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El estado cada vez deja más solos a líderes sociales

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{image}http://imagen.eldia.co/cache/marchas/marcha-por-la-paz-y-la-memoria-9-de-abril-de-2013/img_8955_595.jpg{/image}El pasado 23 de abril el gobierno nacional en cabeza del vicepresidente  Angelino Garzón y el Ministro del Interior Fernando Carrillo ante el consejo de Derechos Humanos  de la ONU en Ginebra, Suiza ,  mostraron como una de sus banderas el “avance” del nuevo sistema de protección a líderes en situación de riesgo por violencia que está en cabeza de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que pretende salvaguardar la vida y la integridad física a sindicalistas, a reclamantes de tierras, campesinos, indígenas, personas del LGBTI, periodistas, entre otros.

Evidentemente lo que se vio en esta exposición internacional fueron una serie de engaños  que el gobierno  nacional viene implementando para convencer a la comunidad internacional que en Colombia  se implementan medidas de protección para los defensores de los derechos humanos pero “desde 2008 hasta la fecha hay 65 lideres de tierra asesinados y que nunca en la mayoría de los casos se les entregó la protección correspondiente debido a su labor de denuncia y de líder social reclamante” dijo Oscar Ávila, defensor de los derechos humanos de la Universidad Industrial de Santander.

En lo que va corrido del año han sido asesinados varios defensores de derechos humanos, hay que resaltar que hoy en Colombia hay que recurrir a los jueces y a los mecanismos de tutela para que se de protección efectiva y esto representa una burocracia casi que mortal ante la Unidad Nacional de Protección “tenemos información que desde hace tres meses se suspendieron algunas medidas de protección para defensores de derechos humanos en el nororiente del país y en el mejor de los casos serán restablecidas a finales de mayo, violentando de esta manera la ley porque estas medidas fueron aprobadas en concejos de Bogotá y el gobierno cuenta con el dinero suficiente para invertir pie de fuerza en la policía, el ejército,  para proteger la vida de congresistas, senadores, pero no tiene dinero `para salvaguardar la vida de los defensores de derechos humanos” concluyó Ávila.

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