Además de las estructuras de los oleoductos también se han afectado tres pozos petroleros. El más reciente atentado se realizó el 6 de mayo sobre las 7:30 de la noche en el área del Caldero, muy cerca al casco urbano del municipio, afectando las líneas del transporte de petróleo en la región. Por fortuna los últimos atentados no han cobrado la vida de ninguna persona, pero sí ha causado cuantiosos daños ambientales y económicos para los propietarios de los predios aledaños y de Ecopetrol.
Lo preocupante de estos hechos es que las autoridades no se han acercado a la región a analizar el tema de seguridad, por el contrario se ha visto un intento de fortalecimiento de la fuerza pública en el municipio pero es insuficiente para detener las acciones violentas.
Los rumores indican que los atentados que se están realizando en la zona están dirigidos a ejercer presión para que Ecopetrol pague una fuerte suma de dinero a un grupo armado ilegal (aun sin establecer) para que detenga sus ataques, pero “la política de seguridad de la Empresa Colombiana de Petróleos es clara en definir el no pago de extorsiones, pues se prefiere invertir esos recursos en el gasto militar” explicó William Díaz, comisionado de derechos humanos de la USO en Orito, Putumayo.
Por lo pronto a la zona viajará la comisión nacional de USO y Paz para analizar la situación y poder llevar algún tipo de acompañamiento nacional o internacional que proteja a la sociedad civil.
