El actual rector tiene dos(2) investigaciones ante la Fiscalía General de la Nación, una de ellas por concierto para delinquir, y en su contra posee un pliego de cargos en la Procuraduría General de la Nación, todo esto por supuestas relaciones con grupos paramilitares.
Su reelección está liderada por el delegado de la Presidencia de la República Jaime Cadavid, quien viene desde el gobierno de Uribe Vélez , y la administración Santos Calderón respalda esta cuestionada gestión de su delegado, explica Óscary Ávila, de la Comisión de Derechos Humanos de la UIS. Así mismo afirmó: «Las organizaciones sociales de la universidad presentamos un derecho de petición y se han enviado solicitudes al Ministerio del Interior y la Presidencia de la República para que se abstengan de dar sus votos de confianza a semejante personaje tan cuestionado como el Ingeniero Camacho Pico.»
Los estudiantes entraron en asamblea general y formaron un campamento en los alrededores del campus universitario a la espera de los resultados de la votación, que se llevaba a cabo en las instalaciones de la gobernación de Santander, “como muestra de que la comunidad estudiantil y los diferentes estamentos no queremos la continuidad del señor Camacho Pico”. Este rector se ha caracterizado por perseguir a los estudiantes al punto de cancelarles las matrículas, dar apertura de procesos disciplinarios contra los funcionarios sindicalizados, no respeta las convenciones colectiva de trabajo, mantiene la universidad militarizada y se ha gasta anualmente 1.750 millones de pesos en seguridad privada para “reprimir y amordazar” a todo aquel que se le oponga.
El panorama no es alentador. Por un lado, Ávila apunta a que en el Consejo Superior del año 2007 (Fecha en la cual se pacta el denominado Plan Pistola) quien estaba sentado como presidente de dicho órgano era el Coronel (R) Hugo Aguilar Naranjo, a quien la Procuraduría ha vinculado con el Bloque Central Bolívar y el de Puerto Boyacá de las Autodefensas AUC. Por el otro, al igual que en las Universidades como la de Córdoba, el Gobierno nacional apoya a rectores que están en tela de juicio; todo indica que se está formando una red de directivos que bloqueen la reforma a la educación superior de los estudiantes, y que administren los recursos del Estado a favor de su bolsillo y de su gobierno universitario. De ahí que desde el Observatorio de Derechos Humanos de la UIS, se haga un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a monitorear este proceso rodeado de polémica y desconfianza en la Universidad Industrial de Santander.
Y concluyó afirmado que: «todas estas prácticas violatorias e ilegales referenciadas nos llevan a pensar que existió una maquinaria criminal al interior de la universidad, con el objetivo de asesinar a los voceros y delegados de cada uno de los estamentos de nuestra Alma Máter de la UIS.
