{image}http://eldia.co/images/stories/240811/006.jpg{/image}El proyecto de ley que crearía un “seguro al desempleo”, cursa en el congreso de la República como una iniciativa que pagaría por 6 meses el 90% del último salario devengado, siempre y cuando se halla trabajado formalmente durante la totalidad del ultimo año.
Según Mauricio Lizcano senador del partido de la U que impulsa la propuesta, la medida cobijaría solo a aquellos trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales. El seguro seria manejado por los fondos de pensiones y operado por las cajas de compensación. La medida busca que la capacidad adquisitiva no disminuya cuando aumenta el desempleo, lo cual, en últimas, genera más el desempleo, señalo el senador.
Para Francisco Maltes, Secretario de Comunicaciones de la Central Unitaria de Trabajadores-CUT, si bien la propuesta de ”seguro al desempleo” vista desde lejos suena interesante, la misma se debe dar desde “un gran acuerdo nacional en la comisión nacional de concertación, entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios”, con el fin de generar una política de generación de empleo en el país que haga énfasis en el empleo productivo, estable, que garantice las prestaciones sociales, el bienestar y la mejora de la calidad de vida de la población trabajadora, lo cual, a su vez, permitirá el desarrollo de la economía colombiana. El problema que vive Colombia en cuanto al desempleo y el subdesarrollo no se arregla con pequeños subsidios, que entre otras cosas están llenos de trabas para acceder y cobrar, sino con una propuesta seria de empleabilidad y desarrollo para la nación.
De otra parte, frente a la propuesta hecha por el Sistema de Universidades Estatales (SUE) en la cual se planteó que la contribución parafiscal en lugar de tributarse se invirtiese en los centros educativos en programas similares a los del Sena y las cajas de compensación (como en la actualidad se hace con los parafiscales), Maltes no solo rechazó la medida, sino que recordó que la lucha que se debe dar en el sector educativo público es por el aumento de recursos por parte del gobierno nacional, con el fin de permitir no solo aumentar las cifras de cobertura sino también aumentar los estándares de calidad.
La propuesta del SUE generó el rechazo de otras organizaciones como la CGT y Asocajas, quienes manifestaron que el sistema de subsidio familiar es universal para todos los trabajadores, independientemente de su ubicación laboral en el sector publico o privado, toda vez que señalaron que no se puede permitir que se debiliten las finanzas de las entidades educacionales ni tampoco que se desmonten los aportes parafiscales que en la actualidad permiten la inversión en el ICBF, el SENA y las cajas de compensación familiar.