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Un mal balance en el Día de los Usuarios de los Servicios Públicos

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{image}http://eldia.co/images/stories/210212/007.jpg{/image}El 23 de febrero se conmemora el Día de los Usuarios de los Servicios Públicos. El balance en Colombia es bastante regular, pero especialmente se observa en la Costa Atlántica donde no cesan las quejas de los usuarios por los deficientes servicios.

Omar Mendivil, representante de usuarios de los servicios públicos del Caribe colombiano, dice que el balance no es para nada optimista. En primera instancia, porque en esta Región de Colombia la problemática en los servicios públicos es más grave de lo que parece. Los usuarios ni siquiera cuentan con las prestaciones esenciales; por ejemplo, ninguna ciudad de la Costa cuenta con agua realmente potable.

El sistema eléctrico está colapsando debido a la falta de mantenimiento de las empresas responsables, las cuales se dedican más a reemplazar material que a modernizar la red que data de mitad del siglo pasado. En la última década se registran 500 muertes por electrocución a causa de fallas en el sistema, aunque las empresas nieguen esta realidad. La atención por parte del gobierno es prácticamente nula.

Los usuarios no tienen quien preste atención a sus quejas y, a cambio de tan malos servicios, deben cancelar altos costos tarifarios, y hasta por una ampliación de cobertura inexistente. Mendivil pone como ejemplo el caso de Córdoba, donde se amenaza con quitarle la energía a 7 instituciones educativas que han sido amenazadas con embargos por atrasos en los pagos.

En cuanto al Plan de Agua para abastecer del preciado líquido a más territorios. Este se ha convertido en un negocio para la corrupción en los entes territoriales, ya que los mandatarios locales lo han usado como un plan de endeudamiento de los municipios pero los resultados no se ven por ninguna parte.

Para colmo de males, Mendivil sostiene que el fantasma de la privatización ronda a las pocas empresas de servicios públicos que quedan aún a manos del Estado en el país. Sumado a los intereses de las transnacionales de implementar nuevos proyectos hidroeléctricos que prevén nefastas consecuencias para los recursos naturales.

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