¡Que esta crisis no se descargue sobre los hombros de la clase trabajadora!

Bogotá, 7 de abril de 2020 

Edilberto C. Castro.

Politólogo, afiliado al SUNET-CUT y asesor sindical.

Para absolutamente todos fueron una sorpresa los impactos del Covid-19, la rapidez con que se convirtió en una pandemia y las graves consecuencias que ocasionaría en el mundo. Lo que no sería sorpresa era entender que la crisis económica, social y de salud pública producto del Covid-19 agravaría la ya difícil condición que vive nuestro país por la decisión de entregar nuestra soberanía a los intereses de los Estados Unidos y el gran capital financiero internacional: privatizaciones, un débil aparato productivo tanto agropecuario como industrial y una creciente informalidad laboral.

El Gobierno de Iván Duque ha actuado de manera tardía antes los graves acontecimientos y ha sido la presión de los gobiernos locales y de la ciudadanía la que lo ha obligado a actuar. A pesar de que el origen del contagio exigía tener fuertes controles en el aeropuerto, tardíamente fueron cerrados y el aislamiento obligatorio también fue decretado luego de varias iniciativas locales. No contento con eso, las prioridades presupuestales de Duque no se dirigieron a trasladar recursos para los entes territoriales y aumentar la posibilidad de atender población vulnerable, sino en mantener la estabilidad fiscal y garantizar la liquidez del capital financiero como lo demostró con la expedición del Decreto 444 del 2020.

El necesario aislamiento social que requiere el tratamiento de esta pandemia ha generado consecuencias económicas negativas a la ya grave situación de la producción y el empleo nacional. En 2019 tuvimos una tasa de desempleo de 10,9% y para febrero de 2020 ya se encontraba en 12,2%, todo esto sin empezar la crisis por el Covid-19. Y la informalidad continúa siendo alarmante, en 2019 el 63% de los colombianos no cotizaban a pensión y de los restantes 8’300.000 trabajadores que aportan, apenas el 29% cotiza los 12 meses del año.

Entendiendo ese contexto y con la nueva situación del virus, la CUT le dirigió una carta al presidente Duque exigiendo respeto de los derechos laborales; atención inmediata a la población vulnerable; alivios económicos en servicios públicos y arrendamientos para la ciudadanía; garantías tributarias, subsidios blandos y programas de salvamento para que las pequeñas y mediantes empresas puedan sostener su nómina; así como suspender inmediatamente las exenciones tributarias del actual PND y las últimas reformas tributarias.

Pero el balance en términos laborales ha sido desastroso, las circulares del Ministerio del Trabajo han sido un simple saludo a la bandera que dista mucho de lo que viven día a día los trabajadores. Las grandes empresas no están priorizando las alternativas de trabajo en casa, teletrabajo u horarios flexibles y las que se encuentran activas no están respetando los protocolos de protección o no están otorgando los necesarios equipos de protección personal.

Por otra parte, aun cuando la Circular 022 de 2020 afirma no haber permiso de despidos colectivos de trabajadores, ni de suspensión de contratos laborales, son permanentes las denuncias de trabajadores y trabajadoras a los que se les violan sus derechos laborales de esta forma. Igual sucede con la prohibición a coaccionar a los trabajadores para tomar licencias no remuneradas, que es pasada por la faja todo el tiempo. Es evidente que el Ministerio no está desarrollando de manera eficaz su tarea de fiscalización para impedir abusos de los empleadores.

También vale la pena referirse a la decisión del Ministerio de autorizar a los empleadores a notificar con un día de anterioridad la decisión de enviar a vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas a los trabajadores, al igual que permitir el retiro de cesantías para quienes certifiquen una disminución de su ingreso mensual. Estas dos decisiones desnaturalizan la esencia de las herramientas que se ha ganado el trabajador fruto de su esfuerzo y demuestran que el Gobierno Nacional definió como política que la crisis sea descargada en los asalariados.

Pero lo que resulta aún peor es que con el chantaje de conservar los puestos de trabajo, el Gobierno Nacional, la oligarquía colombiana, los gremios y los banqueros ya están promoviendo la Reforma Laboral que se les quedó enredada tras las masivas movilizaciones del año pasado. El Ministro de Trabajo ya se refirió públicamente a la posibilidad de que los empleadores y los trabajadores lleguen a un acuerdo para revaluar los salarios y las cláusulas contractuales. Fenalco se pronunció solicitándole al Ministerio una autorización para “modificar temporalmente las condiciones de los contratos laborales” y representantes de gremios económicos pidieron a Duque “flexibilizar el mercado laboral y permitir la contratación por horas” Todo esto, en vía del ya conocido argumento neoliberal de que los costos del empleo en Colombia son demasiado altos

Al tenor de estas propuestas ha estado Germán Vargas Lleras, que en dos de sus columnas de El Tiempo ha sugerido que adoptar de inmediato medidas como “flexibilizar los contratos” “renegociar las condiciones laborales” así como “la contratación por horas”, todas medidas que como el mismo lo menciona “serán de mal recibió, pero preferibles a una masacre laboral».

 El movimiento sindical debe estar vigilante en este periodo de preservar en todo momento los derechos laborales adquiridos y denunciar cualquier intención de reducir los salarios, ingresos o derechos puesto que, hoy más que nunca, el mínimo vital se encuentra íntimamente relacionado con la garantía del derecho a la salud y el respeto por la vida de nosotros y nuestras familias. Pero sobre todo, debemos ser conscientes de la naturaleza de este gobierno y comprender que incluso en medio de esta crisis, intentarán avanzar en su propósito de pauperizar el empleo a través de regresivas reformas laborales.