El pacto que finalizaría la protesta en el Catatumbo, que ya supera los 50 días, consiste en la revisión de los 10 puntos del pliego de exigencias que sustentaban la movilización campesina y poder llegar a un acuerdo a mediano plazo de manera concreta.
A la firma harán presencia unos 5.000 campesinos; el vicepresidente de la República, Angelino Garzón; el Presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo; la Comisión de Paz del Senado; Todd Howland, representante de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH en Colombia; Ómar Alberto Sánchez, obispo de Tibú; y otras personalidades como el ex presidente Ernesto Samper. Este equipo de alto nivel le dio confianza al campesinado para que se dé el desbloqueo, que sería factible a partir de este viernes o sino de la primera hora del sábado.
Cabe aclarar que hasta le fecha no se han dado avances en las negociaciones, porque las primeras cinco delegaciones que mandó el gobierno llevaban una potestad muy reducida y las últimas sólo llevaban la exigencia del desbloqueo.
“Hemos hablado mucho sobre los primeros temas, pero hasta el momento no hay ningún acuerdo firmado. El acta de garantías es precisamente para eso, para que tengamos confianza de que el gobierno va a tratar todos los temas con el compromiso de llegar a algo”, señaló César Jérez, negociadores y líder de los campesinos en el Catatumbo. Esa acta es como una ruta de acuerdos, para que al gobierno le quede difícil no cumplirlo lo pactado.
Entre los puntos que comprenden el pliego de peticiones de los campesinos se encuentran: Que se declare la zona de reserva campesina del Catatumbo, que se financien los programas del plan de desarrollo, que se financien una serie de proyectos para el casco urbano de Tibú y sus veredas aledañas, que se suspenda la erradicación de manera indefinida de los cultivos de coca, que se otorgue un subsidio a las más de 300 familias víctimas de la erradicación forzada de los cultivos de coca, que implemente un programa de sustitución gradual y concertada de estos cultivos, que se suspenda la explotación minero-energética en el territorio de la reserva campesina, que se suspenda el plan de consolidación militar y que se regularice la situación de derechos humanos en la región.
