{image}http://eldia.com.co/images/stories/logos/sintracarbon.jpg{/image}La Comisión Negociadora de Sintracarbón expuso a una delegación del Ministerio de Trabajo encabezada por el doctor Rafael Pardo Rueda, las diferencias que todavía la separan de la empresa y que son las que dieron origen al paro iniciado el 7 de febrero a las 3 de la tarde.
Este encuentro, que Sintracarbón atendió honrando su convicción de privilegiar el diálogo y la palabra como mecanismos para solucionar el conflicto laboral, fue oportunidad para que el Gobierno Nacional comprendiera que las peticiones de los colaboradores de Cerrejón no se reducen, como la empresa ha pretendido mostrarlo, a aumentos de salario y el pago de bonos convencionales. Los trabajadores hicieron énfasis en problemas especialmente sensibles para ellos como son las coberturas en salud, la atención a enfermedades profesionales y las coberturas en educación.
El Gobierno Nacional indicó que la solución del pliego de peticiones es responsabilidad de la empresa y los trabajadores e invitó a la compañía a negociar en la huelga, solicitud formal que la empresa anunció que respondería también formalmente durante el fin de semana.
En el encuentro con los negociadores, el ministro Pardo y el viceministro José Noé Ríos ratificaron el reconocimiento y respeto del Gobierno Nacional al mecanismo legal y legítimo de la huelga al que ha acudido Sintracarbón en este proceso de negociación e instó a las partes a seguir buscando un acuerdo justo y responsable con los generadores de riqueza para Cerrejón y la comunidad guajira, que dé pronto término a este conflicto laboral.
Los negociadores de Sintracarbón lamentaron la postura asumida por los voceros de la empresa, en la reacción publicada por Carbones del Cerrejón Limited tras conocer el inicio del paro en el complejo carbonífero, que comprende a la mina y el puerto en La Guajira y las oficinas administrativas de Bogotá. Destacaron que ellos se mantienen abiertos a volver a la mesa de negociaciones para discutir un acuerdo laboral posible y responsable con los trabajadores, la comunidad guajira, la República de Colombia y la supervivencia de la empresa.
Los trabajadores no comprenden el lenguaje usado por la empresa al insistir en tildar de inducido, inexplicable y hasta obscuro el movimiento huelguístico, pues ellos hicieron todo a su alcance para que en 40 días de negociación directa se pudieran tratar a fondo los puntos del pliego de peticiones y tomar decisiones que respondieran a las expectativas de los trabajadores en calidad de vida y a la situación económica de una empresa que en el último año obtuvo ganancias por 1,5 billones de pesos.
Voceros de Sintracarbón lamentaron que una vez más la empresa hubiera insistido en dar datos falsos sobre el salario de los trabajadores, pues solo unos cuantos de ellos, que acumulan más de veinte años de experiencia, llegan al tope para técnicos y operarios, que es de $3’555.000. También de que se divulgase el valor ofrecido para bonos convencionales de firma y productividad, poniendo en riesgo su seguridad y la de sus familias, y que al informar no se explicase su directa relación con la productividad y que solo se trata de un pago adelantado y en un solo contado.
La Comisión Negociadora hizo énfasis en la responsabilidad con que asumió la presentación del presente pliego de peticiones y rechazó la queja de la compañía sobre su mala situación económica indicando que la expectativa del mercado para el 2013 es tener la tonelada de carbón en valores entre 90 y 95 dólares, bastante superiores a los US$87,14 que tenía al momento de la firma de la convención colectiva de trabajo 2011-2012. Con los ingresos proyectados para este año, indicaron, la empresa podrá firmar un pliego de peticiones que reconozca a sus trabajadores y mantener su condición como la carbonera colombiana de mayor rentabilidad.
La Comisión Negociadora confirmó que puede volver a la mesa de negociaciones a defender los derechos de los trabajadores tercerizados, la calidad de vida de sus afiliados, la protección ambiental de La Guajira y una política de responsabilidad social con las comunidades afectadas por la minería, en un proceso que debe ser riguroso y que debe garantizar una convención colectiva de trabajo que no dé lugar a equívocos ni a interpretaciones lesivas al trabajador.
