1. El Gobierno Nacional se comprometió, el 28 de Mayo del 2011, a expedir el Decreto concertado con el movimiento sindical que derogaba el Decreto 535 de 2009, para garantizar efectivamente la negociación colectiva para los empleados público, sin que hasta la fecha se haya cumplido, pese a que fuera anunciado en la pasada Conferencia de la OIT, como un hecho cierto.
2. El Pliego Nacional Unificado, presentado por las federaciones de trabajadores estatales, al gobierno en diciembre de 2010, permanece engavetado en los escritorios gubernamentales, sin dar inicio al proceso de negociación del mismo. Así mismo, se afecta la estabilidad laboral y la negociación colectiva de los trabajadores oficiales, mediante la expedición de decretos y la implementación de una agresiva política de tercerización de sus funciones.
3. Igualmente, el Gobierno Nacional se comprometió a formalizar 500.000 empleos y, dos años después, a pesar de circulares emitidas por el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública, no se avanza en la ampliación de las plantas de personal, manteniendo miles de tercerizados y contratos precarios en las entidades públicas, entre ellas en el Ministerio del Trabajo y en el Sena, en las que es directo responsable el mismo Ministro de Trabajo.
4. Ante el fallo de la Corte Constitucional, declarando inexequible el acto legislativo 04 de 2011, no se presenta una política laboral que garantice los derechos de los empleados en provisionalidad.
5. Se promueven reformas a la justicia, la salud y las pensiones, poniendo en riesgo los derechos de los trabajadores y la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos. Dentro de las iniciativas legislativas se pretende desconocer el derecho de los/as trabajadores/as de la salud a negociar sus condiciones laborales y salariales, siendo ejemplo de ello el interés de liquidar a CAPRECOM (única aseguradora estatal del régimen subsidiado) Adicionalmente, no se cumplen los acuerdos logrados con amplios sectores sociales, entre ellos los estudiantes, frente a la reforma a la educación.
6. El Gobierno Nacional se comprometió, en la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, a concertar, entre otros puntos, con las centrales sindicales y federaciones estatales el incremento salarial de los empleados públicos, para la presente vigencia fiscal, siendo estas organizaciones sorprendidas cuando, a finales de febrero, el gobierno a través del Ministro de Hacienda, de manera unilateral, anuncia que el incremento será del 5%, sin ningún acuerdo con el movimiento sindical.
7. No se da cumplimiento a los convenios internacionales de la OIT, ni a las recomendaciones que hiciera la Misión de Alto Nivel de la OIT, que visitó Colombia a comienzos de 2011, que instan al gobierno a respetar los derechos de asociación y negociación colectiva y se evade el compromiso constitucional de expedir el Estatuto Único del Trabajo.
8. El incumplimiento no es solo en materia laboral: se expresa igualmente en la Ley de Tierras, que no avanza en una verdadera reforma agraria; la Ley de Victimas no ha cumplido con algunas expectativas generadas y el compromiso de campaña de construir 1.000.000 de viviendas en 4 años y entregar más de 500.000 subsidios, se reduce ahora a la aprobación, aproximada, de 100.000 viviendas, sin conocer con exactitud cuántos subsidios se han entregado.
En conclusión: muchos anuncios, muchas normas, muchas promesas, muchas estadísticas, sin solución real a los graves problemas de los trabajadores y del pueblo colombiano. Por estas razones el Encuentro Nacional Estatal acordó:
Reiterar, ante la opinión pública, ante los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado, tanto en el nivel central como en el territorial, nuestro compromiso de continuar articulando la lucha política, social y jurídica, mediante la unidad de acción de los trabajadores estatales, para lograr la plena aplicación de los Convenios Internacionales de la OIT; 87, 98, 151 y 154, que garantizan la negociación colectiva en el sector público; exigir una política de empleo público, bajo la premisa del trabajo decente y el cumplimiento de los acuerdos y compromisos realizados por el actual gobierno con las organizaciones sindicales y con diferentes entidades internacionales.
Exigir la solución de los diferentes problemas, que afectan a los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado, en el Comité Sectorial del Sector Público, uno de los escenarios institucionales para avanzar en el dialogo social y los acuerdos frente a los temas mencionados. Acompañar el funcionamiento de dichos escenarios de dialogo social de la más amplia movilización social, desarrollando diferentes iniciativas, como plantones y mítines, entre otras.
Elevar las diferentes propuestas del movimiento sindical, en lo referente a derechos fundamentales y no regresivos (como lo pretende el gobierno) en las instancias que sean necesarias, entre ellas el legislativo. Así mismo, trabajar por reformar la legislación que afecta las prestaciones sociales de los trabajadores territoriales en los municipios y departamentos y exigir la expedición de una norma de retén social para los empleados vinculados a través de la provisionalidad.
Orientar a las organizaciones sindicales de carácter regional a que en los Planes de Desarrollo, que se deben aprobar, se incluya un capítulo sobre el Trabajo Decente y la Ampliación de las Planta de Personal.
Ejecutar el plan de acción acordado en el Encuentro, tanto en el nivel nacional como en cada una de las regiones, por ser el resultado de un amplio consenso entre las organizaciones participantes y CONVOCAR UN PARO NACIONAL ESTATAL DE CUATRO HORAS, al inicio de la jornada laboral, el 24 de mayo de 2012, preparando condiciones para nuevas acciones, en caso de que el gobierno no de respuesta a las exigencias de los/as trabajadores/as al servicio del Estado. De igual manera, elevar estas denuncias ante la comunidad internacional y ante la próxima Conferencia Internacional de la OIT, a relazarse en junio de 2012.
CUT, CGT, CTC, FENALTRASE, UTRADEC, UNETE, FENASER, ISP.
