La Constitución Política de Colombia afirma que, ante la ley, todos somos iguales. Sin distinción alguna, todos los colombianos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones; Sin embargo, a pesar de estar en la Constitución, este enunciado no se cumple en la realidad. Campesinos, Indígenas, Afrocolombianos y pobladores urbanos hemos vivido en la injusticia y la desigualdad; la marginación económica y política ha sido constante: se nos criminaliza y persigue.
Somos colombianos que hemos buscado por distintos mecanismos acceder a políticas públicas que favorezcan nuestra situación social, para que se salde la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con el mundo rural. No hemos pedido imposibles, solo pedimos que se nos garanticen los derechos humanos. Con nuestra lucha y organización hemos logrado establecer reivindicaciones en leyes y decretos, que a la luz de la realidad son letra muerta, en algunos casos so pretexto del déficit presupuestal a pesar que cada año los gremios económicos hablan de abundantes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Adicional a ello se ha aplicado todo un paquete legislativo y normativa en materia de producción agropecuaria, minera, energética, vivienda y de servicios públicos que favoreciendo intereses del capital va en contra de los intereses del pueblo.
Según cifras del mismo DANE el INB es más alto en lo rural que lo urbano, pese a ello no ha existido una política por parte del Estado que resuelva esta situación; por el contrario, el abandono estatal y la violencia contra los pobladores del campo son cada vez mayores, como lo señala el informe del PNUD (Colombia Rural, razones para el esperanza del 2011) la tercera parte de la población rural vive en pobreza extrema (Pág. 63). Este mismo informe plantea, según el IR, que el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el
31,6% de la población; un porcentaje mucho mayor que el reconocido por el DANE. Este porcentaje del mundo rural representa el 94,4% del territorio que ha estado históricamente excluida del ejercicio del poder y de la toma decisiones. No existe un estudio que pueda ubicar en términos presupuestales a cuanto haciende la deuda social que hoy se tiene con el campo, sin embargo, en nuestra realidad, la deuda social se refleja en el despojo, la no adjudicación y dotación de tierras, en el desconocimiento territorial, en la carente política para fortalecer la producción agropecuaria, en la política minera a favor de multinacionales y en contra de comunidades, y mineros pequeños y artesanales, y la ausencia estatal en cuanto programas de inversión social en educación, salud, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos se refiere.
Ante el tamaño de la crisis social, el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto que enfrenten estructuralmente los problemas. Por el contrario, ha aplicado una paupérrima política social que se ha enfocado a solucionar con paños de agua tibia la aguda desigualdad e injusticia social: El artículo 65 de la Constitución Política de Colombia de 1991 define “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”. Sin embargo, la política agraria no ha resuelto la situación de inseguridad alimentaria, desnutrición y hambre de los pobladores del sector urbano y rural: el 58,3% de los hogares rurales se encuentran en algún grado de inseguridad alimentaria el 20% de los niños menores de cinco años en situación de desnutrición crónica y el 1,3% en situación de desnutrición aguda. Según la Defensoría del pueblo el 40,8% de la población
total en el país se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria y el Informe Nacional de Desarrollo
Humano muestra que el Coeficiente de Autosuficiencia Alimentaria pasó de 1,04% a 0,95%entre 1991 y 2008.
Ante las injusticias vividas, hemos enviado cartas, sostenido reuniones, audiencias, hemos hecho uso del derecho legítimo a la protesta llegando a acuerdos con distintos gobiernos municipales, departamentales, e incluso con el gobierno nacional, para dar solución a los problemas que se generan y viven en la ruralidad, y que afectan al conjunto de la sociedad colombiana. Cada uno de estos acuerdos se ha sido incumplido de manera sistemática por el Estado y sus diferentes instituciones.
Ante tal situación, se requiere la construcción de una política pública agraria estructurada y coherente con las necesidades del pueblo colombiano, de la que debe hacer parte el Estado, con la participación directa y decisiva del movimiento agropecuario y popular; una política pública que dignifique la calidad de vida de la población campesina, urbana, afro e indígena, que fortalezca y potencie la economía campesina y ancestral como un renglón estratégico de la economía nacional.
La inversión social en seguridad social, educación, salud, infraestructura es fundamental para garantizar los derechos humanos que tenemos las comunidades rurales. Debe ser capaz de atender las demandas sociales, y que requiere la participación del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías y en especial de las carteras de Defensa, Salud, Educación, Hacienda, Vivienda, Agricultura, y de instituciones estatales como el INCODER, el Instituto Nacional de vías, Transporte, Fondo Nacional de Vivienda, Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ICBF y Fondo de Adaptación, en una acción coordinada para enfrentar de manera integral los problemas que aquejan el campo y lo popular.
Nos asiste las razones justas para protestar y exigir al gobierno que cumpla con su compromiso, ante ello tenemos 6 exigencias centrales, cada uno de estos puntos tiene sub-‐puntos que las sustentan.
1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.
2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.
3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.
4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.
5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios
públicos y vías.
Las organizaciones y comunidades del sector agropecuario y popular presentamos ante el Presidente Juan Manuel Santos como jefe de Estado nuestras demandas sociales, económicas y políticas, buscando que mediante el dialogo encontremos la mejor manera de resolver el conflicto económico, político y social que vivimos. De parte nuestra ya están los voceros nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuaria y Popular, escenario que proponemos como la instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.
Anunciamos al país que nos sumamos a la realización al Paro Nacional Agrario para el 19 de Agosto, teniendo en cuenta los antecede
ntes de incumplimiento y abandono por parte del Estado. Ponemos a consideración este pliego general a sectores sociales y populares, para que en unidad, organización y movilización, en una voz potente le exijamos al gobierno que cumpla con lo que nos pertenece.
1. EXIGIMOS IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE A LA CRISIS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.
1.1. Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, de manera independiente al comportamiento de los precios internacionales, los cuales garanticen una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Para tal fin, se deberá implementar un fondo nacional de compensación que cubra las diferencias existentes entre los costos de producción y el precio de venta de los productos, acompañado de la garantía de compra de cosechas por parte del Estado para pequeños y medianos productores agropecuarios.
1.2. Reducción de los precios de los combustibles y peajes, concertando nuevas tarifas con transportadores y productores agropecuarios.
1.3. Reducción de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.
1.4. Exigimos la modificación de la política antidroga y solicitamos acordar una política de sustitución gradual y concertada de cultivos de coca, marihuana y amapola, así como el fin de las fumigaciones y de la erradicación manual.
1.5. Derogatoria de la normatividad que afecta la producción, transformación y comercialización agropecuaria de pequeños y medianos productores, incluyendo lo relativo al manejo de semillas ancestrales y tradicionales y los encadenamientos productivos para el sector. Concertación de legislación para la promoción de la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala y garantías efectivas para el acceso a los mercados.
1.6. Frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, particularmente de café, cacao, arroz, papa, leche y productos lácteos. Suspensión y revisión de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China y demás países.
1.7. Condonación total de las deudas adquiridas por pequeños y medianos productores agropecuarios con el sistema financiero. Definición de una política de créditos blandos para pequeños y medianos productores a través de la banca pública.
1.8. Adopción de seguros de cosechas frente a problemas derivados de condiciones climáticas y/o fitosanitarias, para la pequeña y mediana producción agropecuaria que sean otorgados directamente por el Estado, sin intermediación del sector privado del sistema financiero.
2. EXIGIMOS ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA.
2.1 Exigimos la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o están en posesión de baldíos que no han sido adjudicados, para lo cual debe ordenarse al INCODER: La compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, y La titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos, que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios.
2.2 La compra directa de tierras por el INCODER para ser tituladas de manera colectiva a las comunidades afrodescendientes e indígenas.
2.3 Detener la política de extranjerización de tierras; esclarecer las operaciones o transacciones que han permitido su extranjerización; revertir estas operaciones y que las tierras revertidas formen parte del fondo para la adjudicación y dotación de quienes no la tienen.
2.4 Iniciar, adelantar y culminar en el término máximo de un (1) año, los procedimientos de extinción administrativa de dominio de las tierras poseídas por campesinos, para luego adjudicarlas a éstos.
2.5 Detener la reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en todo caso no disminuir la extensión que actualmente está definida.
3. EXIGIMOS RECONOCIMIENTO A LA TERRITORIALIDAD CAMPESINA.
3.1 La delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su constitución.
3.2 Iniciar y culminar los trámites de delimitación y constitución de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios que las comunidades soliciten, en un término no mayor a un (1) año a partir de la solicitud.
3.3 La financiación y ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las Zonas de Reserva Campesina constituidas y las que se constituyan.
4. EXIGIMOS LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MINEROS TRADICIONALES Y PEQUEÑOS EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA MINERA.
4.1 Detener la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera del país, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.
4.2 Reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana.
4.3 Definición concertada con los mineros artesanales pequeños y medianos y las comunidades de un nuevo Código de Minas. Redefinir los tiempos máximos para la explotación minera, los mecanismos de mitigación de los efectos de esta actividad, los métodos para su realización y la participación nacional y local de los réditos económicos.
4.4 Construcción de una nueva ley de regalías que redefina la participación nacional y local de los beneficios económicos de la actividad minera.
4.5 Realización de estudios de viabilidad para cada uno de los proyectos mineros en ejecución y en proyección, como base para la toma de definiciones frente a la realización o continuidad de dichos proyectos. Estos estudios deben tener por base los efectos ambientales y sociales que la ejecución de cada proyecto acarrearía, así como el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.
4.6 Sujeción del desarrollo de actividades mineras a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, así como a Planes de Ordenamiento Territorial construidos participativamente y con atención a estudios sobre vocación del suelo.
4.7 Apertura de una discusión nacional sobre la propiedad del subsuelo.
5. EXIGIMOS SE ADOPTEN MEDIDAS Y SE CUMPLAN GARANTÍAS REALES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA POBLACIÓN RURAL.
5.1 Adopción por parte del Estado colombiano, de la convención de los derechos de los campesinos y las campesinas, aprobada en la reunión de la comisión de los Derechos Humanos de las ONU.
5.2 Participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del
Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.
5.3 Otorgar el derecho a la consulta previa, a las comunidades campesinas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico y en lo cultural.
5.4 Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación del desarrollo rural.
6. EXIGIMOS INVERSIÓN SOCIAL EN LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, SERVICIOS PÚBLICOS Y VÍAS.
6.1 Exigimos un plan pro
gresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica y media, superior y técnica.
6.2 Exigimos el nombramiento de planta docente.
6.3 Exigimos la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.
6.4 Exigimos partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, salud, producción, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y alcantarillado.
6.5 Exigimos se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado con un criterio social.
6.6 Exigimos la condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.
6.7 Devolución de las micro-‐centrales hidroeléctricas a las comunidades.
6.8 Exigimos una nueva tabla de tarifas justas de servicios públicos, que correspondan a los costos y no a la especulación.
6.9 Exigimos que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial.
6.10 Exigimos la destinación de recursos para el mejoramiento y construcción de vivienda urbana y rural.
Mientras se resuelva, el gobierno otorgará el derecho de arrendamiento mensual a la población de los asentamientos sin vivienda y quienes están en arrendamiento.
MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO
-‐MIA NACIONAL-‐
¡Por la vida y contra el desarraigo!
¡Viva el Paro Nacional Agrario y Popular del 19 de Agosto!
