{image}http://eldia.co/images/stories/020911/003.jpg{/image}En lo que va corrido del 2011 se cuentan poco más de 30 asesinatos en el Sur de Bolívar. La abundancia del oro en la región, así como su lugar estratégico en la producción de palma de aceite, la hace blanco de numerosos y peligrosos actores e intereses.
La disputa territorial por parte de grupos armados legales e ilegales, es acompañada del silencio cómplice de las autoridades locales y regionales que no les basta con ser negligentes a los llamados y denuncias de las comunidades, sino que aúnan esfuerzos con los intereses del capital trasnacional para facilitar el despojo de los pobladores.
Los asesinatos perpetrados por grupos paramilitares han contado con la complicidad de la Fuerza Publica. En la actualidad los grupos criminales generan un cerco territorial estableciendo sus bases en zonas rurales conocidas por la población. Al interior de los cascos urbanos tienen “oficinas” bien conocidas por los habitantes y las autoridades.
Sumado a esto, el abandono que el Estado ha hecho de la región lleva a que históricamente se halla negado el acceso a servicios básicos como energía, agua, alcantarillado, educación y vivienda digna. Por si fuera poco, la normatividad se hace cómplice del despojo, como en el caso del Código de Minas que a cada reforma se hace más agresivo con los pequeños mineros.
La indiferencia de las autoridades en lo que respecta al daño ambiental que causan las máquinas retroexcavadoras en las fuentes de agua, los humedales y las ciénagas, y la actual pretensión de imponer por la fuerza la declaratoria de Parque Natural Nacional, son todas estrategias de perpetuar el despojo y favorecer la inversión extranjera antes que el bienestar poblacional.
A la petición presentada por las comunidades al gobierno nacional para que se retomase la Mesa de Interlocución que fue suspendida unilateralmente hace dos años, le responde la autoridad con evasivas y dilaciones. Los campesinos, mineros, habitantes de la región, exigen el respeto a la vida y el actuar del gobierno para que impida el despojo de sus territorios.
También llaman a que el gobierno se siente a la mesa de interlocución de tal suerte que sea el dialogo y no la acción directa el mecanismo utilizado para resolver las problemáticas que aquejan a la comunidad.
