{image}http://eldia.co/images/stories/250711/002.jpg{/image}El movimiento sindical está preocupado por la aplicación de la normatividad colombiana, porque cuando las leyes son incumplidas por los trabajadores les cae el imperio de la ley, pero cuando son las empresas las que cometen las violaciones, el estado no aplica la misma rigurosidad judicial.
Tarsicio Mora, Presidente de la CUT manifestó que en el sector minero-energético de Colombia, el cual es realizado por grandes multinacionales, no existe seguridad industrial en las minas y en los pozos de explotación para los trabajadores, las condiciones de higiene son pésimas y la destrucción del medio ambiente es total, pero el gobierno nacional los deja seguir operando tranquilamente.
En cambio, mientras los trabajadores petroleros de Puerto Gaitán realizaron varias jornadas de protesta pacífica, exigiendo sus derechos fundamentales y laborales como estabilidad, remuneración salarial, libertad de asociación, jornada de trabajo, entre otras, fueron tratados como delincuentes y se les dio un trato de guerra, aseveró Tarsicio Mora.
La CUT ha denunciado ante las autoridades nacionales como los Ministros de Minas y Energía, Medio Ambiente, Protección Social la violación sistemática de los derechos laborales, la Constitución Nacional y los convenios de la OIT en empresas como la Drummond, Frontino y otras multinacionales petroleras.
Aparte de violar las leyes nacionales, los aportes dados por las multinacionales a las comunidades donde ejercen su actividad extractiva no compensan los daños, donde se destruye el medio ambiente, la malla vial, la flora y la fauna, además se invaden tierras de los campesinos e indígenas sin ninguna compensación.
Por último, la CUT rechaza la utilización de la violencia contra el movimiento sindical como ocurrió la semana pasada en Puerto Gaitán, denunciando la falta de garantías existentes en Colombia para el ejercicio de la libertad de asociación y movilización, posición contraria a la del gobierno nacional, quien afirma en el exterior el respeto a los derechos humanos y laborales en nuestro país.