El tema pensional es de interés nacional y la discusión no puede circunscribirse a la Comisión Permanente y al Congreso de la República. Por ello insistimos en que no puede haber prisa en el trámite legislativo, al contrario, la discusión debe continuar en diferentes escenarios académicos, técnicos, de opinión, de los sectores sociales, antes del trámite parlamentario.
Aunque hay consenso en la Comisión Permanente en el reconocimiento del vínculo entre el mercado laboral y el sistema pensional, no hay compromisos reales del gobierno y los gremios para revertir el panorama de desempleo e informalidad, pobreza y desigualdad. El actual modelo de desarrollo de libre comercio e inversión, que favorece a los sectores financiero y extractivo, no contribuye a la generación de industria y empleo, y menos a la formalización laboral que pueda soportar una sólida seguridad social.
Para la CUT cualquier discusión sobre reforma pensional debe partir del respeto a los derechos adquiridos no solo en el sentido de los derechos causados y amparados constitucionalmente sino también en el sentido de la progresividad de los derechos sociales como lo establece la normatividad internacional; no puede modificarse la disposición constitucional sobre monto mínimo de la pensión; tampoco aumentar los requisitos para obtener la pensión, ni reducir el valor de las mesadas como ha ocurrido con las últimas reformas. La pretensión de algunos gremios de cambiar estos parámetros favorece el negocio del sector financiero y restringe aún más la precaria cobertura pensional.
Es necesario restablecer el derecho a la negociación colectiva en materia pensional (conculcado por el Acto Legislativo 01 de 2005) acatando de manera plena las recomendaciones de las diferentes instancias de la OIT.
Para la CUT es claro que la pensión es un derecho, no una línea del portafolio financiero y por ello debe restablecerse como único el régimen de Prima Media administrado directamente por el estado, con participación de los trabajadores en sus órganos de dirección. El manejo de los recursos a través de los fondos privados debe ser una opción voluntaria al margen del sistema pensional.
En relación con las medidas de Protección a la vejez planteadas por el gobierno consideramos que no descansan en el principio de universalidad del derecho y tienen un monto tan precario que apenas alcanza para mantener a nuestros adultos mayores en la línea de la indigencia o pobreza extrema. Por eso proponemos se garantice a toda la población adulta mayor que no perciba pensión, una prestación básica equivalente al 50% del Salario Mínimo Legal Vigente, con cargo al Presupuesto General de la Nación. Esta prestación debería aumentar en proporción a las semanas cotizadas y debería ser administrada directamente por el estado.
La propuesta gubernamental de pasar el número de pensionados del 30% en el 2013 al 34% en 2030 no está garantizada, ni cambia sustancialmente la situación pensional. Al aplicar el Régimen de Prima Media solo al primer salario mínimo y al resto el Régimen de Ahorro Individual, hay un ahorro fiscal y una reducción del valor de las mesadas para todos los trabajadores que devengan y cotizan sobre un salario superior al mínimo legal. Así, la reforma termina siendo para la sostenibilidad, no para la equidad ni para la ampliación de cobertura.
Por lo anterior, reiteramos nuestra demanda de postergar la presentación del proyecto de Reforma Pensional al Congreso de la República.
