{image}http://eldia.co/images/stories/250412/005.jpg{/image}Las comunidades indígenas y campesinas de Arauca llevan 17 días en un bloqueo de las vías de acceso a complejos petroleros en Saravena, obstaculizando la vía hacia el complejo de Cari Cari y detuvieron la construcción del proyecto Bicentenario en el municipio de Tame.
Eduardo Sogamoso, líder de las comunidades de Arauca, explicó que para las poblaciones que se están movilizando “el petróleo en Arauca ha traído dos resultados: ganancias económicas para las empresas trasnacionales y efectos negativos en la vida de los pobladores de esta región junto a los efectos producidos en el medio ambiente”.
La explotación de este mineral ha traído consigo una crisis humanitaria y social, debido a la alta militarización, la contratación armada y el paramilitarismo, que han ocasionado el desplazamiento de comunidades enteras y la posterior ocupación de sus territorios.
La USO ha llevó a cabo un paro de 24 horas en solidaridad con las comunidades. También evidenció la vulneración de los derechos de los trabajadores del complejo Caño Limón, donde sicarios han amenazado de muerte a trabajadores sindicalizados.
Sogamoso explica que los indígenas y campesinos reclaman el pago de la deuda social y mejores condiciones de vida resumido en cinco puntos: inversión en el plan de vida de las comunidades; que se respete los derechos humanos a la población; ambiente y territorio, mediante la construcción de equipos de investigación para estimar de manera técnica los daños que ha generado la extracción; inversiones en productividad, en el área agroindustrial, la creación del bando de maquinaria agrícola; y vías, para que puedan sacar los productos que están cosechando.
Ellos se han reunido con alcaldes y gobernadores exigiendo garantías en el derecho a la protesta y para que estos realicen las gestiones correspondientes ante el Gobierno y las multinacionales. En efecto, el 30 de abril habrá una reunión en Bogotá para iniciar el diálogo.
Por otro lado, Sogamoso denunció que la fuerza pública amenazó en varias ocasiones a los habitantes con judicializarlos sino dejaban la protesta.
