{image}http://www.eldia.co/images/stories/170212/03.jpg{/image}Trabajadores y trabajadoras del sector público, representantes de sindicatos de Bolivia, Colombia, Estados Unidos de Norte América, Perú y Ecuador, reunidos en la ciudad de Quito, los días 16, 17 y 18 de febrero de 2012, en el marco del Encuentro “Midiendo el respeto a los derechos laborales y sindicales en el sector público” manifestamos nuestra consternación y preocupación por la crítica situación que viven los trabajadores del sector pública del Ecuador, ya que con la entrada en vigencia de la nueva Constitución en 2008, la expedición de tres Mandatos Constituyentes, una nueva legislación reguladora de la empresas públicas y otra de las relaciones laborales de los denominados servidores públicos; así como un conjunto de decretos, reglamentos y acuerdos ministeriales, los derechos laborales y sindicales de las trabajadoras y trabajadores del sector público ecuatoriano han sufrido un serio retroceso y distorsión.
Este fenómeno ha tenido nefastas consecuencias como: la profundización de la división social del trabajo entre los calificados como obreros y empleados públicos, con la correspondiente fragmentación de régimen laboral, ocasionando mayor desigualdad ante la ley y la eliminación progresiva de la sindicalización y negociación colectiva en el sector público; inestabilidad laboral con la aplicación de evaluaciones de desempeño punitivas, renuncias obligatorias, despidos intempestivos, vistos buenos y sumarios administrativos sin el debido proceso; incremento de las horas laborales para trabajadores y trabajadoras de la salud que estaban amparados por regímenes especiales, situación agravada por la criminalización-judicialización de la protesta y la acción sindical.
Estas medidas coercitivas de derechos han venido acompañadas de una intensa campaña de desprestigio a la dirigencia, a las organizaciones y a las conquistas sindicales, desvirtuando los intereses del movimiento sindical del sector público como corporativos y en oposición-contradicción con el interés general de la sociedad y los fines del Estado. De igual manera se ha instaurado una estrategia política de división, manipulación y cooptación de la dirigencia y organizaciones con el objetivo de neutralizar cualquier nivel de respuesta unitaria ante esta problemática. En estas condiciones la defensa contra el despido y la privatización de los servicios públicos y las empresas del Estado que han podido realizar los sindicatos en los últimos tres años, ha sido casi nula.
El ajuste de la normativa secundaria posterior a la reforma constitucional ha verticalizado las relaciones laborales en el empleo público, eliminando todo tipo de representación, participación o interlocución de las organizaciones sindicales y gremiales en la discusión/acuerdo de las nuevas leyes.
El contexto en el que esta situación está enmarcado es la instauración de un modelo de Estado, cuya reforma está poniendo los servicios públicos en manos de nuevos grupos de poder para una mayor acumulación de capital; intensificando el trabajo y realizando un cambio generacional y de perfil en el empleo público, cuyo impacto en la vida y persistencia del movimiento sindical del sector público ecuatoriano es todavía incierto.
De manera particular expresamos al Gobierno del Ecuador nuestra preocupación por los hechos sucedidos, a partir de octubre de 2011, y que continúan en los primeros meses del presente año 2012 en los que se ha separado de sus puestos de trabajo a miles de empleados públicos de todas las categorías ocupacionales y profesionales, a nivel de todo el país, sin que medie ningún proceso administrativo legal, más que la implementación del Decreto Ejecutivo 813 de 2011 y la aplicación de la figura inconstitucional de “renuncia obligatoria”. Contamos con información de que la notificación de dichos despidos estuvo mediada, en muchos casos, por la utilización del amedrentamiento y violencia psíquica a través de un operativo conjunto entre la Fuerza Pública y funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales.
De igual manera la problemática laboral en el sector Justicia en donde el Consejo de la Judicatura de Transición, organismo administrativo y de control de la Función Judicial ha iniciado un proceso de evaluación de los servidores de la Función Judicial que carece de reglas claras y por consiguiente, está a total discrecionalidad del calificador, lo que transgrede todas las garantías de un sistema constitucional de derechos y justicia
Estos hechos nos dan a entender que la reforma política está teniendo serios impactos en el empleo público, generando inestabilidad laboral y atentando contra el derecho al trabajo de los empleados públicos y ha evidenciado deterioro en la calidad de los servicios públicos. Así mismo, observamos que la tendencia del Estado ecuatoriano, en su rol de empleador, es la de instaurar una relación laboral de mayor verticalidad, desplazando principios fundamentales del mundo del trabajo como son el diálogo, la concertación y la negociación; así como la inobservancia de los Convenios Internacional de OIT 87 y 98, ratificados por el gobierno del Ecuador.
Nuestro trabajo, Señor Presidente, nos ha mantenido muy cerca de la reforma política en Ecuador y sus impactos en el mundo laboral y hemos acompañado las acciones que los sindicatos y gremios del sector público han desarrollado para defender sus derechos así como también defender los servicios públicos en manos públicas para el pueblo ecuatoriano.
Los objetivos universales del movimiento sindical en el mundo y en el Ecuador, son la lucha por la conquista de una vida digna, por la justicia, la igualdad y la equidad; fines que son llevados a la práctica a través de principios fundamentales como la independencia, autonomía y solidaridad de clase. Nuestra historia es un ejemplo de estos valores éticos y en ellos se han sustentado las acciones de las organizaciones sindicales y gremiales ecuatorianas hoy y siempre.
Por esta solidaridad, estamos hoy aquí reunidos, indignados y en pie de lucha para exhortar al Gobierno del Ecuador a detener este proceso masivo de despidos en el sector público y solicitar la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras despedidos. A su vez, invitar al inicio de un proceso de diálogo social con los trabajadores del Sector Público con acompañamiento internacional de la OIT y el Consejo Laboral Andino, que logre dar salidas concertadas a la reforma política en favor del fortalecimiento de los Servicios Públicos y el derecho de la comunidad ecuatoriana a contar con servicios públicos de calidad.
Señor Presidente, los y las sindicalistas firmantes de esta carta abierta y nuestras organizaciones, no descansaremos hasta ver que ha cesado la masacre laboral, la persecución y el hostigamiento en contra de las y los trabajadores del sector público y le hacemos un llamado a hacer del Estado Ecuatoriano un modelo de empleador.
Quito, 17 de febrero de 2012.
José Gonzáles Salinas
CSTSP-BOLIVIA
Carlos Callisaya Vacaflor
FNTM-BOLIVIA
Rosario del Carmen Arce
CSTLFTQG-BOLIVIA
Magda Valdez Mejía
ANAFUJA-BOLIVIA
Odette Patricia Lozano
UTRADEC-COLOMBIA
Francisco M
altes Tello
SINDISTRITALES-COLOMBIA
Luis Alberto Ruiz
FENTUP-PERÚ
Olga Liliana Quispe
FEDCUT-ESSALUD-PERÚ
José Delgado Bautista
FENTASE-PERÚ
Juan Diego Gómez
ISP-ANDINA
