{image}http://eldia.com.co/images/stories/190413/005.jpg{/image}Mil amenazas contra activistas sindicales se suman desde que llegó el Presidente Santos. Una cifra que representa que toda la dirigencia sindical sigue siendo amenazada y hostigada dentro de la cultura de violencia antisindical en el país.
El repudiable caso número mil sería el de Rafael de la Hoz Fontalvo, dirigente sindical en la Jagua de Ibirico (Cesar) de la organización Sintraime. El sindicato de ese municipio recientemente ha tenido conflictos laborales con la empresa Gecolsa Caterpillar, que vienen subcontratando contratistas y despidiendo trabajadores. Recientemente una huelga de 21 días fue reprimida por la fuerza policial y el Esmad, agresión que dejó contusiones y heridas en muchos trabajadores.
El 4 de abril, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron a De la Hoz Montalvo lo agredieron y lo amenazaron con que dejara su actividad sindical a riesgo de ser asesinado. Él interpuso la respectiva denuncia.
Pero la preocupación persiste porque en el sindicato varios dirigentes han sido amenazados y La Jagua es una región con presencia de grupos armados paramilitares. “Es una denuncia de cómo se viene incrementando el hostigamiento y las amenazas al movimiento sindical. Hemos exigido al gobierno, al ministerio del Interior y a la UNP que se tomen las medidas para garantizar el derecho a la vida de los dirigentes sindicales”, manifestó Alberto Vanegas, Director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT.
Actualmente el Estado y los grupos paramilitares son los principales responsables de las amenazas y los hostigamientos, ‘Los Rastrojos’, ‘Los Urabeños’, ‘Los Paisas’ amedrentan a dirigentes y activistas sindicales en todo el país. Mientras, se conserva una impunidad del 96% en homicidios y 100% en amenazas.
La CUT ha sostenido diferentes audiencias para tratar este tema. Incluso, en una reciente con el Presidente de la República, este mostró que no existe una actitud de solución y, por el contrario, muestra sorpresa con base en el discurso de que Colombia está en progreso en el tema de derechos humanos.
Las denuncias del caso de Rafael de la Hoz Fontalvo, la desidia del gobierno en materia de protección y las detenciones arbitrarias, en el marco de la ley Seguridad Ciudadana, serán elevadas ante la CPI y la OIT; Vanegas concreta: “No hay disposición de diálogo sino represión para resolver los conflictos laborales”.
