César Augusto Moreno Monastoque
Fiscal Sindicato de Empleados del Sector Social – SIESSOCIAL
Profesional especializado Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
En un país donde claramente no existe espacio para las voces críticas, donde el discurso de soluciones definitivas de quienes lo dirigen se expone a manera de monólogo excluyendo de los espacios de diálogo a quienes tienen perspectivas diferentes, tal vez considerando que cualquier atisbo de discusión argumentada tiene como único objetivo la confrontación en lugar de la construcción y contribución colectiva en democracia, se consolida una suerte de unidimensionalidad de las visiones de desarrollo que no permite ampliar las perspectivas pero tal vez sí, justificar lo que con la fuerza de la costumbre se ve como idóneo. Este ha sido el talante de un gobierno que administró desconociendo las necesidades de la población, el diálogo, la integridad de la función pública y a la propia paz a la que intentó hacer trizas, en todo caso, atacando a las instituciones originadas del acuerdo como si fueran en sí, un elemento subversivo estructurado para garantizar impunidad.
En este contexto, el señor director (e) del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Pierre García, a inicios del mes de mayo expuso ante los servidores de la entidad, las cifras de pobreza y desigualdad publicadas por el DANE advirtiendo lo incontrovertible que ellas en sí mismas son, pero olvidando lo discutible que puede ser su interpretación. Y es que, para explicar el comportamiento en el tiempo de un fenómeno como el de la pobreza, deben existir elementos técnicos que validen la incidencia que posibles variables tienen sobre su comportamiento, teniendo en cuenta que las cifras solo se aproximan a la descripción de una realidad, pero no a su explicación. En este sentido, más allá de los valores en montos de inversión de los que hace alarde el señor director, los cuales no indican resultados y menos puede llegar a considerarse como un logro per se, debe precisarse con un estudio riguroso, el nivel real de impacto de los programas a cargo de la entidad, sobre las cifras reveladas, así como un análisis de contexto que requiere una situación tan compleja y multidimensional como lo es la pobreza y, sobre todo, la desigualdad.
Sobre el comportamiento de la pobreza, observamos que, a partir del año 2019, previo a la pandemia, ya se rompía la tendencia lenta pero decreciente de los niveles de pobreza desde casi una década atrás, al contrario de lo que afirmó el director mencionado, respecto a los logros que este gobierno ha tenido al respecto desde su propio comienzo. Para ese mismo año, la pobreza en Quibdó, casi duplicaba, con un 60,9%, el promedio de todas las cabeceras del país (32,3%). En cuanto a la intensidad o brecha de la pobreza, entendida como la cantidad de dinero que requiere una persona que se encuentra debajo de la línea de pobreza para alcanzar dicho umbral, ésta aumentó un punto porcentual de 2018 a 2019, siendo 1,7 veces mayor el valor encontrado en la ruralidad respecto de la zona urbana, lo que quería decir que un ciudadano del área rural, debía esforzarse el doble para lograr superar su situación, lo que se hace muchas veces más difícil, atendiendo a las precarias condiciones de infraestructura que presenta el campo y las altas tasas de desempleo y empleo informal (reproducciones de trampa de pobreza).
Con respecto a la pobreza extrema, hubo un aumento generalizado en el año 2019 de 1,4 puntos porcentuales respecto del 2018, pero la incidencia en la zona rural fue casi 3 veces superior a la del área urbana. Para el año 2019, 729.000 personas entraron al grupo poblacional que padecen el rigor de la pobreza extrema, alcanzándose una cifra de 4.680.000 colombianos en esta situación. Según el informe Panorama Social de América Latina 2019 elaborado por la CEPAL, Bolivia y Colombia para ese año eran los países latinos con la mayor tasa de pobreza extrema, esto, frente a las estimaciones oficiales internas en las que supuestamente ocupaba el cuarto lugar. Frente a este desolador panorama que eclosiona en el primer año del gobierno Duque, se hace manifiesta la necesidad de evaluar con absoluta precisión el grado de impacto de los programas y sobre todo, el nivel de sostenibilidad de los mismos, para que quienes salgan de la situación de pobreza no permanezcan en la de vulnerabilidad ni recaigan nuevamente en dicha situación, lo que exige además una política integral, intersectorial que se ha rehuido abordar con seriedad, propuesta que se irá desarrollando en las posteriores publicaciones sobre las políticas de pobreza y desigualdad en el país.
