{image}http://eldia.co/images/stories/250711/006.jpg{/image}La segunda caravana en contra de las empresas trasnacionales y los monopolios nacionales, manifestación social convocada por la CUT y otras organizaciones sociales y políticas, fue victima de la persecución y amedrentamiento que se hace común sobre la protesta social en Colombia.
El evento desarrollado el 22 de julio en la ciudad de Cali y Yumbo, se enmarcó en una estrategia que vincula a múltiples actores y organizaciones a nivel nacional e internacional que buscan luchar contra las imposiciones del capital privado y su lógica de explotación sin tener en cuenta los cuantiosos y crueles impactos que ocasionan sobre el ser humano y el medio ambiente.
Según los manifestantes, la lucha internacional de los pueblos se debe potenciar pues las multinacionales se encuentran en una “guerra sin cuartel” por la acumulación de capital afectando notoriamente a grandes sectores poblacionales del planeta.
En Colombia los capitales foráneos han llegado gracias a las garantías dadas por la “seguridad democrática”, hoy “prosperidad democrática”, que consisten en la posibilidad de explotación de la fuerza de trabajo colombiana sin ninguna tara legal, generando salarios de miseria, extensas jornadas de trabajo y ausencia de legislación que ampare al trabajador. El departamento del Valle del Cauca ocupa el tercer lugar a nivel nacional con mayor presencia de multinacionales contando con 463 empresas de este tipo.
El evento sindical fue alterado por la presencia de dos hombres motorizados quienes efectuaron seguimientos sobre los manifestantes. Al ser identificados y denunciados con la policía, los uniformados procedieron a interrogar a los motorizados quienes manifestaron ser parte de una empresa de seguridad contratada por los manifestantes para garantizarles la seguridad.
La empresa de seguridad “ATLAS”, de la cual hacen parte los motorizados, no solo no fue contratada por los sindicalistas, sino que tiene un largo prontuario de persecución, seguimiento y hostigamiento contra las actividades sindicales.
A la persecución en la manifestación le siguió la amenaza de muerte firmada por “los rastrojos” la cual fue allegada a las oficinas de la CUT. La amenaza se da hacia la CUT-Valle, Sinaltracampo y diferentes defensores de derechos humanos, sindicándolos de ser colaboradores de la guerrilla.
Las organizaciones sindicales le exigieron al Estado colombiano que cumpla con su papel de ser garante del derecho de asociación, denuncia y lucha sindical, dando lugar a las acciones legales pertinentes para poner fin a las políticas de makartizacion y estigmatización que afectan al movimiento social, sindical y político colombiano.
