{image}http://eldia.co/images/stories/190412/003.jpg{/image}El informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de este año ubica a Colombia en la lista negra de países violadores de derechos humanos. A diferencia de los demás países, el Estado colombiano tiene una mayor responsabilidad en esas violaciones.
Luis Alberto Vanegas, Secretario de Derechos Humanos de la CUT, explica inicialmente que el informe anota su preocupación por que en el país se está “multiplicando la impunidad para el tema de los falsos positivos”; aspecto aún más penoso si se considera que el actual presidente, Juan Manuel Santos, fue quien decretó en su tiempo de ministro la entrega de estímulos para los soldados que presentaran “bajas en combate”. Hoy son muchos los militares implicados, pero pocos los condenados.
Otro aspecto del informe, donde Colombia aparece al lado de Guatemala y Honduras, es el homicidio de líderes que solicitan restitución de tierras. Son 60 los asesinados desde la entrada de la Ley. Además, se expulsó a más de 5 millones de desplazados de 10 millones hectáreas. El gobierno, en contraste, ha hecho publicidad diciendo que entregará 2 millones de hectáreas, cuando recientemente renunció el director del Incoder porque no se ha avanzado en este tema.
Vanegas dice que se está “revictimizando a los líderes”, y agrega que la Ley de Tierras se ha convertido en un “eslabón para limpiar la imagen del gobierno con la reparación de unos recursos, pero echando al olvido a las víctimas”.
El sindicalismo es uno de los sectores más perjudicado. El año pasado, 51 líderes y afiliados fueron asesinados; ascendió a 500 el número de amenazados; y este año prácticamente “todos los días hay una violación a los derechos humanos de los sindicalistas, en medio de una impunidad del 98”. Por tales motivos, la Comisión Internacional de Derechos Humanos ha proferido medidas de protección a favor de muchos sindicalistas. “En Colombia es casi imposible fundar un sindicato”.
Este ambiente de impunidad tiende a empeorar con las nuevas medidas judiciales. La reforma a la justicia que descaradamente impulsa el gobierno Santos concede fuero militar, lo que resultará en que los juicios contra militares ya no estarán en manos de tribunales civiles; la ley de seguridad ciudadana condena la protesta social; y la policía puede hacer retenciones de hasta 72 horas sin reportar a las autoridades judiciales. Vanegas añade al respecto: “Es una nueva señal de las dificultades con el actual gobierno, a pesar de un discurso distinto continúa con las mismas políticas para estimular la guerra. Colombia es el tercer país en recibir ayuda militar”.
