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Comunicado No. 3 de la Comisión Negociadora: Trabajos que matan

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{image}http://imagen.eldia.co/cache/sintracarbon/conflicto-laboral-febrero-2013/img_7695_595.jpg{/image}Setecientos trabajadores que tienen diagnóstico médico de graves enfermedades profesionales y sus compañeros que se encuentran en riesgo de contraerlas , así como las viudas de una decena de obreros muertos por causa de su trabajo, esperan con la paciencia que da la frustración a que el Tribunal Superior de Bogotá falle una acción popular instaurada en 2010 por la Procuraduría General de la Nación contra Carbones del Cerrejón Limited, la ARP Positiva Compañía de Seguros y el Ministerio de Protección Social (hoy Ministerio de Trabajo). La justicia es el recurso que les ha quedado para buscar que su compañía cumpla los mandatos legales en riesgos profesionales.

En la convención colectiva de trabajo 2013-2014, estos trabajadores esperan que Carbones del Cerrejón Limited asuma su responsabilidad con pacientes de enfermedades pulmonares de tipo mortal, con lesiones óseas severas, auditivas, dermatológicas y con daños musculares que desde tempranas edades los inhabilitan para desarrollar su trabajo y mantener una vida de calidad. Por eso acompañaron a cada paso los esfuerzos de la Comisión Negociadora de Sintracarbón en procura de que la salud de los trabajadores, su situación actual y las decisiones en riesgos profesionales fuesen temas de primer orden en la negociación colectiva. La frustración que tienen los trabajadores de Cerrejón por la falta de voluntad de la empresa para un acuerdo en este campo es mayor para los enfermos, que tienen voz propia y son representados por sus compañeros en este proceso de negociación.

Quienes sufren enfermedades irreversibles saben que no podrán recuperar su salud, también que les será difícil obtener una pensión temprana acorde con el riesgo que corren, pero aspiran a que la sentencia del contencioso obligue a Carbones del Cerrejón Limited a asumir el pago de su mayor riesgo en el trabajo. Es un empeño por las generaciones de futuros mineros de Colombia, la mayoría de ellos guajiros que siguen soñando con que ese carbón hallado en su subsuelo sea fuente de bienestar para todo su departamento y para los colombianos, no solo una fuente de severas enfermedades y de aumento de su posibilidad de contraer cáncer por la pérdida de antioxidantes en su ADN, causada por la exposición a minerales dañinos.

Jelix Torres adquirió la compleja enfermedad de carácter pulmonar que en los últimos cinco años mató a sus compañeros Jorge Gil y Guillermo Moreno Murillo. La suya es una forma de silicosis derivada del tipo de polvillo de carbón que abunda en la mina, que lleva en su piel, en sus zapatos, pero sobre todo en los pulmones que perdieron flexibilidad para transportar el oxígeno que le da la vida, esta patología se incuba en el cuerpo del ser humano y solo se detecta después de 30 años de exposición, pues es asintomática. Sufre porque sabe que su vida se ha acortado y que el deterioro es irreversible. Sufre por las condiciones de vida que tendrá su familia. También por la suerte que van a correr otros seiscientos trabajadores a quienes ya se les detectó bronquitis crónica, enfermedad que precede la silicosis o la fibrosis pulmonar. Sufre porque sabe que puede haber otros miles que morirán sin diagnóstico ni tratamiento. Estos hombres están tan enfermos como los fumadores de cien cigarrillos diarios, sin embargo ni siquiera obtienen de su empleador y de su asegurador exámenes realizados con los métodos aprobados por la Sociedad Colombiana de Neumología.

En sus distintos estudios sobre los agentes cancerígenos, la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer y el Instituto Colombiano de Cancerología han obtenido pruebas incontrovertibles de que el sílice cristalino, del tipo existente en Cerrejón, es un agente cancerígeno del tipo I, pues hay “suficiente evidencia en humanos expuestos, de que el agente actúa a través de mecanismos relevantes de carcinogenicidad”. Por otra parte, un análisis entregado por la Universidad del Sinú, tras investigación con 200 individuos, demostró que las personas expuestas a la explotación de carbón sufren daños en su ADN, haciéndose más vulnerables a las distintas formas de cáncer.

En efecto, la investigación realizada por el Centro de Investigación Genética y Biología Molecular de la Universidad del Sinú sugiere que “la exposición ocupacional a residuos de minería de carbón está asociado con daño cromosomal, posiblemente incrementado el riesgo de cáncer”.
Esas declaraciones científicas serían suficientes para que la compañía y su aseguradora de riesgos profesionales reconocieran la enfermedad profesional y tomaran medidas para reducir la exposición de los trabajadores a los polvos minerales. También para que el Ministerio de Trabajo inspeccionara la operación y buscara corregir deficiencias. Sin embargo, Carbones del Cerrejón, en un acto de irresponsabilidad con la vida de sus colaboradores, sigue imponiendo turnos de trabajo de doce horas diarias, por cuatro días a la semana, en los que la inhalación constante de carbón aumenta el riesgo de los trabajadores, y rechaza la posibilidad de asumir sobrepagos en riesgos profesionales para que sus trabajadores se jubilen a edades más tempranas y reduzcan sus riesgos de morir por enfermedades silenciosas e irreversibles.

Para evitar asumir sus responsabilidades con la pérdida que sufren sus trabajadores, Carbones del Cerrejón Limited ha alegado ante autoridades médicas y judiciales la pérdida, en un incendio, de los exámenes de ingreso de los trabajadores y expone obstáculos para la realización de pruebas especializadas, como espirometrías. Sintracarbón ha aceptado asumir los costos de estos exámenes y hasta ha realizado biopsias de pulmón a los trabajadores enfermos. Estas pruebas, que no son exigidas por la ley, confirmaron la gravedad de los enfermos pero no fueron suficientes para que se reconociera su situación, muy a pesar de que la silicoantracosis se encuentra en la tabla de enfermedades profesionales reconocidas por el gobierno nacional.

Dado que la silicosis es una enfermedad propia de la minería de carbón, países como España han ordenado prohibirla a cielo abierto, para así garantizar la salud de las comunidades. En Colombia, esas comunidades son representadas por Sintracarbón y la Procuraduría, que claman por el mejoramiento de las protecciones de la emisión de polvos minerales.

En países con altos índices de control del Estado a las condiciones de salud pública, se mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones de la mina y el aislamiento de los mineros de los sitios afectados con la presencia del polvo, a fin de que se evite el daño. En Cerrejón las medidas de protección se limitan al riego permanente de las zonas de explotación y al cierre, con silicona, de los equipos conducidos por mineros, sumados al uso de mascarilla. Los trabajadores han recurrido a los gobiernos Nacional y Departamental para que hagan vigilancia permanente sobre el riesgo de las personas y zonas afectadas. Sobre ellos pesan, como fantasmas siempre presentes, las vidas de los tres compañeros muertos este año, el último, Darío Illidge, el pasado fin de semana.

Otra importante fuente de enfermedades de los trabajadores de Carbones del Cerrejón está indicada por factores ergonómicos asociados a las posiciones que deben adoptar para realizar su trabajo, a la manipulación de equipos vibradores que producen daños permanentes en los músculos de piernas y manos. Los efectos negativos de los movimientos para la explotación del mineral y para la operación de maquinaria con vibración u otras posibilidades de causar daño se combaten, según mandato legal, con programas de mejoramiento de los equipos y con las pausas activas. Estas labores según la norma internacional no se pueden realizar
en jornadas superiores a 8 horas diarias y los trabajadores del cerrejón realizan turnos de 12 horas más 7 horas de trasportes desde su sitio de residencia al sitio del trabajo, en hechos que se han denunciado ante los ministerios de Trabajo y Salud sin que existan respuestas satisfactorias con la realidad.

Aunque conoce el mandato legal sobre la protección a los trabajadores, Carbones del Cerrejón mantiene un servicio de transporte precario, que impone a los operarios viajar cuatro y cinco horas diarias en equipos diseñados solo para trayectos urbanos de diez a quince minutos. Más de diez trabajadores tienen diagnóstico de severas lesiones osteo-musculares. Sin embargo, la compañía apenas accedió en diez por ciento a las peticiones de la base de trabajadores para mejorar el sistema de transporte local.

Cerrejón conoce la ley y sabe bien que tiene obligaciones en materia de mejoramiento de las condiciones mejorables y de realizar y vigilar que se realicen las pausas activas que cuidan las condiciones de salud de los trabajadores. A pesar de ello, el trabajador José Riveras enfrentó duras jornadas de acoso laboral por solicitar que le permitieran realizar las pausas activas que es su derecho constitucional.

La vida de 700 trabajadores enfermos hoy y la de quienes relevarán a las actuales generaciones en la explotación minera de Cerrejón nos impone, entonces, buscar un acuerdo convencional o una decisión judicial que garanticen que esta compañía minera cumpla con sus responsabilidades en materia de protección al trabajador y al medio ambiente.

Mina Cerrejón, 12 de febrero de 2013
COMISIÓN NEGOCIADORA SINTRACARBÓN

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