El ministro de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe, anunció a finales del mismo que después de reducir los niveles de déficit del país, se crearía un fondo en el exterior para ahorrar los recursos provenientes de la bonanza minera y petrolera que permita que los excedentes se utilicen para pagar la deuda. Para ello propondrá ante el próximo Congreso la creación de una regla fiscal.
Esta regla fiscal que hoy propone el gobierno de Juan Manuel Santos, mediante un Acto Legislativo, no es otra cosa que elevar a norma constitucional una fórmula que pone límite al gasto social del Estado. Se trata de recortar los gastos públicos en la seguridad social (salud y pensiones), las transferencias a los gobiernos locales y el reconocimiento de derechos fundamentales de la población para favorecer los relacionados con el pago de la deuda. Se trata de debilitar la prioridad del gasto social, establecida en la Constitución Nacional. La reparación de las víctimas de la violencia, la restitución de tierras, los fallos de la justicia favoreciendo derechos fundamentales como salud, pensiones, indemnizaciones del Estado estarán limitados en su cumplimiento por el equilibrio fiscal, elevado a norma constitucional. Es recortar gasto social para pagar guerra y deuda externa.
El cumplimiento de las necesidades insatisfechas quedaría condicionado a criterios fiscales y monetarios. La ampliación del gasto social en términos del producto nacional se verá frenado por los topes numéricos, el privilegio del pago de deuda y las exenciones tributarias que se hacen a las multinacionales, exenciones que en 2009 fueron de nueve billones de pesos. Es una medida complementaria de la malsana política de estimular la inversión extranjera en petróleo y gran minería mientras se aniquila la actividad productiva nacional; extraer petróleo, carbón y minerales e intercambiarlos por la importación de alimentos y mercancías a costa de nuestra industria y agricultura, del empleo y el gasto social.
La denominada Regla Fiscal es complementaria con la reforma constitucional de las Regalías, los decretos de la emergencia social de Uribe, hoy vueltos proyecto de ley por Santos, la ley del primer empleo y formalización del trabajo y contrapuesta totalmente al Estado Social de Derecho enunciado en la Constitución Política Nacional.
La Central Unitaria de Trabajadores CUT, exige la renegociación de la deuda pública; la eliminación de la exenciones tributarias a las multinacionales y el capital financiero; la eliminación del impuesto del 4 por mil; restablecer el monopolio de la moneda por parte del Estado; alentar y proteger la producción nacional agraria, industrial y de servicios; un sistema público de seguridad social que permita retomar los activos de los Fondos Privados de Pensiones y paliar con ellos el déficit pensional; mantener el actual reparto de las regalías y subirle el pago de las mismas a las multinacionales , que son las únicas beneficiadas con la explotación de hidrocarburos y minerales. Los males del país radican en la pérdida de soberanía y democracia y estos solo se resuelven reversando el neoliberalismo.
Esta regla fiscal que hoy propone el gobierno de Juan Manuel Santos, mediante un Acto Legislativo, no es otra cosa que elevar a norma constitucional una fórmula que pone límite al gasto social del Estado. Se trata de recortar los gastos públicos en la seguridad social (salud y pensiones), las transferencias a los gobiernos locales y el reconocimiento de derechos fundamentales de la población para favorecer los relacionados con el pago de la deuda. Se trata de debilitar la prioridad del gasto social, establecida en la Constitución Nacional. La reparación de las víctimas de la violencia, la restitución de tierras, los fallos de la justicia favoreciendo derechos fundamentales como salud, pensiones, indemnizaciones del Estado estarán limitados en su cumplimiento por el equilibrio fiscal, elevado a norma constitucional. Es recortar gasto social para pagar guerra y deuda externa.
El cumplimiento de las necesidades insatisfechas quedaría condicionado a criterios fiscales y monetarios. La ampliación del gasto social en términos del producto nacional se verá frenado por los topes numéricos, el privilegio del pago de deuda y las exenciones tributarias que se hacen a las multinacionales, exenciones que en 2009 fueron de nueve billones de pesos. Es una medida complementaria de la malsana política de estimular la inversión extranjera en petróleo y gran minería mientras se aniquila la actividad productiva nacional; extraer petróleo, carbón y minerales e intercambiarlos por la importación de alimentos y mercancías a costa de nuestra industria y agricultura, del empleo y el gasto social.
La denominada Regla Fiscal es complementaria con la reforma constitucional de las Regalías, los decretos de la emergencia social de Uribe, hoy vueltos proyecto de ley por Santos, la ley del primer empleo y formalización del trabajo y contrapuesta totalmente al Estado Social de Derecho enunciado en la Constitución Política Nacional.
La Central Unitaria de Trabajadores CUT, exige la renegociación de la deuda pública; la eliminación de la exenciones tributarias a las multinacionales y el capital financiero; la eliminación del impuesto del 4 por mil; restablecer el monopolio de la moneda por parte del Estado; alentar y proteger la producción nacional agraria, industrial y de servicios; un sistema público de seguridad social que permita retomar los activos de los Fondos Privados de Pensiones y paliar con ellos el déficit pensional; mantener el actual reparto de las regalías y subirle el pago de las mismas a las multinacionales , que son las únicas beneficiadas con la explotación de hidrocarburos y minerales. Los males del país radican en la pérdida de soberanía y democracia y estos solo se resuelven reversando el neoliberalismo.
TARSICIO MORA GODOY DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente Secretario General
