Bogotá, 29 de julio de 2026. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia -CUT- alerta al país sobre la gravísima emergencia laboral, económica y humanitaria provocada por la liquidación del Ingenio La Cabaña. De acuerdo con Sintraicañazucol, entre otros, más de 4.500 trabajadores directos, indirectos y vinculados a la cadena productiva quedaron cesantes, mientras cerca de 750 familias de pequeños productores de caña perdieron su principal fuente de sustento. El cierre está golpeando a municipios del norte del Cauca y del sur del Valle, donde crecen el hambre, la pobreza, la inseguridad y el riesgo de una mayor descomposición social.
Desde la liquidación de la entidad, los trabajadores han presentado múltiples solicitudes para obtener información clara sobre el reconocimiento y pago de sus acreencias laborales. Sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta efectiva ni la orientación necesaria, pese a que este proceso debió ser informado, organizado y socializado antes de adoptar esa medida.
La situación no admite más demoras ni dilaciones: los trabajadores completan cinco meses sin recibir salarios ni ningún tipo de ingreso, sin recursos para garantizar la alimentación, la vivienda, los servicios públicos, la educación y la salud de sus familias. A esta angustia se suma la incertidumbre sobre el reconocimiento y pago de las acreencias laborales. Los trabajadores denuncian que reciben documentos incompletos o difíciles de entender, no cuentan con orientación para revisar o controvertir los valores y los correos y los teléfonos habilitados no ofrecen respuestas. Tampoco existe un cronograma claro que les permita saber cuándo recibirán lo que legalmente les corresponde.
La CUT exige al Gobierno nacional, a la Superintendencia de Sociedades, al Ministerio del Trabajo, a los Gobernadores del Cauca y Valle del Cauca y al liquidador, actuar con carácter de urgencia y efectividad. Se requiere atención presencial y gratuita en la región, información individual, completa y comprensible sobre cada acreencia, mecanismos rápidos para corregir inconsistencias y reportes públicos sobre el inventario, la venta de activos y las fechas estimadas de pago. Además, debe ponerse en marcha inmediatamente un plan humanitario que garantice alimentación, atención en salud, protección social y apoyo económico temporal para las familias afectadas.
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