{image}http://eldia.co/images/stories/240212/005.jpg{/image}La comunidad indígena del departamento del Cauca se siente desprotegida por parte del Estado. En realidad esto no es nuevo, lo agravante es que pese a las peticiones de los cabildos, los actores continúan poniendo a la población civil en medio de la guerra.
La situación de los derechos humanos en el Cauca es delicada. La violencia se ensaña sobre todo contra las comunidades indígenas. Son demasiado usuales los atropellos que la fuerza pública comete contra la comunidad civil y los organismos públicos no hacen presencia en la zona.
Tan triste panorama fue descrito por Cristian Alonso Guachetá, vicegobernador del cabildo indígena Cerro Tijeras (Santander de Quilichao, Cauca). “Nos sentimos muy desprotegidos por parte del Estado”, indicó el líder indígena, manifestando que a pesar de las peticiones de la comunidad, los actores del conflicto armado siguen incluyendo a las poblaciones en la guerra. Incluso, en momentos de enfrentamientos, los combatientes ingresan las viviendas de los indígenas para guarecerse, y el Estado no aparece para proteger a las familias.
A falta de Gobierno, Diana Sánchez, líder de la Minga Social, ratificó el apoyo de la Minga y muchos otros sectores a la lucha de estas comunidades. Este abarca dos dimensiones, por un lado, el tema humanitario. Lo más importantes es que se asegura la alimentación de los niños. Además, se han dispuesto sitios denominados “asambleas permanentes”; son refugios habilitados para que los indígenas se guarezcan mientras transcurren las acciones bélicas. Pero estos espacios requieren de atención constantes para garantizar atención a toda la población en peligro, que es bastante numerosa.
La otra dimensión es la política. La Minga Social encabeza una propuesta de la que hacen parte los alcaldes de la zona, los cabildos indígenas, el CRIC y demás autoridades locales, quienes convocan a abrir espacios regionales de diálogo con los actores armados para poder generar un estatuto de contingencia que frene la agresión contra la población civil y evite que siga habiendo más víctimas.
Existe, además, una iniciativa mayor que consiste en unir las voces de la población con organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, la Iglesia y la comunidad internacional, entre otras entidades, para conseguir lo más pronto posible una negociación que defina la solución al conflicto armado nacional. Con tal objetivo, se programó un Congreso Nacional donde converjan todos los organismos interesados para presionar un diálogo, porque son las comunidades quienes están viviendo en carne propia las consecuencias de la violencia.
Mientras esto se da, la propuesta es habilitar un espacio regional de paz, con la participación de sectores académicos, de derechos humanos y políticos, donde la comunidad sea excluida de la guerra que libran el Estado y los grupos al margen de la ley, porque, como argumenta Diana Sánchez, “la comunidad del Cauca no aguanta una sola bala más”.
