan: primero congelado y después a altas temperaturas. Además trabajan de pie en jornadas de 10 y 12 horas, sin que se les reconozca horas extras ni dominicales.
“Y por si fuera poco —agregó el directivo sindical— hacen con ellas el baile del indio, es decir: la EPS las manda para la ARP, y ésta le chuta la responsabilidad a la empresa y al final nadie responde por la suerte de estas mujeres, quienes se vieron obligadas a crear la Fundación Manos Muertas, para exigir sus derechos”.
Nueva refinería arranca con líos laborales
En la zona de Mamonal la Refinería de Cartagena S.A. (Reficar), filial de Ecopetrol, construye una gran refinería, que con un costo cercano a 4.000 millones de dólares generará a futuro unos 4 mil empleos directos, lo que la convierte en el proyecto industrial más grande del país. Pero según lo denuncia la CUT Bolívar, es un proyecto con problemas de contratación laboral.
El primero tiene que ver con el despido arbitrario de 110 trabajadores, de los más de mil que ocupa hoy Reficar en la construcción de las obras civiles. Eran obreros contratados por empresas temporales, en condiciones muy inferiores a los estándares salariales y de seguridad social e industrial que rigen en la industria petrolera. Razón por la cual adelantaron una protesta con la asesoría de la USO, exigiéndole a Reficar mejorar sus condiciones laborales. Pero en vez de esto Reficar decidió terminar el contrato con la agencia temporal a la que estos trabajadores estaban vinculados, o sea que los echó.
El otro problema tiene que ver con la campaña publicitaria que hace Reficar en los medios de comunicación para vincular trabajadores. “Desde ahora puedes ser parte de este gran equipo de trabajo. Envía tu hoja de vida y prepárate para la vida laboral con nosotros”, es el lema de la campaña. Sin embargo la CUT Bolívar la califica como publicidad “engañosa”, una ilusión para los cartageneros, porque son muy pocos los que llenan los requisitos que exige la empresa estadounidense contratada para hacer la selección del personal. Un requisito es tener certificación de un centro de enseñanza calificado en la materia, pero el único que hay en Cartagena funciona en el Inem, creado con aportes de la Alcaldía y el Sena, que apenas alcanza a capacitar el 10% del personal que necesita el proyecto.
“Necesitamos por lo menos otros dos o tres centros como el Inem. Sino el empleo que va a genera la refinería no será para los cartageneros sino para operarios de afuera, o de otros países”, advierte la CUT Bolívar, que así mismo denunció que del negocio de la contratación de personal para le nueva refinería ya se apoderaron familias tradicionales de Cartagena, dueñas de empresas temporales y cooperativas de trabajo asociado. Además “algunos altos cargos de Reficar están ocupados por jubilados de Ecopetrol, que el están quitando el derecho al trabajo a otras personas”.
Explotación e informalidad en el Terminal Marítimo
En Colombia la informalidad laboral no sólo corre por cuenta de la pequeña empresa, comos se cree. También hay empresas multimillonarias que recurren a formas informales de contratación. Un buen ejemplo es la Sociedad Portuaria de Cartagena, donde la sobreexplotación y la precarizad laboral constituyen hoy un problema mayor.
Según Javier Marrugo, presidente de Unión Portuaria, sindicato que aglutina a trabajadores de los puertos marítimos del país, la Sociedad Portuaria de Cartagena contrata la mayoría de las 2.500 personas que laboran en los distintos oficios del terminal: estibadores, wincheros, chequeadores y operadores de grúas y montacargas. Pero en el 90% de los casos lo hace por medio de empresas temporales y cooperativas de trabajo asociado (CTA), lo cual, según el dirigente sindical, no sólo es una forma de explotación sino que es ilegal, toda vez que por ser labores permanentes, de la esencia misma del puerto, legalmente tienen que ser realizadas por trabajadores contratados directamente por la Sociedad Portuaria, no con intermediarias laborales.
Pero lo verdaderamente grave son las pésimas condiciones salariales y laborales a las que estas intermediarias, especialmente las CTA, someten a sus trabajadores. Dijo que casi todas ellas tienen “dueño”, lo cual va contra la ley porque una cooperativa no puede tener dueño, no es una empresa privada. “Todo es una farsa —agrega—: el dueño es el gerente de la cooperativa, la esposa de él es la presidenta del Consejo de Administración, y los amigos conforman el Comité de Vigilancia. Es un negocio redondo para el dueño, pero fatal para los trabajadores, que cuando mucho ganan un salario mínimo y las prestaciones sociales salen de su mismo bolsillo”.
Lo otro es que su afiliación a una ARP sólo es por días. El resto del mes lo laboran sin protección de riesgos profesionales, en un oficio que es altamente riesgoso. “La Sociedad Portuaria conoce esta anomalía pero no hace nada”, agregó, y denunció que en el puerto huy muchos siniestros que nunca se registran, y los daños que valgan menos de $2 millones, que son la mayoría, corren por cuenta del salario del trabajador.
Si bien es cierto que las CTA, a raíz de los últimos decretos del Gobierno, han disminuido en número, han sido reemplazadas por agencias de empleo temporal. Pero en ambos casos la estabilidad laboral es mínima, los trabajadores pagan de su bolsillo la ropa de trabajo y en el mejor de los casos laboran 8 turnos al mes, cada uno de 12 horas, de día o de noche, sin pago de recargo nocturno, dominicales ni feriados. Además es usual que se les retrace el pago del salario hasta de una o más semanas, y al que proteste lo despiden.
Taxistas están en alerta y amenazan con paro
Actualmente el gremio de taxistas de Cartagena está en estado de alerta, e incluso dispuesto a parar actividades si no se solucionan los problemas que se les han acumulado y que, según ellos, no han tenido la debida atención de las autoridades locales y nacionales.
Félix Barrios, presi
dente del Sindicato de Conductores de Taxis de Cartagena, Sincontaxcar, señaló como un problema que requiere urgente solución la situación de 84 taxistas cuyos vehículos fueron “clonados”, es decir, que con la resolución de uno matriculaban dos, sin que ellos se dieran cuenta de esa práctica fraudulenta. En agosto pasado la Fiscal 13 de Cartagena ordenó al Departamento Administrativo de Tránsito (DAT) sacar de circulación los taxis clonados, con lo cual los 84 taxistas pierden su fuente de empleo, siendo inocentes de tal clonación, ocurrida hace más de 10 años. Lo que el sindicato pide ahora es que estos taxistas sean indemnizados, mas cuando se sabe, por la investigación de la Fiscalía, que en la ilegal clonación estuvieron implicados funcionarios del DAT. Además le exigen a la Alcaldía que actualice un censo digitalizado de taxis, para así evitar más clonaciones.
Un segundo problema tiene que ver con la inseguridad, que según Sincontaxcar ha cobrado la vida de 29 taxistas, asesinados en casos de atracos y otras circunstancias en los últimos 5 años. Asimismo, reclaman medidas de protección a los líderes del gremio, contra quienes existen amenazas debido a las denuncias que han formulado por hechos de corrupción y la infiltración de capitales de dudosa procedencia en la industria del transporte en la ciudad. Se destaca el caso de Estaban Barbosa, expresidentes del gremio de taxistas, quien se vio obligado a salir de la ciudad por amenazas. El mismo Félix Barrios, presidente actual de Sincontaxcar, por cuya residencia se han visto merodear motos sospechosas.
De otro lado, el gremio de taxistas de Cartagena es el que, a nivel nacional, desde hace dos años viene liderando la lucha para que se cumpla la Ley 336 de 1996 en lo relativo al pago de prestaciones y afiliación a la seguridad social a los conductores de servicio público por parte de sus patrones, una norma que en todas partes se incumple. Lo que busca el gremio es que las autoridades laborales sancionen ejemplarmente a los empleadores que hacen esguince a esta ley, y que imponen contratos que implican largas jornadas de trabajo y pérdida de derechos laborales.
También demandan los taxistas ante la dirección del DATT, es que intervenga para acabar con las “terminales” satélites que han creado los transportadores irregulares, o “piratas”, que compiten con los taxistas regulares. Además han proliferado automóviles de último modelo que prestan servicio de taxi en los hoteles y sitios turísticos, más competencia desleal para los taxistas.
Y finalmente, está el problema del mototaxismo, que está desbordado, en parte como efecto de las oleadas de desplazados que han llegado a la ciudad y que no tienen más empleo que manejar motos al servicio de los empresarios del negocio, que en algunos casos son dueños de más de 50 motos y sobreexplotan a sus trabajadores. Según la CUT Bolívar, en el sólo Cartagena hay 50 mil mototaxis, que operan principalmente en los barrios populares; y tanto es su número que ya se les denomina “abejas africanas”, y obligó a la Alcaldía a limitar su circulación con el pico y placa. Además es un negocio estigmatizado y permeado por las estructuras económicas del paramilitarismo y la delincuencia común.
Mítines y reclamos en Tubos del Caribe
Tubos del Caribe, filial de la multinacional Tenaris, empresa constructora de tubos para compañías petroleras, es hoy objeto de mítines por parte de sus trabajadores, quienes protestan por la negativa de la empresa a negociar el pliego de peticiones que desde hace 6 meses presentó Sintratucar, sindicato que agrupa a unos 300 trabajadores, y eso a pesar de éste cedió en algunos puntos del pliego para facilitar la negociación del mismo.
Gil Falcón, presidente de la CUT Bolívar, subdirectiva de la que es filial Sintratucar, denunció la abierta política antisindical de la gerencia de Tubos Caribe, que hace todo lo posible para debilitar la organización sindical y torpedear la convención colectiva mediante la estrategia de dar a los trabajadores incentivos y gabelas por fuera de la convención, y así lograr que éstos no se sindicalicen o se retiren del sindicato. Incluso recientemente despidió a 8 trabajadores sindicalizados, medida que éstos lograron echar atrás por la vía de la tutela.
De otro lado, la CUT denunció las amenazas de muerte contra Jairo del Río, presidente de Sintratucar. “A este compañero, debido a ese riesgo, le aprobaron un esquema de seguridad, pero se lo quitaron por falta de presupuesto y ahora está desprotegido”, señaló Gil Falcon, quien anunció que la política antisindical de la empresa, violatoria de los Convenios 87 y 98 de la OIT, ya fue denunciada ante este organismo multilateral. También se denunció ante el Min-Protección Social, que no ha tomado cartas en el asunto.
En Barranquilla
Conflictos en la Alcaldía, Coca Cola, Argos, Quintal
En la capital del Atlántico encontramos que aún están pendientes de solución varias demandas y conflictos laborales. Uno en la Alcaldía Municipal, a raíz del despido masivo de funcionarios en 2008, y tres en empresas privadas, como Coca Cola, donde los sindicatos adelantan una difícil negociación con la empresa; Cementos Caribe, donde 700 trabajadores están a punto de perder su empleo; y la fábrica de agroquímicos Quintal, donde la empresa prácticamente acabó con el sindicato.
Aparte de esto, esta semana se conocieron amenazas contra 3 directivos de la Asociación de Nacional de Trabajadores de Hospitales Públicos, Anthoc Atlántico. Ellos son Euclides Sandoval, Heriberto Tovar y Osiris Fernández.
En Cementos Caribe: 700 obreros en riesgo de perder su empleo
A raíz de la reciente entrada en producción de la mega planta de cemento en la zona de Mamonal, en Cartagena, la empresa Argos decidió cerrar Cementos Caribe, la vieja planta que funciona en Barranquilla; situación que tiene en ascuas a los 700 trabajadores que allí laboran, afiliados en su mayoría a Sintrargos, y que en su mayoría quedarán sin empleo.
Como una forma de capear la difícil encrucijada para los trabajadores, Argos les ha propuesto como solución el retiro voluntario con pago de indemnización a quienes así lo quieran, o como alternativa su traslado a las plantas de Sabanagrande y Mamonal, situación que la mayoría ve poco viable en razón a que son trabajadores de avanzada edad, con situaciones familiares y de residencia ya definidas.
Según Henry Gordon, fiscal de la CUT Atlántico, cualquiera sea la alternativa que escojan, los trabajadores saldrán perjudicados con el cierre de la Cementos Caribe, e insisten en que la empresa desista de hacerlo. Precisamente con ese objetivo han realizado mítines de protesta en Barranquilla y Saganabrande.
Coca Cola quiere acabar la contratación directa
La situación de los trabajadores de Coca Cola en Barranquilla no es muy diferente a la del resto del país, como quiera que todos están pendientes del resultado de la negociación nacional del pliego entre la empresa y los sindicatos Sinaltrainal y Sinaltraibec, la cual se adelanta en Bogotá, y que, según directivos de la CUT Atlántico, se ve bien difícil. Esto porque la multinacional ya anunció su intención de desconocer derechos conquistados por los trabajadores en la convención colectiva, tanto en el tema económico como en el de contratación.
El tema de la contratación es el más punzante, pues la intención de la empresa es terminar los contratos a término indefinido y profundizar la tercerización laboral en todos sus procesos productivos, mediante cooperativas de trabajo asociado y otras modalidades de contratación indirecta. Ante esto, en las últimas semanas los trabajadores han hecho mítines de protesta, todos los lunes a las tres de la tarde.
El caso de Cartagena es especial, pues allí Coca Cola, por la vía de la venta de camiones y otros activos, y el no reemplazo de los trabajadores jubilados, prácticamente desmanteló el sindicato. Éste en el pasado llegó a tener 600 afiliados, y hoy apenas tiene 33, todos directivos con fuero, quienes además han denunciado amenazas contra sus vidas.
Quintal atropella de todas las formas al sindicato
Quintal es una empresa de químicos y abonos para la agroindustria que, de acuerdo con la denuncia de la CUT Bolívar, este año emprendió una arremetida sin precedentes contra Sintrainquigad, el sindicato de industria que allí defiende los intereses de los trabajadores, 400 en total.
Mediante planes de retiro voluntario, el despido de más de 30 obreros sindicalizados, y la imposición de un pacto colectivo, al cual se acogieron incluso directivos sindicales, la empresa prácticamente aniquiló la subdirectiva de Sintrainquigad, que quedó con menos de 25 miembros. Situación que además se esgrime como razón para no negociar el pliego de peticiones que el sindicato presentó, y para demandar la liquidación de la subdirectiva sindical.
En respuesta a esta arremetida, el sindicato recurrió a la estrategia de afiliar a trabajadores de otras empresas afines, a fin de no dejarse acabar, pero el panorama se ve bastante desolador.
En la Alcaldía se impuso el “quítate tú pa´ ponerme yo
En 2008, recién posesionado de su cargo, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, emprendió una reestructuración para acabar con la burocracia, la cual determinó el despido masivo de 2.800 funcionarios de planta, casi la mitad del total.
Hoy las directivas de la CUT Atlántico dicen que pueden demostrar que tal restructuración no fue más que una farsa, porque en vez de disminuir con los despidos, la burocracia se duplicó en la Alcaldía, aunque ya no por la vía de la contratación directa sino por contratos OPS, o nómina paralela que llaman. “Lo que el Alcalde hizo fue salir de unos funcionarios para poner otros de sus afectos políticos, y por partida doble, la práctica del “quítate tú pa´ ponerme yo”, afirma Henri Gordon, fiscal de la CUT Atlántico. Sin embargo, hasta el momento las demandas instauradas por los funcionarios despedidos no han fructificado.
Según lo señaló el directivo sindical, la CUT Atlántico solicitó el registro de todos los contratos de personal hechos por la Alcaldía desde 2008, y encontró que hoy hay más funcionarios que los que había, y que el gasto en burocracia se ha disparado. “Del 2008 a la fecha se ha gastado en asesores jurídicos $3.500 millones, y en publicidad $4.000 mil millones. Por eso los medios de comunicación hacen tanto por ensalzar la imagen del alcalde”, agregó. Por estos hechos la CUT está preparando una denuncia ante los órganos de control, por despilfarro de los recursos estatales en Barranquilla.
Por otro lado, el despido masivo de funcionarios contribuyó a desvertebrar la organización sindical en la Administración Municipal. Sindiba, que continúa siendo el sindicato mayoritario, tiene hoy apenas 120 miembros, cuando llegó a tener 500. Además, los 9 sindicatos que tienen asiento en la Administración de la ciudad, no se concertaron para dar una lucha unificada contra las políticas del alcalde Char, y esto facilitó la arremetida.
Población trabajadora afrocolombiana
Sufre mayor desigualdad y exclusión laboral
que el resto de la población
Medellín, Cali, Buenaventura y Cartagena fueron las ciudades en las que la ENS, en asocio con investigadores de las universidades de Cartagena, Antioquia y del Pacífico, realizó la primera investigación que se conoce en el país sobre condiciones laborales (trabajo decente) de la población negra.
Para el estudio se aplicó una muestra representativa de 755 encuestas sobre los indicadores de Trabajo Decente: Equidad, oportunidades laborales, ingresos, seguridad laboral, protección social, diálogo social, discriminación, derechos laborales, trabajo infantil y otros trabajos inaceptables. La encuesta se construyó sobre los datos poblacionales del Censo de 2005, y con base en entrevistas a profundidad, trabajo etnográfico y la revisión documental de investigaciones existentes relacionadas con el tema.
Si bien esta investigación no permite establecer consideraciones concluyentes en relación al total nacional de la población negra, sí ofrece elementos claves para la interpretación y visibilización de las precarias condiciones y el grado de exclusión laboral de esta población. También corrobora que en cada uno de los indicadores explorados se presenta un déficit más pronunciado que el que tiene la población trabajadora no negra.
Asimismo se constata que las formas de discriminación étnico/racial, asociadas al color de la piel, continúan vigentes pero escondidas en discursos que pretenden ser políticamente correctos. El fenómeno del racismo aparece vinculado con fuerza a las distintas formas de exclusión y sostenimiento de la pobreza y marginalidad, frente a los cuales no existe una política interesada en resolver de forma estructural la situación de esta población, mediatizada con paliativos asistencialistas que la mantienen en la marginalidad, condenada a la lógica del rebusque y la sobrevivencia.
Las condiciones sociales, el número de hijos y de personas a cargo, el estrato socioeconómico cruzado con el grado de ingresos, la seguridad laboral y los derechos laborales, dieron como resultado un preocupante panorama de pobreza extrema, en el
cual la vida de muchos hombres y mujeres se inventa día a día con las posibilidades del rebusque, en medio de las más complejas condiciones.
Los jóvenes, al igual que en el promedio nacional, resultaron ser los más afectados, sin mayores posibilidades laborales, sin acceso a programas de capacitación o formación universitaria, ubicados en los lugares más vulnerables y precarios del mercado laboral.
Se aclara que para la presentación de los datos de esta investigación, se tratan por separado los afrodescendientes que trabajan en la economía informal y los que tienen un empleo asalariado (economía formal), cuyas condiciones guardan sus diferencias. Veamos:
Datos de trabajadores informales:
Del total de la población afro de la economía informal encuestada (245), el 51,9% son mujeres y el 48,1%, hombres; cerca del 67% tiene hijos; la mayoría (47,9%) pertenecen al estrato 1, seguida del estrato 2 (28,5%), estrato 3 (21,5%), y estratos 4 y 5 (2%). De esta población, el 83% no estudia; y del 17% restante sólo el 15%, lo hace a nivel universitario; el 10%, técnico; el 6%, en secundaria; y alrededor del 4%, en media.
El 63,7% son trabajadores por cuenta propia, situación compleja puesto que, en términos generales, no son beneficiarios ni siquiera de las garantías mínimas que un trabajo en condiciones decentes debe ofrecer. Le siguen los obreros o empleados de empresas particulares, con el 21,6%. De éstos, el 68,5% realiza un trabajo permanente, el 25,7% tiene un trabajo ocasional, y el 5,8% trabajaba estacionalmente.
Las principales actividades económicas de los informales afros son: comercio, hoteles y restaurantes 43,7%, y servicios comunales, sociales y personales 41,2%.
Al indagar sobre su satisfacción con el trabajo que realizan, el 24% dijo no sentirse satisfecho; singularmente cerca del 67% manifestó satisfacción con sus labores, especialmente por el temor a no conseguir otro empleo y salir del mercado laboral, pese a que las condiciones generales son altamente precarias. Ademá
s se observó que el 81,6% de los empleados no tienen ningún tipo de contrato; el 74,4%, se caracteriza por ser un trabajador independiente; el 12,8% trabajadores contratados a través de empresas asociativas de trabajo, el 9,3% a través de una empresa de servicios temporales, y el 3,5% restante por cooperativa de trabajo asociado.
Un punto neurálgico en la persistencia de las condiciones de exclusión y pobreza es la alta cantidad de personas que reciben un salario mínimo o menos (65%). Situación alarmante, pues muchas de ellas son personas cabeza de hogar, cuyo precario ingreso escasamente posibilita garantías para el bienestar humano. Es de anotar que, según cálculos de la ENS, en Colombia es necesario devengar al menos dos y medio salarios mínimos para superar la línea de pobreza.
Un elevado porcentaje los afros que trabajan en la economía informal no tienen garantías de derechos laborales, no tienen vacaciones pagadas (94,7%), ni prima de navidad (94,7%), ni derecho a cesantías (96,6%). El 69% de ellos manifiestan el deseo de cambiar de trabajo. En el caso de las mujeres, aparte de la falta de prestaciones legales, el 89,6% embarazadas no tuvo licencia remunerada.
Algunas de las explicaciones que dieron para trabajar como independientes fueron: 24,2% no había encontrado trabajo nunca; 8,1% porque lo despidieron del empleo anterior, 23,8% porque ganaba más que como empleado, y 12,6% por la edad.
Al indagar los temas relacionados con la seguridad social, se halló que el 83,2% está afiliado a una entidad de seguridad social en salud, frente al 16,8% que no tiene afiliación; situación preocupante porque de estos últimos un 32% no estuvo afiliado en los últimos dos años, e incluso más. El 62% está en el régimen subsidiado, el 18,5% pertenece al régimen contributivo bajo la modalidad de beneficiario, y sólo el 18,5% participa como cotizante del régimen contributivo.
Ahora bien, al mirar las afiliaciones a pensiones, se encontró que sólo el 8,6% está afiliado, y el 91,4%, no tiene ningún tipo de afiliación. Este pequeño porcentaje que cotiza lo hace, en su mayoría, en un fondo privado (63,6%), seguido de los que cotizan en el Instituto de Seguro Social, ISS (22,7%). El 57,7% justifica la no afiliación a un sistema de pensiones, porque no cuenta con los recursos económicos para hacerlo, el 17,7% dijo que por desconocimiento sobre el proceso de afiliación, el 10,2% por no estar interesados, el 7%, lo justificó en que su empleador no lo exige, y un 4,2% no lo hizo porque consideraba que nunca llegara a jubilarse, entonces no lo tiene como prioridad.
Al preguntar por las afiliaciones a un fondo de cesantías, el 94,7% no está afiliado. El 89% no está afiliado a una Aseguradoras de Riesgos Profesionales (ARP).
Se destaca también la poca organización gremial de los afros que trabajan en la economía informal. El 93,5% de pertenece a ninguna, y el 6,5% que sí pertenece a alguna, no tiene dentro de sus consideraciones una organización sindical. Se trata de asociaciones referentes al oficio que desempeñan.
En materia de seguridad ocupacional, se halló que el 15,6% sufrió algún accidente en el trabajo. El 17% tuvo alguna enfermedad de trabajo, siendo la más representativa la enfermedad muscular o la de articulación (16,8%), seguida de enfermedades respiratorias (13,9%) y de la piel, (7,5%).
Sólo el 23,1%, percibió que fue discriminado en el trabajo, mientras que el 76,9%, no percibió ningún tipo de discriminación. Las discriminaciones fueron por el color de piel en el 100% de los casos, y de ellos el 35,3% manifestó haber recibido insultos por su color. El 16,4% dijo haber sido discriminado en el proceso de selección, debido a la edad; el 15% por el grupo étnico, y el 6,4% por el lugar donde vive. Se encontró, además, que el 11,7% de esta población tuvo que soportar discriminación para conseguir empleo en algún oficio. Por otro lado, el 80,5% manifestó que hay discriminación en los espacios de trabajo, y el 63,7% consideró que en la ciudad hay zonas o barrios donde discriminan a las personas de color.
Datos de trabajadores asalariados
En la investigación se entrevistaron 234 personas que trabajan en la economía formal, el 52,6% mujeres y el 47,4% hombres. De éstos, el 39,8% pertenecen al estrato socioeconómico 2, el 28,6% al 1, el 27,3% al 3, el 3,5% al estrato 4, y 0,9% al 5. El 68,4% tiene hijos y el 63,1% tiene 2 o más. El 28,3%, aparte de laborar, estudia, y de éstos el 35,4% tiene estudios universitarios incompletos, el 16,9% tiene posgrado incompleto, y el 15,4% tiene técnicos o tecnológicos incompletos, entre otros.
El 68% de los encuestados trabaja como obrero o empleado de empresa particular, el 26%, como obrero o empleado del gobierno, y el 3% como empleado doméstico, entre otros. Así mismo, se encontró que el 89% tiene un trabajo permanente, el 6,5% ocasional, y el 3,9% estacional. El 37,3% tiene contrato a término fijo (hasta 6 meses, el 48,2%; y entre medio y un año, el 51,8%), y a término indefinido el 62,7%.
En la actividad económica de servicios comunales, sociales y personales labora el 68,4%; en comercio, hoteles y restaurantes el 10,3%, es decir, cerca del 84% se desempeña en el sector terciario de la economía, un 13% en el sector secundario, y el porcentaje restante en el sector primario. El 54,1% labora entre 25 y 48 horas semanales, el 23,2% hasta 24 horas semanales, el 11,6% entre 49 y 56 horas semanales, y el 11,2% más de 56 horas a la semana.
El 94,4% de quienes laboran en la economía formal tiene contrato laboral: el 91% escrito y el 9% verbal. El 43,3% recibe entre uno y dos salarios mínimos como remuneración, el 13,9% más de dos y tres, el 12,6% más de tres. Sin embargo preocupa que el 29% de la población encuestada reciba hasta un salario mínimo, si tenemos en cuenta que esta puede ser la población que tiene bajo su responsabilidad a un determinado número de personas. Además, el 48,3% señaló que su remuneración no cubre gastos de alimentación, vivienda y servicios. Para paliar esta situación el 15,5% tiene un segundo empleo, y de éstos el 31,4% lo hace para cubrir sus gastos de sostenimiento, el 65,7% para complementar sus ingresos; y 11,4% para ocupar su tiempo libre. El 64,1% de los trabajadores tiene hasta dos personas a car
go, el 31,2% entre 3 y 5; y el 4,8% tiene 6 o más.
Sobre el cumplimiento de las prestaciones sociales derivadas del contrato laboral, se encontró que el 38,2% no tiene derecho a vacaciones pagadas, el 28,2% no recibe prima de navidad, y el 29% tampoco recibe el auxilio de cesantía. También se encontró que el 31,8% trabajó horas extras en la semana anterior a la realización de la encuesta; y sorprende que al 50,7% no les hubieran compensado estas horas de acuerdo con lo establecido por la ley, al 19,1% se las pagaron con días de descanso. Más preocupante aún es que al 56,3% no se le reconocieron de ninguna manera. En el caso de las mujeres, se encontró que el 58% no tuvo licencia remunerada cuando estuvo embarazada. Así mismo, el 7,2% manifestó que tuvo problemas laborales por estar en tal estado.
Por otro lado, el 40,6% de los afros que tienen un empleo formal manifestó su deseo de cambiar de trabajo. Entre las razones expresadas tenemos: el 40,2% para mejorar la utilización de sus capacidades o de su formación; el 13,5% desea trabajar menos horas, el 12,2% dijo que su trabajo exige mucho esfuerzo físico o mental, y el 77% quiere mejorar sus ingresos.
Por posición ocupacional de las personas encuestadas, tenemos que el 40,6% se desempeña como auxiliar operativo, el 19,2% en servicios generales/oficios varios, el 12,4% como docente, el 9,8% como jefe o coordinador, el 7,7% como ejecutivo; el 5,6% como asistente, y el 3% es directivo.
El 31,6% no contó con la provisión de ropa de trabajo y elementos de protección por parte de la empresa. El 59,7% de las empresas no tiene servicio médico dentro de sus instalaciones, en el 24,3% no informó a los trabajadores sobre los riesgos y las medidas de prevención, en el 43,3% de ellas no existen comités de seguridad e higiene en el trabajo, y el 50% no cuenta con un experto en prevención de riesgos.
Al indagar sobre los espacios de concertación con los trabajadores, se halló que en el 70,7% de las empresas los trabajadores no hacen parte de estos espacios. En el 71,2% de las empresas no hay organización sindical. Además el 54,5% de los encuestados no pertenece a ninguna organización sindical o gremial. Dentro de las razones esgrimidas se encontró que el 9,7% cree que los sindicatos no sirven, 9,8% no se afilia por miedo a las represalias, 13,1% porque el contrato lo impide, 4,9% porque desconfía en los dirigentes, 8,2% porque cree obtener más beneficios sin estar afiliado, 29,5% por desinformación, y 33,3% porque no le interesa.
En afiliación a salud se encontró que, del total de trabajadores formales encuestados, el 5% no está afiliado a ningún régimen de salud, el 89,3% cotiza al régimen contributivo, el 7% en el régimen subsidiado, y el 2,8% en el contributivo como beneficiario.
En protección pensional tenemos que el 85% se encuentra afiliado, frente al 15% que no lo está. La mayoría de los afiliados: el 65,3%, está en un fondo privado, seguido por los afiliados al ISS: el 20,5%, los regímenes especiales: el 7,4%, y a un fondo subsidiado: el 6,8%. Por otro lado, se tiene que el 72,8% está afiliado a algún fondo de cesantías, frente al 27,2% que no lo está. Por el lado de las afiliaciones a ARP, se tiene que el 78% está afiliado, y el 22% no.
En el componente de discriminación, se encontró que cerca del 21% de los trabajadores(as) affros de la economía formal manifestó haber sido víctima de discriminación en el trabajo. Las formas en que ésta más se manifiesta son: discriminación laboral en lo referente a salarios y tipo de contratos, seguida de los malos comentarios y los insultos; y la no selección para un trabajo por el color de piel del trabajador. Asimismo, al preguntar por algunas discriminaciones en los procesos de selección, se encontró que en el 22,6% hubo discriminación por la edad, en el 8,6% por el género, en el 8,6% por la condición socioeconómica, en el 13,3% por el grupo étnico; en el 6,6% por la orientación sexual, en el 12,3% por discapacidad física o mental; en el 5,7% por el lugar de procedencia o nacimiento, ene el 2,9% por las creencias religiosas, en el 9,4% por el lugar donde vive; en el 3,8% por diferencias salariales, en el 4,8% por que se era sindicalista. Por otro lado, se encontró que en el 73,4% de las empresas no había políticas a favor de la equidad.
Conclusiones
Los datos hasta aquí señalados, nos indican que en la esfera formal del trabajo es notable el nivel de desigualdad frente al promedio nacional; y que para los trabajadores(as) afrocolombianos tampoco la formalidad laboral es un indicativo de condiciones de trabajo decente.
La investigación asimismo revela un panorama políticamente inmoral, y genera profundos cuestionamientos a la inclusión y la democracia en términos de diversidad étnica-racial, dejando claro que continúa vigente el esquema discriminación-exclusión-desigualdad-pobreza para la población afrocolombiana. En este escenario, la posibilidad de la ciudadanía plena, resulta ser una simple ficción para la población afrocolombian. En la vida cotidiana, hombres, mujeres y niños deben inventarse un lugar político y productivo en sociedad que aún no los reconoce.
Escrito por la Agencia de Información Laboral, ENS
