Bogotá, 1 de mayo de 2020
En todo el mundo se conmemora el primero de mayo, Día internacional de la Clase Obrera, en medio de la pandemia del coronavirus que ha ocasionado el confinamiento de más de la mitad de la población mundial y obligado a una movilización virtual sin antecedentes. La pandemia ha agudizado la crisis económica mundial que se veía venir desde finales del año pasado producto de la superproducción de mercancías y el gran sobrante de capital, que ha desatado la pobreza, el saqueo de los recursos naturales y la extorsión financiera sin límites.
En 1886 los trabajadores norteamericanos realizaron una portentosa e histórica movilización y huelga por la jornada laboral de 8 horas, triunfo que costó la vida de siete dirigentes obreros de Chicago, condenados a la ahorca por haber desafiado a los poderosos del capital contra la superexplotación de la mano de obra por 16 y más horas diarias, en honor a esta conquista emblemática del proletariado mundial, se erigió el primero de mayo como el día internacional de la clase obrera, fecha que conmemoramos hoy en el 2020, reclamando todavía los derechos de los trabajadores conculcados a cual más en la época del capitalismo monopolista, el imperialismo, que ha generado la tremenda desigualdad de otorgar al 1% de la población del mundo el control del 50% de la riqueza producida, y el 70% de la población mundial solo recibe el 2,7% de la riqueza creada por millones de trabajadores del orbe.
El escenario internacional muestra la realidad de la situación dominante y desafiante de los Estados Unidos frente al resto de naciones y pueblos del mundo, imponiendo su poder económico y militar para sacar adelante sus políticas, Donald Trump ha esgrimido su lema de América Primero, para proceder a tomar decisiones de toda índole pasando por encima de acuerdos bilaterales y multilaterales, desconociendo la legislación internacional y llegando a la utilización de la fuerza militar para imponer su ley como gendarme del mundo, que le permite el saqueo, dominación y explotación de pueblos y naciones, tomando recursos naturales y materias primas e imponiendo reglas laborales para obtener mano de obra barata. El resto de las naciones reacciona de diversas formas en resistencia contra las tropelías norteamericanas ejerciendo el derecho a la resistencia contra la potencia agresora, elemento distintivo hoy de los Estados Unidos.
Colombia, desde hace 30 años viene aplicando por orden de Washington la política de libre comercio, apertura económica y globalización. Las recetas del FMI, el Banco Mundial, la OCDE y los TLC, han sido la constante en la vida económica y social de la nación, los resultados no pueden ser más devastadores, onerosa deuda pública que genera intereses a pagar este año de 60 billones del presupuesto nacional, destrucción
del aparato productivo nacional, limitándolo a la gran minería extractiva y la gran plantación, somos el tercer país más desigual de América, ingreso per cápita de 7 mil dólares anuales, frente a 62.700 dólares per cápita de Estados Unidos, crecimiento del PIB en 3,3%, enfatizado en el sector financiero y el comercio que no producen riqueza sino que se la apropian. Los derechos de los trabajadores han sido arrebatados de manera sistemática desde 1990 hasta la fecha, con la expedición de la ley 50 del 90 de reforma laboral, la ley 100 del 93 sobre salud y seguridad social, y todo el sartal de medidas reguladoras del trabajo, colocándonos en una de las peores condiciones del continente, según datos de febrero, antes de la crisis, en Colombia hay 22 millones de personas ocupadas, 15 millones en la informalidad, 8,5 millones en la formalidad, 3 millones en el desempleo. Los trabajadores formales con bajos salarios e inestabilidad laboral permanente, con vinculación tercerizada, órdenes de prestación de servicios, contratos a término fijo, y condiciones esclavistas como el trabajo sin remuneración entre otras.
La CUT desde el inicio de la emergencia económica y sanitaria ha levantado la bandera de defensa de la salud, la vida, el empleo y las empresas. Debe el Estado garantizar los dineros que sean necesarios para que el sistema de salud y sus trabajadores puedan afrontar en condiciones favorables la lucha por atender y controlar el Covid 19, debe el Estado proporcionar a toda la población vulnerable confinada los alimentos y dineros que le permitan no padecer de hambre, debe el Estado asumir el subsidio para el pago de la nómina de trabajadores mientras dure la emergencia y proveer de capital suficiente a las empresas para evitar su quiebra, no como prestamos sino como subsidios. Todo lo anterior sin la intermediación financiera, deben ser giros directos del Estado.
Aprovechando la emergencia del coronavirus, el gobierno de Iván Duque ha expedido un paquete de decretos con fuerza de ley que en materia económica y laboral lo que hacen es darle todas las gabelas al sector financiero, las grandes multinacionales y somete a los trabajadores a condiciones mucho más desventajosas que las ya existentes en las normas antilaborales, otorgándole el abaratamiento sin límites de la mano de obra, la inestabilidad en los puestos de trabajo y la informalidad casi total del mercado laboral, además de apuntalar una nueva reforma pensional regresiva. En el mismo sentido, sus medidas económicas condenan a las empresas nacionales a la quiebra inminente, a la desaparición del escenario productivo nacional y no al salvamento de ellas para garantizar el mantenimiento de la nómina de empleados, y permitir su existencia después de la emergencia, de igual manera se debe impulsar un plan vigoroso de salvación del sector agropecuario para recuperar la soberanía alimentaria que tanta falta nos hace en estos momentos de crisis, y a futuro, no depender del extranjero en tan vital y estratégico sector. Para agravar más la precaria situación existente, Duque y Carrasquilla anuncian una nueva emergencia económica para seguir su comportamiento dictatorial en la economía.
La lucha por la soberanía y a democracia se constituye para los trabajadores colombianos como la bandera principal que hoy primero de mayo enarbolamos como única condición que garantice la construcción de una nación que pueda desarrollar el aparato productivo nacional en beneficio de millones de colombianos y no como lo es hoy, un objeto del saqueo y la súper explotación de los recursos naturales y la mano de obra en beneficio de los intereses del capital financiero internacional y las multinacionales principalmente norteamericanas. Contamos con las condiciones materiales y las gentes laboriosas que producen día a día las riquezas suficientes para hacer de Colombia un país próspero que irrigue bienestar para todos sus habitantes.
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