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Formalización laboral: un reclamo de los trabajadores y una necesidad del país.

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{image}http://eldia.co/images/stories/110711/001.jpg{/image}Cerca del 70% de los trabajadores colombianos, descontados los desempleados, están por fuera de las normas del Código del Trabajo y de la OIT. Es decir, 13 millones de colombianos no tienen una protección social integral.

 

De esta manera, estos trabajadores, la mitad son independientes o cuenta propia y la otra, están vinculados mediante las formas deslaboralizadas de Cooperativas de Trabajo Asociado o a través de contratistas.

A esta situación, se agrega el hecho de que el 80% de los trabajadores son pobres en razón de devengar menos de dos salarios mínimos y el 50% menos de un salario mínimo.  Así se consolida un panorama de empleos de bajos ingresos sin protección social integral y sin las mínimas garantías de la ley y las normas de la OIT, es decir, sin salud general y ocupacional, sin pensión, sin cesantías, ni primas ni vacaciones.

Esto ha tenido repercusiones catastróficas en la situación de salud general de los colombianos y de las afúgias y desatención del adulto mayor, dado que las cotizaciones para la protección social son mínimas o inexistentes, por causa de este cuadro de la informalidad laboral.

No sobra advertir, además, las implicaciones que sobre el desenvolvimiento general de la economía tienen las bajas remuneraciones y la precariedad en el empleo, pues determinan una falta de recursos en la población para promover el consumo y la producción que logre una verdadera reactivación de la economía y el mercado interno, determinando un perverso círculo vicioso de desempleo, pobreza, precariedad y subdesarrollo económico.

Frente a todo lo anterior, que valga decir también ha repercutido gravemente en la afiliación sindical, los trabajadores y sus organizaciones sindicales, han reclamado la violación a la ley tanto frente a las instituciones nacionales como a nivel internacional en la OIT, así como también a la comunidad internacional de gobiernos, sindicatos de la CSI, la CSA y ONG.

Situación que hasta el momento no ha tenido buen suceso y que de persistir el nuevo gobierno de Santos en una propuesta de formalización laboral como la que el país ha conocido, representará un nuevo acto de la reiterada costumbre demagógica de hacer propuestas sin comprometerse después con ellas.

El proyecto de ley que tramita hoy en el Congreso y acumulado con varias propuestas de origen parlamentario, se limita a dar incentivos tributarios  y a la reducción de parafiscales de los empleos formalizados sólo para las nuevas empresas de menos de 50 trabajadores, en los dos primeros años.

Un proyecto serio y responsable de formalización laboral debe atender la seguridad social a cargo del Estado de los 6,5 millones de cuenta propia y la eliminación de las Cooperativas de Trabajo Asociado, tanto en el sector privado como público y acabar con el sistema de contratistas y los contratos de prestación de servicios.

En especial en el sector público, el Gobierno Nacional debe dar ejemplo de la formalización laboral, dando cumplimiento a la Sentencia C-614 de la Corte Constitucional, que define que todo empleo permanente debe estar en la planta de personal.

Debemos sí reconocer que la eliminación de las exenciones tributarias del 30% que tienen las grandes empresas, y que representan más de 3,5 billones de pesos, es una medida progresiva. Pero reclamamos que esos recursos deben servir para generar un Fondo al trabajo que contribuya a la formalización laboral y a la generación de empleo. Estos y otros asuntos relacionados deben ser debatidos ampliamente en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, antes de ser aprobados en el Congreso.

Los colombianos no pueden seguir asistiendo a la perversa situación de informalidad laboral como la del SENA, donde hay  tres mil instructores de planta y 20 mil contratistas, o la de Ecopetrol con cuatro mil de planta y 24 mil contratistas, o en el sector salud con 80 mil en cooperativas de trabajo asociado; o los 12 mil corteros de caña de cooperativas, o los 15 mil trabajadores de los puertos, todos por fuera de una relación laboral con las sociedades portuarias concesionadas por el Estado, o la situación de los empacadores por propina en las grandes superficies comerciales, entre múltiples ejemplos.

Señalar por último entonces, que las palabras del Presidente Santos en le XI Congreso Nacional Cooperativo de Confecoop, en Cartagena el pasado 22 de octubre, donde mencionó que “…Quiero que esto quede completamente claro: las empresas que se disfrazan bajo el nombre cooperativo para perjudicar a los trabajadores, no son verdaderas cooperativas y vamos a perseguirlas con todo el peso de la ley”, deben ser refrendadas en el proyecto de ley. !Amanecerá y veremos!

 

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