Informativo CUT 87, Abril de 2014
A 4.700.000 desplazados del sector rural colombiano, por factores de violencia, pobreza absoluta, se suman ahora 7.9 millones personas gravemente afectadas por la crisis que se desprende de la marcha de las locomotoras mineroenergética y agroindustrial, según los datos que aporta el estudio de Justicia Ambiental para Colombia.
Al deshonroso tercer lugar en América Latina que Colombia preserva en materia de inequidad social y 14 en el mundo según las Naciones Unidas, ahora nos otorgan el título de primer lugar en conflictos ecológicos, según lo publicitaron revistas, periódicos, medios virtuales, radio y televisión en la última semana y lo demostraron agudos periodistas especializados en Medio Ambiente en ocasión a la mortandad de la naturaleza en su conjunto, tomando como ejemplo lo vivido en Paz de Ariporo, departamento del Casanare. El atlas global de justicia ambiental en su último reporte, establece que el 47% de los conflictos entre comunidades e industrias, corresponde a los centros de operación para la extracción de Oro y Carbón y el 63% de esos conflictos tuvieron origen y se fortalecieron durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, conflictos que han involucrado al sector agropecuario en su conjunto, población urbana de municipios geográficamente ubicados en la ruralidad y las comunidades indígenas, lo cual ha incrementado ostensiblemente la franja de desplazamientos, muertes de líderes, desapariciones, acciones de represión policiva y amenazas a activistas. No obstante estas dolorosas circunstancias, en 14 de los conflictos más significativos, las comunidades lograron detener las pretensiones depredadoras de la riqueza nacional y el Medio Ambiente por parte de multinacionales y/o concesiones a empresas nacionales que finalmente, también le trabajan a las multinacionales. El mapa que muestra la trascendental investigación, indica que en el sólo sector mineroenergético que incluye hidroeléctricas copan 25 millones de hectáreas que equivalen más o menos al 2.3% de la geografía del país.
Unas de las perlas de depredación del Medio Ambiente, tienen que ver con la desviación del Río Ranchería en la Guajira, la construcción de la Hidroeléctrica El Quimbo y las legendarias minas de Marmato, por ahora se encuentra frustrado el interés de la AngloGold, gracias a la resistencia civil frente a la pretendida apertura de La Colosa, calificada como que podría ser la mina de oro a cielo abierto más importante de América. La población del municipio de Piedras descarriló la locomotora Mineroenergética con el estandarte de la AngloGold mediante una consulta popular que con el NO, tiene detenida la multinacional Sudafricana y protegida por ahora la inmensa reserva forestal productora de fuentes hídricas muy importantes, a esta cadena de saqueo y muerte de la naturaleza que lleva en sí misma la muerte de las comunidades y poblaciones circundantes, se une el uso y el abuso descontrolado de la Drummond que además de llevarse el carbón prácticamente regalado, ha convertido su área de influencia con epicentro en la Jagua de Ibirico en un auténtico desierto, gravísima contaminación del mar y sus playas con consecuencias económicas y sociales en la otrora rica zona turística y paisajística del litoral atlántico. Nuestra proyección hacia el primer puesto en materia de conflictos ecológicos tuvo un gran impulso con la política de erradicación de los cultivos ilícitos con la práctica de las fumigaciones aéreas, como parte del funesto Plan Colombia que ocasionó incluso la demanda del país vecino Ecuador porque como en Colombia en la frontera de ese país este método de aspersión tóxica llevó nuevas enfermedades cancerígenas a campesinos e indígenas, ocasionando colateralmente la muerte de plantaciones nativas y animales.
Frente al panorama desolador y la vergüenza nacional e internacional que estamos pasando, con el desastre publicitado, respecto a la mortandad de animales de diferentes especies y el surgimiento de zonas desérticas por la avaricia en la explotación mineroenergética, la imposición de megaproyectos agroindustriales para biomasa y el desaforado expansionismo territorial de ganaderos y cultivadores de arroz, sin Dios ni Ley, ahora el Ministerio del Medio Ambiente, haciendo gala del Gobierno paquidérmico que representa, anuncia “evaluar la zona y tomar medidas de mitigación”, además de afirmar con sereno cinismo, que todo obedece a un ciclo normal de la naturaleza y a la poca operatividad de las Corporaciones Autónomas Regionales, ocultando, por lo tanto, que el único y auténtico responsable del desastre ecológico colombiano es el modelo que lidera el presiente Santos respecto a su interés de concentrar el desarrollo económico del país y la inversión extranjera en la sobreexplotación de los recursos naturales, especialmente los mineroenergéticos y de ahí, su radical negativa a una reforma agraria integral que involucre el desarrollo agropecuario con límites que protejan las selvas, páramos y recurso hídricos como patrimonio de la humanidad.
En el mes de Abril, las organizaciones campesinas, indígenas, pequeños y medianos productores agrícolas y particularmente, la Central Unitaria de Trabajadores, reactivaremos la movilización social y la resistencia civil, para reclamar del Estado colombiano y el Gobierno de Santos, sumiso a los intereses de terratenientes y Multinacionales, como una reforma estructural a la política económica que en la actualidad es la mayor responsable en lo que concierne al sector extractivo y producción de biomasa y para ello no se debe renunciar a acciones de oposición como la movilización, los referendos locales que se vienen imponiendo con éxito desde el Perú por la franja andina hasta Santurban en Santander y Piedras en el Tolima
