{image}http://eldia.co/images/stories/240611/003.jpg{/image}Desde los orígenes del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos se ha desatado una férrea oposición a la firma del acuerdo, donde el Congreso Norteamericano ha condicionado su aprobación mientras el gobierno colombiano mejore la situación interna de derechos humanos.
Tanto el gobierno del expresidente Uribe como el de Juan Manuel Santos se han comprometido con Estados Unidos a fortalecer la protección de sindicalistas, indígenas, afrodescendientes, defensores de derechos humanos y políticos de izquierda, asimismo garantizar el derecho de asociación, protesta, negociación colectiva, entre otros, con lo cual se pretende buscar la ratificación del Congreso norteamericano al TLC.
El pasado 23 de junio, la oficina para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ubicada en Washington junto a 400 organizaciones sociales, académicos y ciudadanos de ambos países radicó una carta al Congreso de los Estados Unidos pidiendo una votación en contra del TLC porque la situación de derechos humanos en Colombia sigue siendo crítica.
Entre los argumentos utilizados por los firmantes para evitar la aprobación del acuerdo comercial, se encuentra la persistencia de la violencia contra los defensores de derechos humanos y sindicalistas, asimismo la agudización del desplazamiento interno, la continuación de las cooperativas de trabajo como forma de contratación para desmejorar el nivel de vida de los trabajadores y atentar contra el derecho de asociación, entre otros.
La aprobación de diversas leyes encaminadas supuestamente a garantizar los derecho laborales y humanos de los colombianos son muy bonitas, su implementación puede durar bastante tiempo, por tanto WOLA y las diferentes organizaciones consideran demasiado pronto una victoria del gobierno colombiano en el tema de mejoramiento de las condiciones de vida de sus ciudadanos.
El gobierno colombiano en vez de buscar un acuerdo comercial que solamente perjudicara la economía nacional, debería aplicar políticas encaminadas a fortalecer el aparato productivo, garantizar condiciones de vida digna como empleo, remuneraciones salariales dignas, fortalecimiento del agro, entre otras, verdadero promotores de un crecimiento y desarrollo auto sostenible.
