Informativo CUT, 12 de Diciembre de 2014
Partiendo del hecho indiscutible de la realización de un proceso de paz en ciernes que mayoritariamente apoyamos y compartimos con la opinión nacional, organizaciones y sectores sociales, partidos y organizaciones políticas del país, y respaldan importantes países de la órbita mundial; nuestra Central Unitaria de Trabajadores ratificó su apoyo irrestricto a éste, según consta en la declaración política producida en su VI Congreso Nacional realizado recientemente en la ciudad de Santa Marta.
Esta decisión se cimenta en la determinación histórica de impulsar la realización de una salida política negociada al conflicto armado interno que ha padecido nuestro país por más de 50 años.
Con todas las consideraciones de tipo político, económico y social que devendrían en mejores condiciones para el ejercicio de la actividad sindical y espacios democráticos por todo el pueblo colombiano, es pertinente advertir sobre nuevas circunstancias de tipo económico que pueden afectar de manera directa esa gran expectativa positivista que produciría este proceso de diálogo que se desarrolla en la Habana.
Estos elementos se constituyen en las cartas a jugar de la mejor manera por los negociadores en la mesa de la Habana porque de ello dependerá en últimas un proceso exitoso ahora y una etapa de post-conflicto viable y satisfactorio en el futuro que sustente una paz estable y duradera para todos los colombianos.
Cualquiera sea el resultado final de éste proceso de negociaciones, si es pertinente destacar que en la base de un posible acuerdo final en esta vía, las circunstancias y condiciones económicas del país son determinantes para su éxito real, entendiendo que se requieran grandes recursos para satisfacer una etapa de realizaciones que nos conduzcan a un estado de post-conflicto que sea la consolidación de esa paz que todos queremos y esperamos.
Es meritorio entonces reconocer que algunas de las variables de la macroeconomía mundial se han movido alterando de alguna manera el estado de expectativas del proceso de paz desde su arranque en 2012 con respecto a las circunstancias económicas de hoy. Veamos algunos datos expuestos por algunos expertos y conocedores sobre el tema:
Según datos de la revista semana, cuando Juan Manuel Santos se embarcó en el proceso de paz, era presidente de un país boyante que figuraba como la nueva estrella del continente americano. “ En 2011, cuando apenas se daban los acercamientos con las FARC, el país batía todos los records en materia económica, la tasa de desempleo bajó a un dígito, las exportaciones superaron los 50.000 millones de dólares y la inversión extranjera directa los US 13.000 millones con un crecimiento de más del 50% en un año. En materia petrolera, el país se acercó a producir un millón de barriles diarios y el precio del crudo tocaba los 120 dólares por barril, lo que disparaba las utilidades de Ecopetrol… estó llevó a tener una economía fulgurante en 2011 con un crecimiento del 6%, que por muchos años no se repetía; las agencias calificadoras de riesgos le acreditaron muestra de confianza en la economía a nuestro país”.
Ese auge en ese momento obedeció además a una coyuntura internacional de toda América Latina que navegó en la bonanza de los precios altos de las materias primas de exportación gracias a la fuerte demanda de China y la India. “Este buen ciclo económico permitió que la pobreza y la inequidad se redujeran en todo el continente y que la clase media creciera”.
Hoy se ha efectuado un nuevo viraje en la coyuntura internacional que según entendidos la región crecerá este año alrededor del 1% y el próximo al 2%, los precios de las materias primas básicas de exportaciones se han reducido considerablemente desde aquella época hasta hoy. Esto nos indica que difícilmente Colombia podría evitar el ciclo de reversión de su economía y éste es el telón de fondo económico con que se tendría que estimar la esperada etapa de post-conflicto, si el proceso de negociación es fructífero y las tendencias económicas se mantienen.
El principal problema para Colombia que se sustenta en una economía extractiva de exportación fundamentalmente, siendo el petróleo y otros minerales como el Carbón y Níquel sus principales fuentes, es que los precios internacionales se han venido a menos y en el caso del petróleo existen grandes dificultades en la producción que no cumplirán con la meta de un millón de barriles diarios que se había fijado Ecopetrol para este año. Al tiempo China como comprador de los comoditties necesita menos materias primas actualmente por efectos de la crisis económica, donde el ritmo de recuperación mundial es muy débil.
Este panorama nos ubica en unas nuevas condiciones que tiene que saber manejar el gobierno al momento de hacer planeamiento de crecimientos de su economía en marcos reales y de cara a los compromisos sociales, políticos y sobre todo económicos que representa ésta apuesta por la paz.
Los expertos coinciden en que la financiación del post-conflicto (de darse) requerirá de “mucha imaginación” para poder “cuadrar caja”, ante la nueva realidad económica y con ello fortalecer el ingreso de las finanzas nacionales. Esto sería con actos fiscales como reformas tributarias y variantes como extensión del 4 x 1.000 y aumento del IVA, entre otras medidas.
A la luz de los tres puntos parciales de acuerdos de la Habana y donde el tema del agro es de los más gruesos, algunos economistas y expertos en negociación, luego de revisar cifras y condiciones de hoy han expresado que las cuentas no cuadran, sobre todo si se mira el compromiso de reparación de las víctimas y otros renglones para la “Colombia en paz, con equidad y educada” que el presidente se ha propuesto; esta se tiene con obras públicas de infraestructura, la vivienda y la educación para lo cual el plan de desarrollo que se presentará a aprobación del Congreso debería contemplar según Juan Camilo Restrepo, exministro de agricultura, unos 9 billones de pesos por 10 años, solo para atender el tema agrario.
El Bank of American en un análisis, calcula el costo del post-conflicto en unos 187 billones que es casi la mitad del PIB del país y que de esta cifra la mitad correspondería al programa rural y otra cifra significativa a pagos de reparación.
El gobierno para evaluar las verdaderas posibilidades del estado colombiano de cumplir con el diseño de un programa de reparación de víctimas del conflicto hecho por la Unidad de Reparación en cumplimiento de la ley 1448 de 2011 encargó a la Universidad de Harvard, con larga experiencia en procesos de reparación en más o menos 45 países, concluyendo que “ningún tipo de esfuerzos de la Unidad de Reparación será suficiente sin el apoyo financiero y político del gobierno y de la sociedad en su conjunto. Habrá que hacer corresponder la política de reparación a la política macroeconómica del país y ajustar el presupuesto a la realidad”.
Fondo para financiación del post-conflicto y apoyo político internacional.
Esta panorámica descrita lanzó al presidente Santos al diseño del denominado “Plan Marshall por la Paz”, consistente en conseguir apoyos financieros y políticos internacionales, crear un fondo postconflicto, para lo cual realizó una gira por los principales países europeos y Norte América.
Este Fondo está “destinado a atender compromisos sociales en más o menos 368 municipios focalizados que afectan a más o menos 15 millones de colombianos que han sufrido la guerra por acción directa o por acción refleja en el país”. El resultado de la primera gira por las principales ciudades europeas fue de un relativo éxito en apoyo político que le generó un ambiente favorable al proceso de paz, no tanto en lo económico, donde logró créditos de más o menos 100 millones de euros desembolsables en 3 años, aclarando que no es una donación.
Otros países están atropellados por efectos de la crisis económica y en peores condiciones que Colombia. USA dice que apoya el proceso desde 3 programas: Cooperación al desarrollo, estabilidad y paz; y democracia y derechos humanos todavía por definir. Todo esto se incorporaría al Plan Nacional de Desarrollo a aprobar en el Congreso.
Según los expertos en economía, en el mejor de los casos la cooperación internacional no llegaría a cubrir el 5% requeridos para el post-conflicto.
Fácil entender entonces que el esfuerzo principal del gobierno se dirige a buscar alternativas que implicará mayores sacrificios para los colombianos, que va más allá de cubrir el hueco de los 12.5 billones de pesos del presupuesto de 2015.
Las medidas tradicionales de los gobiernos nacionales en momentos de crisis se reducen a tres tipos:
- Austeridad en el gasto público
- Aplicación de nuevas reformas fiscales y
- Nuevos créditos a la Banca Mundial
Lo que significa un nuevo apretón en inversiones, encogiendo las metas de los diferentes programas en desarrollo, tributo fiscal más alto y a más largo plazo y mayor endeudamiento a la Banca Mundial en detrimento de nuestra soberanía nacional.
Proceso de paz y movimientos sociales
Descrita la situación como está, es fácil inferir que los colombianos estamos advertidos que si queremos un país en paz, en iguales o peores condiciones a las actuales, nos toca contribuir con una política de austeridad y sacrificios en las posibles medidas y acciones de ajustes y apretones que se advienen, para lo cual cuenta el estado con su herramienta de oro: la regla fiscal, para preservar la seguridad económica nacional.
Esto significa por otra parte, que las diferentes organizaciones y sectores sociales pendientes de compromisos por cumplir y otros con agendas de discusión estamos sometidos a la misma suerte ! En riesgo de cumplimiento quedan los acuerdos producto de las luchas agrarias, de la salud, de la educación, sector estudiantil, la justicia y otros.
Temas como la discusión del salario mínimo con los trabajadores y los conflictos en desarrollo que en la actualidad libran sus organizaciones sociales están cruzados por grandes tensiones como grandes son los intereses en confrontación en ésta coyuntura actual.
Reconocemos en el gobierno de Santos la decisión de atreverse a realizar con las FARC un proceso de negociación que nos pueda conducir a una nueva etapa de paz que anhelamos todos los colombianos y puede extenderse al ELN y EPL. Creemos que trabas y obstáculos políticos y orden público hasta ahora sorteados, se corresponden con ese propósito.
Somos conscientes que desarrollar un proceso de paz en un país con un conflicto añejo de más de 50 años con medidas de estado es muy difícil, pero sobre todo muy importante, necesario y definitivo para la paz social y política de todos los colombianos en general.
En este sentido las y los colombianos y sus organizaciones sociales, no sólo deben saludar este hecho de paz, sino favorecerlo con todas las herramientas naturales y legales con que cuentan.
Desde la CUT es esto lo que hemos definido y en eso nos esforzamos por contribuir, dejando claro que no podemos ni debemos desprendernos de nuestra misión, principios y objetivos naturales de defender los sagrados derechos de los trabajadores; dignificar su papel como miembros activos de una sociedad democrática, como bastión de la economía sobre la cual subsiste el resto de la población de nuestra patria.
El movimiento social colombiano y el movimiento sindical en particular debe entender y tener claro que una situación de crisis como la actual que tiende a empeorar es responsabilidad del gobierno, a quien le corresponde entonces resolverla con políticas de estado, poniendo de presente su capacidad y talante en la búsqueda de salidas adecuadas, entendiendo que en la base de las causas de la crisis está la histórica responsabilidad política de su origen. Por lo tanto en la solución de la problemática actual y la profundización de ella no se puede pretender afectar los derechos sagrados y universales de los trabajadores traducidos en prácticas de trabajo decente y vida digna, por lo cual debemos estar en la mejor disposición de lucha por nuestros nobles derechos, con las herramientas históricas de la clase trabajadora: unidad, organización y lucha y sus variantes tácticas del paro, la huelga, la movilización y la protesta en un marco civilista y democrático.
JORGE ALVIN ANAYA MARTINEZ
Director Departamento de Finanzas y Tesorería
