La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) expresan su preocupación por la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF No. 80472-2025-50729, adelantado por la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República en el Magdalena, relacionado con los permisos sindicales reconocidos durante el año 2024. R-2026-20096.pdf
Es importante precisar que los permisos sindicales no constituyen una figura nueva ni fueron creados por la administración departamental de 2024. Hacen parte de una práctica administrativa desarrollada históricamente en las entidades territoriales del país, en cumplimiento de la Constitución Política, la ley, los Convenios de la OIT y los acuerdos laborales suscritos entre el Estado y las organizaciones sindicales. En ese marco, el entonces Secretario de Educación únicamente dio continuidad a unas garantías sindicales que la Gobernación del Magdalena venía reconociendo desde administraciones anteriores.
Resulta entonces necesario que la Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena aplique el criterio definido por la propia Contraloría General de la República, que, en el Acta de la Mesa Técnica del 25 de mayo de 2026, suscrita con el Ministerio de Educación Nacional, la CUT y FECODE, estableció expresamente:
“En relación con los permisos sindicales concedidos por períodos continuos o de alta frecuencia, sin que se incurra en pagos prestacionales no debidos, las observaciones se validarán como hallazgos administrativos para adelantar acción de mejora.” Acta permisos sindicales firmada.pdf
La continuidad de esta actuación ha generado un efecto que preocupa al movimiento sindical, pues ha dificultado el otorgamiento de permisos sindicales a EDUMAG, organización filial de FECODE y de la CUT, afectando el ejercicio de la representación sindical y los derechos de las maestras y los maestros del departamento.
Por ello, solicitamos respetuosamente a la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República en el Magdalena revisar el alcance de esta actuación, en armonía con el criterio institucional adoptado por la propia Contraloría.
Así mismo, hacemos un llamado al Ministerio de Educación Nacional, como entidad participante en la mesa técnica y suscriptora del acta, para que acompañe la materialización de los compromisos allí adquiridos. De igual forma, invitamos al Ministerio del Trabajo, en ejercicio de sus competencias como autoridad garante de la libertad sindical y del cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo, a pronunciarse sobre esta situación y a adoptar las acciones que contribuyan a salvaguardar los derechos sindicales de los trabajadores de la educación.
La libertad sindical es un derecho fundamental y su garantía no puede convertirse en un factor de incertidumbre para los servidores públicos llamados a hacer efectivos los acuerdos laborales y el ordenamiento jurídico.
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