{image}http://eldia.com.co/images/stories/041212/003.jpg{/image}El pasado martes 9 de abril en el congreso de la república se realizó una audiencia pública sobre la subasta de la tecnología 4G que desde hace varios meses ha tenido en vilo a empresas multinacionales, al gobierno nacional y a las organizaciones sindicales y populares quienes ven esta subasta como una disputa por la soberanía.
La subasta 4G es la entrega a los operadores de telefonía celular el espectro electromagnético del país para ofrecer la tecnología de cuarta generación a los usuarios, básicamente para que se pueda transitar desde el teléfono celular más velocidad en internet es utilizada banda ancha. Esta subasta es el futuro del sector tecnológico en Colombia, lo que lo convierte en un asunto de soberanía nacional pues se debe usar el espectro electromagnético que hace parte del territorio nacional como un bien público de todos los ciudadanos.
Lo que plantea el gobierno es que a través de una subasta se entregue este bien público, es decir quien ofrezca más dinero en la puja se quedará con la soberanía nacional. Los senadores asistentes a la audiencia definieron tres cosas: primero, el espectro electromagnético es un bien público entre tanto debe encaminarse a satisfacer una política pública en materia de comunicaciones que garantice la libertad en igualdad de condiciones de acceso tanto de los usuarios como de los operadores a dicho bien común. Segundo, se denunció que el país actualmente está inmerso en un oligopolio de empresas transnacionales de las comunicaciones, Claro y Movistar quienes controlan cerca del 80% del sector lo que anualmente les deja ganancias por cerca de 50 millones de dólares, lo que hace inviable la ampliación de la cobertura a los sectores populares pues las altas tarifas son impagables. Y en tercer lugar el servicio monopólico de las empresas transnacionales ha llevado a que el servicio prestado sea de pésima calidad y con costos altísimos.
La subasta iniciará en el mes de junio en cabeza del Ministro Diego Molano quien ha trazado parámetros que están diseñados para entregarle la soberanía nacional a las empresas Claro y Movistar. “Las organizaciones sociales y algunos senadores de la oposición están exigiéndole al gobierno nacional no entregarle esta tecnología a las empresas multinacionales pues estaría acabando por un lado con las empresas públicas como la ETB y además estaría incurriendo en una acción anticonstitucional” explicó Alberto Bejarano, Asesor del Senador Alexander López.
