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Despido de madre cabeza de familia obliga a revisión sobre normatividad en el tema

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{image}http://eldia.co/images/stories/030712/002.jpg{/image}La CUT nacional envió una misiva al IDEP para solicitar la revisión del caso de la funcionaria María Leticia Vásquez Vásquez, quien fue despedida de esta entidad sin tener en cuenta su condición de mujer cabeza de familia.

En la carta, el presidente de la CUT, Domingo Tovar, y el Secretario General de la Central, Witney Chávez, le solicitaron al IDEP tener en cuenta la normatividad y las sentencias que protegen a la mujer cabeza de familia, antes de tomar una decisión frente a la estabilidad laboral de la funcionaria.

“El pasado 3 y 9 de mayo, fue ratificado por el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, el proyecto del ley 054 2010 Senado/ 170 2010 Cámara, el cual había sido devuelto por la Corte Constitucional por vicios de trámite (…) Allí se contempla una protección especial a los grupos de empleados públicos con mayor grado de vulnerabilidad, como son, entre otros, las mujeres cabeza de familia, discapacitados, empleados con enfermedades catastróficas”, dice la carta.

Por su parte, Nancy Martínez, directora del IDEP, para dar una respuesta, aclaró inicialmente que María Leticia Vásquez, sí era funcionaria del Instituto Distrital, salió porque estaba en provisionalidad y su cargo se entregó por concurso. No obstante, la misma funcionaria ya hizo la solicitud ante la CNSC para exigir su reintegro por su condición de madre cabeza de familia, con base en la protección vigente mediante acto legislativo.

En este caso están enfrentados dos derechos, dice Martínez, “el de la madre cabeza de familia y el derecho de un ciudadano que aplica a un concurso y se hace acreedor a un cargo. Recibimos la solicitud de la CUT y la revisamos. Es injusto que una persona que lleva 14 años se quede sin trabajo. Vamos a esperar el pronunciamiento de la Comisión porque es la Comisión la que da la orden”.

La solución del caso de María Leticia Vásquez es importante, porque sentará un precedente para resolver muchos más casos de madres de cabeza de familia que enfrentan conflictos similares en todo el país, pero también para prever la protección a los empleados públicos en situación de vulnerabilidad.

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