{image}http://eldia.co/images/stories/030811/004.jpg{/image}Hoy 3 de agosto de 2011, en el Senado de la República se llevó a cabo la audiencia pública que permitió reconocer los impactos ambientales, sociales, económicos y políticos que regionalmente se presentan por el desarrollo de la política minero-energética del actual gobierno.
Ingrid Penagos, quien pertenece a la unidad legislativa del senador Alexander López, informo que en el evento participaron más de 40 expresiones sociales y organizativas en representación de 18 departamentos del territorio nacional.
De las mas de 600 personas que asistieron a la audiencia, se recogieron sendas denuncias como el incumplimiento de parte del gobierno de las promesas efectuadas a las comunidades, las serias irregularidades en materia de asignación de licencias de explotación, el desplazamiento de las comunidades y el desarraigo que produce el traslado a otras zonas, los negativos impactos ambientales que contaminan las fuentes hídricas y acaban con la biodiversidad, entre otras. Todas estas denuncias dan cuenta del carácter regresivo de la política minero-energética de Santos.
Dos problemáticas son trasversales a las diferentes comunidades, manifestándose de modo diferente en cada región. De una parte el problema del territorio y el ordenamiento territorial, lo cual se manifiesta en la definición política y económica de los territorios pues se da excesiva prioridad a los megos proyectos impulsados por el capital multinacional del sector minero energético, representado por empresas como la Pacific Rubiales, B.P, Chevron, Anglo Gold Ashanti, Drummond, entre otras.
La otra problemática da cuenta de la incapacidad e ineficiencia del Estado en términos de ser garante del bienestar de las comunidades y tener la capacidad operativa y la voluntad política de hacer cumplir las sanciones, inhabilidades y sentencias que sobre las diferentes empresas se han dado. Pese a que legalmente se dan fallos que amparan los intereses de la comunidad, las multinacionales actúan en forma supranacional, burlando los dictámenes sancionatorios del Estado algunas veces en complicidad con las autoridades locales.
Finalmente Penagos señalo que un bloque de parlamentarios solicitara un debate de control político tanto al Ministro de Minas y Energía, como a la Ministra del Medio Ambiente, a la vez que se dará lugar a la radicación en la plenaria del senado la totalidad del grueso de denuncias recogidas en la audiencia. Se llama también a la unidad de los sectores sociales para hacer veeduría y generar movilización social y política con el fin de frenar las políticas nocivas impulsadas por el gobierno colombiano.
