IMPACTO EN LOS TRABAJADORES DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MEDELLÍN
Medellín, 27 de Octubre de 2014
Si el Plan de Ordenamiento Territorial es la carta de navegación de la ciudad para los próximos años, afectando la manera de ocupación del territorio e influyendo en todos los aspectos de la vida de los medellinenses, es para la Central Unitaria de Trabajadores un motivo de gran preocupación con lo que va a pasar a muchos trabajadores en cuanto a las implicaciones que tiene a nivel industrial. Dejaremos de lado las consecuencias negativas cuya aplicación traería al desestructurar el barrio, sus tejidos, relaciones de cotidianidad, sitios de encuentro, entre otras consecuencias, para darle vía libre a la construcción de grandes edificios, con nuevas poblaciones ajenas a esa cotidianidad, aumentando su densificación y multiplicando sus problemas, desde la propia movilidad hasta la dotación de infraestructura.Omitiremos entonces los impactos en movilidad, vivienda, medio ambiente, espacio público, a los que ya se han referido en otras ponencias.
El Plan determina el futuro del 60% del territorio sin los cálculos de sus consecuencias, carente de formulación suficiente, lo que lo convierte en un cheque en blanco para que los organismos de planeación y gestión lo reglamenten o apliquen a su manera. ¿Tiene sentido debatir un Plan de Ordenamiento Territorial que carece de definiciones en el 60% del territorio urbano?
Lo primero que se debería organizar es la vida productiva, las garantías de protección e incentivos a la industria, si se trata de desarrollo y empleo, cuidando el equilibrio entre el sistema natural y el sistema artificial. En cambio, el Proyecto habla de “reconversión y relocalización de la actividad industrial” con lo cual, lo que va a ocurrir es la salida de fábricas en el área de influencia, privilegiando el capital inmobiliario en detrimento del capital industrial.Se configura así una grave amenaza al derecho al trabajo porque lo poco que queda de industria va a terminar por desaparecer. Mírese no más lo que va a pasar en Guayabal.
En Medellín, como producto de la “Apertura Económica” impuesta a la nación desde la última década del siglo pasado, desaparecieron empresas emblemáticas como Tejicóndor, Coltefábrica, Furesa, Futec, Siderúrgica, Laminación y Derivados, Apolo, entre otras. Se redujeron a su mínima expresión Coltejer y Fabricato y desnacionalizados Pilsen y la Colombiana de Tabaco. La ciudad sometida a un proceso de desindustrialización luego de haber sido pionera y basado en ella su desarrollo.
Ahora remata el Plan de Ordenamiento Territorial pues expulsa la industria que queda. Señala que “… en la zonas dónde se encuentra la actividad industrial activa, se deberían realizar acciones para garantizar el derecho de permanencia de la industria hasta tanto se transforme o traslade”. Se trata de un derecho a permanecer temporalmente en el territorio, a condición de que se traslade. Como lo señala Juan David Pérez, gerente seccional de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ‘no hay un enfoque claro de qué deberá cumplir la industria con las nuevas disposiciones del Plan’.
Si la industria sale de Medellín, ¿cuáles serán las nuevas fuentes de empleo de sus habitantes? Ni siquiera tienen en cuenta lo que va a pasar con el ingreso per cápita en la vigencia de este Plan de Ordenamiento Territorial, ni se busca contribuir a la reducción del desempleo o los índices de inequidad, donde nos contamos como uno de los más altos del mundo.
A cambio del deterioro de la actividad industrial, no se ven alternativas reales de desarrollo económico en términos de empleos y nos transforman en una ciudad de servicios. No se mencionan áreas a disponer para la industria a fin de garantizar trabajo productivo que genere demanda en mano de obra. A cambio ha crecido el trabajo informal, aun en las empresas formales. Ni siquiera contamos con un balance objetivo que nos informe acerca de los empleos que ha perdido la ciudad en su transición de ciudad industrial a ciudad de servicios. El Proyecto se convertirá más bien en una transacción inmobiliaria en beneficio de los pulpos constructores y del capital especulativo.
Hablan de “atraer y desarrollar industrias limpias de base tecnológicas”, pero no se ve por ninguna parte, cómo se va a financiar ni el tiempo que requiere, mientras se sacrifica el patrimonio industrial existente. Nada se menciona del tiempo y recursos para la formación del personal que no está calificado y de las nuevas generaciones de trabajadores. Todo, despojando a la ciudad del suelo industrial que hasta ahora ha sido protegido, a disposición del mercado inmobiliario para vivienda y la especulación en el valor del suelo, sin miramientos en el impacto que tendrá en materia de empleo.
La ciudad en los últimos años ha visto cómo la inversión de recursos públicos en obras públicas, que son de todos los habitantes de la ciudad, han incidido de manera notable sobre las rentas del suelo urbano y cuyos beneficios son para el sector privado; de igual manera, es evidente cómo ese modelo de ciudad y sus instrumentos, han beneficiado cada vez más al capital financiero, al sector inmobiliario y de la construcción. Más de lo mismo, especulación inmobiliaria y parcelación, resultado del modelo de “Ciudad Dormitorio”, deteriorando el patrimonio natural, cultural, económico, y que ha ocasionado que Medellín sea una de las más costosas y excluyentes de Colombia.
La Central Unitaria de Trabajadores rechaza este Plan de Ordenamiento Territorial porque desarraiga ciudadanos de sus territorios, rompe un tejido social vital para las comunidades y arruina aún más la industria, acabando con el empleo, como si no fueran suficientes los impactos dejados por los tratados de libre comercio. El cambio de vocación económica de una ciudad debe ser una decisión ciudadana y no de tecnócratas. Estaremos atentos a las actividades de movilización que sean necesarias para impedir el despojo de muchos ciudadanos.
Los trabajadores reclamamos un Plan de Ordenamiento que garantice el derecho al trabajo, en los que deben estar incluidos los venteros ambulantes y todos aquellos que viven de la economía informal, también amenazados con éste Proyecto. Para salvaguardar el patrimonio industrial debe establecerse un censo de las industrias que hoy funcionan en el área de influencia y los empleos que dependen de ellas (datos desconocidos incluso por la ANDI), a fin de preservar el desarrollo y el derecho al trabajo.Necesitamos una ciudad que piense en trabajo digno, es decir, con estabilidad en el empleo, salario justo, seguridad social y el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos y gozar de convenciones colectivas.
