La Central Unitaria de Trabajadores, que aglutina al mayor número de trabajadores organizados en Colombia, y a su vez, una de las más victimizadas dentro del movimiento sindical como consecuencia de la violencia antisindical sistemática y generalizada y, en muchas ocasiones sus dirigentes y afiliados víctimas como población civil del conflicto interno armado, nos hemos comprometido históricamente a reclamar la vía del diálogo como método para tratar los conflictos de todos los órdenes, económicos, políticos y sociales.
Esta línea de comportamiento viene desde la fundación y antecedentes de la Central. En diferentes etapas del debate político del país hemos participado activamente como constructores de paz y comprometidos con los procesos de solución política negociada que se han dado en el país, y aún en los momentos más difíciles de escalamiento de la guerra, siempre hemos terciado por ser actores del entendimiento nacional. Es así como recordamos experiencias donde la Central y nuestros sindicatos promovieron la Asamblea de trabajadores y trabajadores por la paz liderada por la USO y otras iniciativas de la sociedad civil, que desarrolló su última asamblea en diciembre de 2011.
La Central que tiene como objetivo primordial la defensa de los trabajadores, entiende que los derechos de los trabajadores no se desligan del interés general de todos los colombianos, es por ello que sin ser partícipe directo de los diálogos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, sí tenemos claro que nuestras opiniones y aspiraciones deben ser presentadas de cara a todo el país, y es en esas condiciones que hoy presentamos nuestras consideraciones sobre algunos de los aspectos que más afectan a nuestros representados y al país.
La problemática laboral es hoy una de las más álgidas del país toda vez que el desempleo, la informalidad laboral y la falta garantías para el ejercicio de los derechos de asociación, negociación y huelga son evidentes, somos uno de los países más desiguales del mundo, tenemos uno de los mayores índices de desempleo e informalidad del continente y uno de los salarios mínimos legales más bajos del continente.
Prolifera la tercerización laboral, el incumplimiento del pago del salario mínimo en la medida que más del 50% de los trabajadores del campo, ni siquiera se les reconoce dicho pago de ley, y en las zonas rurales la población tiene los más altos índices de pobreza, se desconoce la existencia de un contrato de trabajo indefinido y estable, sin dejar de señalar que el mayor arrasamiento de sus organizaciones sindicales a causa de la violencia ha ocurrido en el sector agrícola.
Reclamamos al Estado colombiano que en escenarios como la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales atienda y solucione la agenda presentada al gobierno de Juan Manuel Santos y que hasta el momento no se ha dignado discutir, y que ha tramitado y definido medidas unilateralmente sin tener en cuenta la opinión de los trabajadores.
Por eso, hoy insistimos en que los voceros válidos y representativos de la problemática laboral, somos los trabajadores y las Centrales Obreras, esta es la razón de por qué es indelegable nuestra vocería en estos temas.
En nuestro diagnóstico sobre las causas de la crisis política, económica y social que golpea inclementemente a los trabajadores y sectores populares, es responsable el modelo económico neoliberal que impuso la lógica del mercado y las políticas aperturistas para traer la competencia de naciones con desarrollos económicos sustancialmente mayores y de esa manera arruinar el país y destruir el empleo y el ahorro nacionales. Así como el desmonte de las obligaciones sociales del Estado y la generalización de las privatizaciones.
Consideramos que nuestra economía en el contexto internacional es débil, y por ello va a ser víctima de modelos económicos donde se imponen TLC, que han llevado a la quiebra a la producción nacional en sectores como el agropecuario, por la vía de la asfixia y debilitamiento de la soberanía económica con consecuencias catastróficas para el medio ambiente, la pérdida de la seguridad alimentaria, la flexibilización y precarización del trabajo, desconociendo el derecho a un trabajo decente y digno.
Frente a la violencia antisindical, y nuestras miles de víctimas individuales y colectivas, continuaremos movilizándonos y exigiendo al gobierno nacional la lucha contra la impunidad y el respeto a nuestros derechos, a la verdad, la justicia y la reparación integral y la no revictimización. Hoy sólo existe una afiliación sindical del 3.9% de la Población Económicamente Activa, PEA y Colombia está entre los países que más violan los derechos laborales y humanos de los trabajadores, situación que debemos transformar y superar de manera positiva.
Los campesinos y los trabajadores de la agroindustria, organizados en Fensuagro, Sintrainagro y otras organizaciones relacionadas con el sector agrario, han levantado propuestas frente a los temas de la tierra, la economía rural, el apoyo del Estado, y las condiciones laborales y de trabajo en las zonas rurales, hasta las de carácter ambiental y de la soberanía alimentaria.
Con relación a la “solución al problema de las drogas ilícitas” presentamos algunas consideraciones y propuestas: se deben tener en cuenta las opiniones de la comunidades y las organizaciones afectadas por este fenómeno; consideramos que la política conocida como guerra antidrogas ha fracasado y continuará fracasando por tener un énfasis militar y represivo, que no acaba las causas del problema, frente a lo cual proponemos que en medio de una deliberación nacional e internacional se revalúe esta política y se busquen otras soluciones, para ello planteamos que el Estado debe asumir el control de la producción con el fin de que se le dé un uso medicinal y de atención preventiva en salud pública, que el Estado asuma la creación de programas de atención de la población afectada y campañas de prevención a la drogadicción; que se establezcan políticas de apoyo a la producción agrícola campesina y programas de sustitución de cultivos ilícitos contando con la participación de las organizaciones agrarias; construir una política soberana que lleve a eliminar nacional e internacionalmente, el mercado de las drogas ilícitas.
La CUT está por que se establezcan las garantías para el ejercicio, tanto de la democracia, como de la oposición política, este tema tiene un aspecto sustancial, que es el respeto a la vida para toda opinión y la proscripción de los asesinatos de cualquier líder social o político. Colombia requiere construir y ampliar la democracia, establecer un Estatuto de la oposición, dar suficientes garantías para los partidos políticos, eliminar las restricciones a las libertades democráticas incluida la protección del derecho a la protesta social.
La CUT no aspira estar en la mesa de negociaciones acordadas entre el gobierno y la insurgencia; nuestra aspiración es poder, conjuntamente con el movimiento social del país, agitar nuestras reivindicaciones económicas, sociales y políticas que el gobierno deben dis
cutir y negociar con el movimiento sindical y social en los escenarios institucionales y constitucionales establecidos y los nuevos que se precisen, como contribución para alcanzar la resolución de los problemas centenarios que aquejan al país.
Bogotá, 23 de octubre de 2012
DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente
WITNEY CHAVEZ SANCHEZ
Secretaria General
