Inicio Subdirectivas Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares

Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares

275
0

{image}http://lh3.googleusercontent.com/-T9n5eH5j_6A/UgADgKx-TpI/AAAAAAAACC4/BupeO6yKwBI/s400/mia_nacional.jpg{/image}Paro Nacional Agrario y Popular -­‐ 19 de agosto de 2013

La Constitución Política de Colombia afirma que, ante la ley, todos somos iguales. Sin distinción alguna, todos los colombianos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones; Sin embargo, a pesar de estar en la Constitución,   este  enunciado   no  se  cumple   en  la  realidad.   Campesinos,   Indígenas,   Afrocolombianos   y pobladores urbanos hemos vivido en la injusticia y la desigualdad; la marginación económica y política ha sido constante: se nos criminaliza y persigue. 

Somos colombianos que hemos buscado por distintos mecanismos acceder a políticas públicas que favorezcan nuestra situación social, para que se salde la deuda histórica que el Estado colombiano  tiene con el mundo rural. No hemos pedido imposibles, solo pedimos que se nos garanticen los derechos humanos. Con nuestra lucha y organización hemos logrado establecer reivindicaciones en leyes y decretos, que a la luz de la realidad son letra muerta, en algunos casos so pretexto del déficit presupuestal a pesar que cada año los  gremios económicos hablan de abundantes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Adicional a ello se ha aplicado todo un paquete legislativo y normativa en materia de producción agropecuaria, minera, energética, vivienda y de servicios públicos que favoreciendo intereses del capital va en contra de los intereses del pueblo. 

Según cifras del mismo DANE el INB es más alto en lo rural que lo urbano, pese a ello no ha existido una política por parte del Estado que resuelva esta situación; por el contrario, el abandono estatal y la violencia contra los pobladores del campo son cada vez mayores, como lo señala el informe del PNUD (Colombia Rural, razones para el esperanza  del 2011) la tercera  parte de la población  rural vive en pobreza  extrema  (Pág. 63). Este mismo  informe  plantea,  según  el  IR,  que  el  75,5%  de  los  municipios  colombianos  son  rurales,  en  ellos  vive  el
31,6% de la población; un porcentaje mucho mayor que el reconocido por el DANE. Este porcentaje del mundo rural representa el 94,4% del territorio que ha estado históricamente  excluida del ejercicio del poder y de la toma decisiones.  No existe  un estudio  que pueda  ubicar  en términos  presupuestales  a cuanto  haciende  la deuda social que hoy se tiene con el campo, sin embargo, en nuestra realidad, la deuda social se refleja en el despojo, la no adjudicación y dotación de tierras, en el desconocimiento territorial, en la carente política para fortalecer  la  producción  agropecuaria,  en  la  política  minera  a  favor  de  multinacionales  y  en  contra  de comunidades, y mineros pequeños y artesanales, y la ausencia estatal en cuanto programas de inversión social en educación, salud, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos se refiere. 

Ante el tamaño de la crisis social, el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto que enfrenten estructuralmente  los  problemas.  Por  el  contrario,  ha  aplicado  una  paupérrima  política  social  que  se  ha enfocado a solucionar con paños de agua tibia la aguda desigualdad e injusticia social: El artículo 65 de la Constitución Política de Colombia de 1991 define “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”. Sin embargo, la política agraria no ha resuelto la situación de inseguridad alimentaria, desnutrición y  hambre de los pobladores del sector urbano y rural: el 58,3% de los hogares rurales se encuentran en algún grado  de inseguridad  alimentaria  el 20% de los niños  menores  de cinco  años en situación  de desnutrición crónica  y  el  1,3%  en  situación  de  desnutrición  aguda.  Según  la  Defensoría  del  pueblo  el  40,8%  de  la  población

total en el país se encuentra  en condiciones  de inseguridad  alimentaria  y el Informe Nacional de Desarrollo
Humano muestra que el Coeficiente de Autosuficiencia Alimentaria pasó de 1,04% a 0,95%entre 1991 y 2008.

Ante  las  injusticias  vividas,  hemos  enviado  cartas,  sostenido  reuniones,  audiencias,  hemos  hecho  uso  del derecho legítimo a la protesta llegando a acuerdos con distintos gobiernos  municipales,  departamentales,  e incluso con el gobierno nacional, para dar solución a los problemas que se generan y viven en la ruralidad, y que afectan  al conjunto  de la sociedad  colombiana.  Cada uno de estos acuerdos  se ha sido incumplido  de manera sistemática por el Estado y sus diferentes instituciones.

Ante tal situación, se requiere la construcción de una política pública agraria estructurada y coherente con las necesidades  del  pueblo  colombiano,  de  la  que  debe  hacer  parte  el  Estado,  con  la  participación  directa  y decisiva del movimiento agropecuario y popular; una política pública que dignifique la calidad de vida de la población  campesina,  urbana, afro e indígena, que fortalezca  y potencie la economía  campesina  y ancestral como un renglón estratégico de la economía nacional.

La inversión social en seguridad social, educación, salud, infraestructura es fundamental para garantizar los derechos humanos que tenemos las comunidades rurales. Debe ser capaz de atender las demandas sociales, y que requiere  la participación  del Presupuesto  General  de la Nación  y del Sistema  General  de Regalías  y en especial  de  las  carteras  de  Defensa,  Salud,  Educación,  Hacienda,  Vivienda,  Agricultura,  y  de  instituciones estatales como el INCODER, el Instituto Nacional de vías, Transporte, Fondo Nacional de Vivienda, Unidad Administrativa  para la Consolidación  Territorial, Agencia Nacional para la Superación  de la Pobreza Extrema, ICBF y Fondo de Adaptación, en una acción coordinada para enfrentar de manera integral los problemas que aquejan el campo y lo popular.

Nos asiste  las razones  justas  para protestar  y exigir  al gobierno  que cumpla  con su compromiso,  ante ello tenemos 6 exigencias centrales, cada uno de estos puntos tiene sub-­‐puntos que las sustentan.

1.    Exigimos   la  implementación   de  medidas  y  acciones   frente  a  la  crisis  de  la  producción agropecuaria.
2.    Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.
3.    Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.
4.    Exigimos la participación  efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.
5.    Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
6.    Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios
públicos y vías.

Las  organizaciones  y comunidades  del sector  agropecuario  y popular  presentamos  ante  el Presidente  Juan Manuel  Santos  como  jefe  de  Estado  nuestras  demandas  sociales,  económicas  y  políticas,  buscando  que mediante  el dialogo  encontremos  la mejor manera  de resolver  el conflicto  económico,  político  y social que vivimos. De parte nuestra ya están los voceros nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuaria y Popular, escenario que proponemos como la instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.

Anunciamos al país que nos sumamos a la realización al Paro Nacional Agrario para el 19 de Agosto, teniendo en cuenta los antecede
ntes  de incumplimiento  y abandono  por parte del Estado. Ponemos  a consideración este pliego general a sectores sociales y populares, para que en unidad, organización y movilización, en una voz potente le exijamos al gobierno que cumpla con lo que nos pertenece.

1.  EXIGIMOS  IMPLEMENTACIÓN  DE  MEDIDAS  Y  ACCIONES  FRENTE  A  LA CRISIS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.

1.1. Exigimos   que   el   Estado   fije   precios   de   sustentación   para   la   producción   campesina,   de   manera independiente al comportamiento  de los precios internacionales,  los cuales garanticen una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Para tal fin, se deberá implementar un fondo nacional de compensación que cubra las diferencias existentes entre los costos de producción y el precio de venta de los productos, acompañado de la garantía de compra de cosechas por parte del Estado para pequeños y medianos productores agropecuarios.

1.2. Reducción de los precios de los combustibles y peajes, concertando nuevas tarifas con transportadores  y productores agropecuarios.

1.3. Reducción de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.

1.4. Exigimos la modificación de la política antidroga y solicitamos acordar una política de sustitución gradual y concertada  de  cultivos  de  coca,  marihuana  y  amapola,  así  como  el  fin  de  las  fumigaciones  y  de  la erradicación manual.

1.5. Derogatoria de la normatividad que afecta la producción, transformación y comercialización  agropecuaria de  pequeños   y  medianos   productores,   incluyendo   lo  relativo   al  manejo   de  semillas   ancestrales   y tradicionales  y  los  encadenamientos   productivos  para  el  sector.  Concertación  de  legislación  para  la promoción  de  la  producción  agropecuaria  de  pequeña  y mediana  escala  y garantías    efectivas  para  el acceso a los mercados.

1.6. Frenar las importaciones  de alimentos y productos agropecuarios,  particularmente  de café, cacao, arroz, papa,  leche  y productos  lácteos.  Suspensión  y revisión  de los  Tratados  de Libre  Comercio  con  Estados Unidos, la Unión Europea, China y demás países.

1.7. Condonación  total de las deudas adquiridas por pequeños y medianos productores  agropecuarios  con el sistema financiero. Definición de una política de créditos blandos para pequeños y medianos productores a través de la banca pública.

1.8. Adopción   de   seguros   de   cosechas   frente   a   problemas   derivados   de   condiciones   climáticas   y/o fitosanitarias, para la pequeña y mediana producción agropecuaria que sean otorgados directamente por el Estado, sin intermediación del sector privado del sistema financiero.

2.  EXIGIMOS ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA.

2.1 Exigimos la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o están en posesión de baldíos que no han sido adjudicados, para lo cual debe ordenarse al INCODER: La compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, y La titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos, que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios.

2.2 La compra directa de tierras por el INCODER para ser tituladas de manera colectiva a las comunidades afrodescendientes e indígenas.

2.3 Detener  la  política  de  extranjerización  de  tierras;  esclarecer  las  operaciones  o  transacciones  que  han permitido su extranjerización; revertir estas operaciones y que las tierras revertidas formen parte del fondo para la adjudicación y dotación de quienes no la tienen.

2.4 Iniciar,  adelantar  y  culminar  en  el  término  máximo  de  un  (1)  año,  los  procedimientos  de  extinción administrativa de dominio de las tierras poseídas por campesinos, para luego adjudicarlas a éstos.

2.5 Detener la reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en todo caso no disminuir la extensión que actualmente está definida.

3.  EXIGIMOS RECONOCIMIENTO A LA TERRITORIALIDAD CAMPESINA.

3.1 La delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su constitución.

3.2 Iniciar y culminar los trámites de delimitación y constitución de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios que las comunidades soliciten, en un término no mayor a un (1) año a partir de la solicitud.

3.3 La financiación y ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las Zonas de Reserva Campesina constituidas y las que se constituyan.

4. EXIGIMOS LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MINEROS TRADICIONALES Y PEQUEÑOS EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA MINERA.

4.1 Detener la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera del país, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.

4.2 Reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana.

4.3 Definición concertada con los mineros artesanales pequeños y medianos y las comunidades de un nuevo Código de Minas. Redefinir los tiempos máximos para la explotación minera, los mecanismos de mitigación de los efectos de esta actividad, los métodos para su realización y la participación  nacional y local de los réditos económicos.

4.4 Construcción de una nueva ley de regalías que redefina la participación nacional y local de los beneficios económicos de la actividad minera.

4.5 Realización de estudios de viabilidad para cada uno de los proyectos mineros en ejecución y en proyección, como base para la toma de definiciones frente a la realización o continuidad de dichos proyectos. Estos estudios  deben  tener  por  base  los  efectos  ambientales  y  sociales  que  la  ejecución  de  cada  proyecto acarrearía, así como el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.

4.6 Sujeción del desarrollo de actividades mineras a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, así como a Planes  de  Ordenamiento   Territorial  construidos  participativamente   y  con  atención  a  estudios  sobre vocación del suelo.

4.7 Apertura de una discusión nacional sobre la propiedad del subsuelo.

5.  EXIGIMOS  SE  ADOPTEN  MEDIDAS  Y  SE  CUMPLAN  GARANTÍAS  REALES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA POBLACIÓN RURAL.

5.1 Adopción por parte del Estado colombiano, de la convención de los derechos  de los campesinos   y las campesinas,  aprobada en la reunión de la comisión de los Derechos Humanos de las ONU.

5.2 Participación  efectiva y con carácter decisorio  en los consejos   y juntas directivas  de las entidades  del
Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.

5.3 Otorgar el derecho a la consulta previa, a las comunidades campesinas sobre proyectos y normativas  que afecten su entorno, en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico y en lo cultural.

5.4 Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en  las instancias de planeación del desarrollo rural.

6. EXIGIMOS INVERSIÓN SOCIAL EN LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, SERVICIOS PÚBLICOS Y VÍAS.

6.1 Exigimos un plan pro
gresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica y media, superior y técnica.

6.2 Exigimos el nombramiento de planta docente.

6.3 Exigimos  la  derogatoria  de  la  Ley  100  y  de  la  Nueva  Ley  Estatutaria,  así  como  la  concertación  con  la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.

6.4 Exigimos partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, salud, producción, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y alcantarillado.

6.5 Exigimos  se  detenga  la  privatización  y  se  reviertan  el  manejo  a  los  municipios  de  los  servicios  de saneamiento básico, agua y alcantarillado con un criterio social.

6.6 Exigimos la condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.

6.7 Devolución de las micro-­‐centrales hidroeléctricas a las comunidades.

6.8 Exigimos una nueva tabla de tarifas justas de servicios públicos, que correspondan a los costos y no a la especulación.

6.9 Exigimos que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial.

6.10 Exigimos la destinación de recursos   para el mejoramiento  y construcción de vivienda urbana y rural.

Mientras  se resuelva,  el gobierno  otorgará  el derecho  de arrendamiento  mensual  a la población  de los asentamientos sin vivienda y quienes están en arrendamiento.

MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO
-­‐MIA NACIONAL-­‐
¡Por la vida y contra el desarraigo!
¡Viva el Paro Nacional Agrario y Popular del 19 de Agosto!

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here