Diana Cubillos, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), relató palmo a palmo este caso de injusticia en manos del Estado. La historia inicia el 25 de agosto del 2011, el ejército nacional efectuaba labores de rutina normal en zona rural del municipio de Mesetas (Meta) con la sospecha de que había campamentos de la Farc en la zona.
Bibiana es afro, madre y lactante. Los militares llegaron a su casa con la excusa de solicitar agua para calmar la sed. Entraron a la vivienda, hablaron con su esposo, Leonardo Ortega, y realizaron una inspección en la casa sin previa autorización, según ellos, por los indicios de la guerrilla. Inexplicablemente encuentran una granada y otros elementos bélicos en la habitación, justo cerca de la cama de la pareja. Como no había orden de registro, los militares obligan a firmar el consentimiento de requisa al esposo. Enseguida proceden a la captura de Bibiana y de su hijo, quien es campesino de la vereda.
El 26 de agosto, el juez de Control de Garantías de Granada (Meta) legaliza la captura. Luego de 8 meses de un proceso judicial, el abogado defensor Aldemar Bustos alega la nulidad del proceso y de los materiales probatorios por una razón básica y fundamental, el ejército no tiene funciones de Policía Judicial, por ende, no puede hacer allanamientos y menos sin una orden judicial.
Fensuagro y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) señalan en un comunicado que la zona donde se produjo este incidente, se caracteriza por estigmatizar a los campesinos humildes, las detenciones arbitrarias y los montajes judiciales.
Hasta último momento, la Fiscalía buscó argumentos para mantener la acusación, desconociendo incluso que resulta ilógico que una madre con un bebé de brazos guarde una granada cerca en su dormitorio. Fensuagro y el CPDH exigen del Estado respeto por los campesinos que viven en las zonas en medio del conflicto armado y las garantías con el fin de no incluir a la población civil en ese conflicto.
