{image}http://eldia.co/images/stories/150312/01.jpg{/image}Se ha descubierto un plan para asesinar al abogado de la fundación ‘Comité de solidaridad con los Presos Políticos’, José Humberto Torres. Parapolíticos, paramilitares encarcelados y miembros de la banda ‘Los Rastrojos’ ofrecieron 200 millones de pesos por este crimen.
Hace poco, plataformas de derechos humanos en Colombia hicieron pública esta denuncia. José Humberto Torres es reconocido como un defensor de derechos humanos, como representante de víctimas, entre ellos en el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andreis en Barranquilla; ha participado en procesos contra jefes paramilitares como Mancuso, Castaño, ‘Jorge 40’ y ‘Juancho Dique’. Recientemente pidió investigación penal contra varios miembros del Congreso por nexos con grupos paramilitares.
Celestino Barrera, miembro del Comité de solidaridad, indicó que esto “responde a unos dispositivos militares de persecución, de aniquilamiento, de silenciamiento, que se vienen presentado contra defensores de derechos humanos y de la oposición política en el país”. Esa persecución política, militar y jurídica no distingue de estudiantes, militantes de izquierda o políticos contrarios al gobierno.
El abogado Torres ha recibido múltiples amenazas, tal como sucedió con el sindicalista de Sinaltrainal Luciano Romero, quien también era integrante de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Romero fue desaparecido, torturado y asesinado el 11 de septiembre de 2005, en Valledupar.
La plataforma Derechos Humanos y la Mesa Nacional de Garantías que preside José Humberto Torres, en palabras de Celestino Barrera, “exigen que la mejor forma de garantizar la defensa de los derechos humanos es que el Estado no siga violando los derechos humanos, que no siga cometiendo ejecuciones extrajudiciales contra civiles, que no siga incrementando las políticas contra los defensores de derechos humanos, que no siga satanizando y criminalizando la protesta social y la legítima defensa de los derechos humanos y que no siga vinculando a los defensores con grupos insurgentes o con actores armados al margen de la ley”.
“Las garantías no se traducen ni en carros, ni esquemas, ni en discursos; las garantías se traducen en que pare la persecución política, militar y jurídica contra la oposición política y los defensores de derechos humanos”, enfatizó Celestino Barrera.
