{image}http://eldia.co/images/stories/050911/003.jpg{/image}En el marco de la jornada mundial por el trabajo decente, los trabajadores del sector público adelantaran un cese de actividades en defensa de la estabilidad laboral y la negociación colectiva.
La declaración fue concertada con las diferentes agremiaciones que hicieron presencia en el encuentro nacional extraordinario de sindicatos estatales realizada la semana pasada en Bogotá.
Según declaro Francisco Maltés, secretario de comunicaciones de la CUT, pese a que la lucha organizada de los trabajadores estatales, la coyuntura nacional e internacional, y el respaldo de la opinión publica internacional han permitido importantes logros para el sector, como el compromiso presidencial de erradicar la tercerización laboral, garantizar la negociación colectiva en el sector publico y sancionar penalmente a los empleadores que obstaculicen la actividad sindical, así como la campaña de la Procuraduría General de la Nación en promoción del derecho de asociación, el gobierno también ha incumplido numerosas promesas y acuerdos, como en lo que respecta a los trabajadores provisionales del sector publico y su vinculación a la planta de personal del mismo.
Se debe entender que asistimos a la profundización del modelo económico emanado del consenso de Washington, según el cual se incentiva la disminución del tamaño del Estado, la reducción general de los aranceles, se brinda mayor libertad de movimiento al capital extranjero y se incrementa la informalidad laboral.
En ese sentido se debe comprender el accionar político de Santos quien, por medio de leyes como la de “Sostenibilidad fiscal” se encarga de limitar la inversión social y de poner freno al paquete legislativo que, en apariencia es progresista para la agenda nacional, como la el caso de la ley de tierras.
Es claro que en el modelo económico mundial Colombia ocupa el lugar de proveedor de materias primas, lo cual si bien genera una ficción de bienestar poblacional en el corto plazo, en el mediano y largo plazo solo deja negativos impactos ambientales, sociales y culturales, toda vez que no existe una política de inversión clara en el desarrollo regional y nacional, mas allá de la extracción minera.
Dado que las problemáticas para los diferentes sectores sociales se agudizan, y los mismos asumen una actitud critica, propositiva y de lucha por sus reivindicaciones, el sector de trabajadores estatales no puede ser inferior al momento coyuntural que le reclama.
El 7 de octubre será el inicio de una jornada que busca no solo defender las condiciones dignas de trabajo de los estatales, sino defender un modelo de Estado que garantice realmente el bienestar económico, social, político y cultural de las mayorías poblacionales.
