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Persecución, amenazas y asesinatos contra líderes sociales del Putumayo

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{image}http://eldia.co/images/stories/080512/002.jpg{/image}Un clima de persecución, amenazas y asesinatos viven en Putumayo los defensores de derechos humanos y líderes sociales del departamento. Los líderes y sus familias se sienten desprotegidos y asediados, incluso por el mismo Estado.

En un comunicado a la opinión pública, Yesid Calvache, Presidente de Sintrapetroputumayo (organización social, ambiental y sindical del Putumayo), denuncia una situación que no sólo se registra en ese departamento sino en todo el país, sólo que aquí se ha recrudecido en los últimos meses. Casi toda la dirigencia social del Putumayo está siendo perseguida por diferentes actores, y Sintrapetroputumayo no es la excepción.

“Tengo amigos que han sido asesinados, desaparecidos, judicializados. Sólo por el hecho de ser una voz de protesta viven en riesgo permanente”, dice Calvache. Recientemente, aquellos dirigentes que no habían sido objeto de amenazas han recibido intimidaciones en su contra.

“Es preocupante la situación. Por decirle la verdad al Gobierno, al Pueblo y a la comunidad y por el trabajo que hemos realizado, hemos sido amenazados, víctimas de atentados. Estamos desprotegidos por el Gobierno; como ya aprobaron el TLC, les interesa muy poco lo que le sucede a los líderes del país. No estamos haciendo nada malo, sólo miramos las cosas de una manera distinta, denunciamos la injusticia social, planteando que el gobierno debe ser más justo, más equitativo con las comunidades”, agrega el líder.

De otra parte, el 14 y 15 de mayo, las organizaciones sociales sostendrán una reunión en el municipio de Villagarzón, a la que asistirán el Viceministro de Trabajo, el Ministro del Interior, el Ministerio de Minas, Ecopetrol, las multinacionales, Gobernación, Alcaldía y demás autoridades civiles. Esta tratará sobre los atropellos de las multinacionales contra las comunidades, los salarios no acordes, “pagan como si estuvieran sacando papas”, no contribuyen con el comercio local y no tienen en cuenta a la población. La mesa de diálogo y concertación es continuidad de un proceso de más de 4 años, donde ha habido manifestaciones, paros, movilizaciones políticas y las comunidades han tenido que soportar los ataques de la fuerza pública.

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