{image}http://eldia.co/images/stories/310112/03.jpg{/image}27 de enero de 2012 • 12:22.‘Casi podemos decir que el 80 por ciento del territorio nacional es de alto riesgo como en los departamentos de Putumayo, Cauca, Atlántico y Arauca’, explicó el sindicalista Luis Alberto Vanegas.
El representante de la sección de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alberto Vanegas, manifestó que el reciente informe emitido por Human Right Watch, ratificaba las denuncias que se han venido haciendo en el sentido de que Colombia continúa siendo el país más peligroso para el ejercicio de la actividad sindical en el mundo.
De acuerdo con Vanegas, tan solo el año pasado se había reportado el homicidio de 29 sindicalistas, cuyas muertes siguen estando en la mayor impunidad debido a que o no son investigados o los resultados nunca llegan a conocerse; situación que viene a sumarse a los 55 miembros de agremiaciones sindicales durante el 2010 y 48 en el transcurso del 2009, cuyas estadísticas no dejan de agregar muertos al triste y deshonroso récord que ocupa el país en la materia de más de 3.000 homicidios similares desde el año de 1986.
IMPUNIDAD
Dramática situación en la que a juicio del experto en el tema también deben tenerse en cuenta las amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones que al día de hoy se encuentran en una completa impunidad, no obstante a los anuncios que hiciera el Gobierno Nacional para aplicar los correctivos pertinentes.
Sobre el particular, el líder sindical no ocultó su preocupación por la persistencia de las amenazas, destacando que tan solo el año pasado la CUT había recibido no menos de 350 y que a su juicio constituye una muestra de las difíciles condiciones por las que atraviesa la dirigencia sindical en el país, sin que las autoridades hayan tomado hasta el momento cartas sobre el asunto.
“En su gran mayoría estas expresiones de carácter intimidatorio provienen de paramilitares y ratifican lo que ya hemos denunciado respecto a que el proceso de desmovilización de este tipo de estructuras no es real y que por el contrario ha dado pie a una reorganización en la que los todos los líderes sociales, defensores de derechos humanos, sindicalistas y opositores estamos en alto riesgo”, destacó el dirigente recordando el asesinato de un miembro de la USO asesinado el pasado 17 de enero en Orito (Putumayo).
“Casi podemos decir que el 80 por ciento del territorio nacional es de alto riesgo como en esa zona, Cauca, Atlántico y Arauca”, explicó Vanegas para recordar que durante el paro armado de carácter paramilitar que paralizó la actividad en algunos municipios de cinco departamentos demostraba que ese tipo de agrupaciones delincuenciales y al margen de la ley estaban en plena actividad.
MEDIDAS INSUFICIENTES Y OLVIDO
Tras reconocer el hecho de que la cantidad de homicidios se había reducido, el activista sindical consideró que dicha situación se registraba no tanto en virtud a la acción decidida del Estado, como a la presión que reciben los sucesivos gobiernos por parte de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como los parlamentos de la Comunidad Europea y Estados Unidos.
“Esa situación a ha motivado que el Estado trate de tomar una serie de medidas para modificar las diferentes modalidades de hostigamiento hacia nosotros y poderle amarrar las manos a nuestros victimarios, aunque se generen otros mecanismos como la penalización de la protesta social en la que se establecen penas que van desde los 24 hasta los 48 meses”, destacó el sindicalista.
Denuncia a la que se suma el hecho de que hasta la fecha tan solo se hayan producido tres sentencias contra miembros de estructuras paramilitares, no obstante el hecho de que muchos de ellos hubieran reconocido de manera pública el haber cometido centenares de delitos de lesa humanidad, acompañado a los más de 3.000 homicidios de carácter extrajudicial comúnmente conocidos como “falsos positivos”, respecto a los cuales solo se han impartido 70 sentencias.
Paradójicamente, advierte también Vanegas, el Gobierno está empeñado en sacar adelante dos proyectos de ley –Reforma a la Justicia y de Justicia Transicional- en los que se pretende fortalecer el fuero de los miembros de las Fuerzas Armadas en actos relacionados con violaciones a los derechos humanos y la autorización expresa para que el presidente de la República pueda ordenar una amnistía general que terminará dejando a todos esos procesos en la total impunidad.
POBRES RESULTADOS
“El Estado siempre ha hecho anuncios y pronunciamientos de mejorar las condiciones y ofrecer más garantías, pero la experiencia de más de 25 años de un genocidio permanente nos indican que son muy pocos los resultados en materia de justicia, verdad, reparación y no repetición, que hasta la fecha no se han cumplido pese a recientes acuerdo como el suscrito con el gobierno del presidente Obama”, agregó el representante sindical.
Acuerdos que a pesar de no haber dado los resultados esperados terminaron provocando una fractura del movimiento sindical, a juicio de Vanegas, que están en sintonía con una nueva política del actual gobierno para limpiar su imagen a través de mecanismos como el de respaldar la candidatura a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del vicepresidente y exsindicalista Angelino Garzón, pese a que Colombia siga siendo uno de los países más peligrosos para ejercer esa actividad.
“Nosotros tenemos una taza de sindicalización que solo alcanza el 3.9 de cada cien trabajadores, siendo una de las más bajas en el mundo, no solo por el impedimento del derecho de asociación sino porque existe una política de persecución, amedrantamiento y temor porque la verdad es que al trabajador colombiano le da miedo afiliarse a un sindicato por el temor a ser objeto de los actores violentos”, puntualizó el activista sindical.
De hecho, organizaciones como la propia CUT pasó de tener más de un millón de afiliados a tan solo 550.000 al día de hoy, debido en parte a la cooptación de algunos sectores a los se les terminó ofreciendo el Ministerio del Trabajo o la oportunidad de hacer parte de la OIT, que han generado una especie de intervención estatal directa dentro de la actividad sindical.
“A los líderes sociales se nos sigue mirando desde una especie de pensamiento único de acuerdo con el cual quién no está contra el establecimiento está en contra y por lo tanto se nos aplican una serie de políticas represivas que desconocen el papel fundamental que debe tener el movimiento sindical dentro de una democracia”, consideró el representante de la organización sindical.
