“Si bien es cierto que ya se les ha reconocido un salario, entonces sigue la reglamentación de un trabajo como tal concebido por los artículos, la Constitución y los convenios de trabajo; es decir, que cumpla con un horario laboral, que tenga lineamientos y que tengan una relación directa. NO puede estar diciéndoles más que tengan dependencia de un programa de cooperación del ICBF”, manifestó Ligia Álzate, directiva de la CUT.
Para continuar en este proceso hay que dar un debate en el que es necesario preguntar ¿si son reconocidas como empleadas públicas, por estar incluidas en un programa del Bienestar Familiar, o como trabajadoras independientes que laboran desde su vivienda?
Álzate contesta: “Para nosotras, la vinculación que ellas hicieron fue con el Instituto, por eso deben ser empleadas del sector público. Ellas hicieron un trabajo independiente, si fue así el gobierno les debe la renta de un lugar que ellas arrendaron para un trabajo del Estado. Las madres comunitarias tuvieron un régimen contributivo, pensional y de salud con el ISS, lo cual da más garantías de que pertenecen al sector público”.
