Carlos José Guarnizo Rico. Centro de Solidaridad. 28 de Abril de 2014
Las Federaciones Estatales, apoyadas por la Centrales Obreras ha propuesto al Gobierno Nacional la revisión del salario convenido en el acuerdo nacional del año anterior para la vigencia de 2014.
La inconformidad se origina en una creciente desigualdad respecto del salario mínimo. Desde el 2001 a la fecha los servidores públicos han perdido 12.83 puntos frente a los trabajadores a quienes se les aplica este salario mínimo. Esta tendencia se traduce en una presión hacia debajo de los ingresos de los empleados públicos, y se entendería un propósito de reducir la desigualdad nivelando por lo bajo. Sin embargo, la dirección real es un aumento de la brecha entre los grandes ingresos y los asalariados. Cuadro (1)
Miguel Montoya recuerda que el aumento del salario mínimo se acordó sobre la verificación de las variables acostumbradas: inflación, que para entonces se estimó en el 2,4 y el 2,5 por ciento para 2013 y un crecimiento económico del 4,2 por ciento. La inflación para 2014, según el Emisor, debería estar alrededor del 3 por ciento. Adicionalmente, se observó la productividad multifactorial sería del 0.8 % según el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, y la productividad laboral, que es la producción por número de ocupados o por horas-hombre, estaría creciendo aproximadamente el 1%. De otro lado, se calculó un crecimiento del empleo de 3%.
Si bien estos indicadores son referentes necesarios para construir el incremento salarial, no son suficientes. De ser así, bastaría una fórmula a la que se le introducen las variables y da el resultado inexorable. Ver las cosas así es incurrir en un reduccionismo que no consulta las realidades de la economía y la sociedad que son mucho más complejas.
La economía no es como lo pretenden muchos una ciencia lineal, donde dos más dos siempre es cuatro. El desarrollo económico está mediado por muchos más factores que no son considerados, algunos de ellos con una fuerte carga subjetiva. Las crisis económicas de los recientes tiempos se atribuyen no a los costos de la producción donde los salarios serían un factor negativo, sino a la reducción de la demanda por la falta de capacidad de compra de los trabajadores que, además, de ser trabajadores son consumidores. En este escenario el salario es un factor positivo porque permite crear demanda agregada, es decir, aumentar el mercado, las ventas y reanima la economía.
Esas cifras reflejan, también, una reducción de la participación de los trabajadores en el crecimiento económico. Las mayores utilidades se están yendo hacia el capital, léase los empresarios. Esta tendencia aumenta la desigualdad, no se traduce en desarrollo social y afecta la producción de bienes y servicios, no por costosos, sino porque la población no tiene recursos para adquirirlos. Joumard y Londoño-Vélez (2013) muestran que la desigualdad del ingreso se origina en gran parte en el mercado laboral y ponen de relieve los factores que la impulsan: los mismos incluyen una tasa de desempleo todavía alta, un sector informal muy grande y una amplia dispersión de los salarios en el sector formal. El magro desempeño del mercado laboral contribuye a mantener a mucha gente dentro de la pobreza o incluso en la extrema pobreza. Cuadro (2)
La consecuencia, según Alvaredo y Londoño, es que el 1% de la población representa el 20% del ingreso nacional. La concentración de la riqueza es aún más preocupante dado que ese 1% es propietario del 40% de ella, arrojando un GINI, o indicador de desigualdad de 59% el cual se ubica dentro de los tres países con mayor desequilibrio en términos de ingresos y riqueza.
En estas circunstancias es conveniente la revisión de los salarios de servidores públicos para producir un impulso a la economía, como quiera, que afecta positivamente cerca de 800.000 trabajadores con su consecuente impacto en el mercado, y en la redistribución del ingreso.
Actualmente, las federaciones estatales y el Gobierno con presencia de los Ministerios de Hacienda, Trabajo y la Función Pública discuten la conveniencia y posibilidades de dicho incremento. Los costos aproximados de la revisión que sería de 1.5% son del orden de los 210 mil millones de pesos, con un efecto al presupuesto general de la nación del 0.1%.
